PNV y PSE-EE dan un portazo a la oposición y no se investigarán más los contratos a las consultoras: “Euskadi, primera posición en transparencia”

Los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, han solventado este jueves con su mayoría absoluta a modo de trámite las exigencias de la oposición en pleno para denunciar las irregularidades en las decenas de contratos adjudicados en Euskadi a las consultoras sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) el pasado mes de mayo. Nacionalistas y socialistas, cuyas instituciones son las que más han sido señaladas por el dictamen de la CNMC, han rechazado en el Parlamento Vasco un texto que pedía “esclarecer la posible implicación por acción o por omisión” de la Administración en lo ocurrido mediante una “investigación independiente y externa” e incluso a actuar contra las consultoras.

La nacionalista Itxaso Berrojalbiz y la socialista Sonia Pérez, exconsejera del Gobierno de Urkullu, han sido las encargadas de rebajar el alcance del caso mientras EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y Vox han coincidido en remarcar la “gravedad” de la investigación de la CNMC. Este organismo regulador ha puesto de manifiesto que un puñado de compañías se repartieron dos centenares de licitaciones públicas -correos electrónicos incluidos- y que un centenar de ellos se concentran en Euskadi, donde se originaron las primeras denuncias. “Debates como el de hoy, mucho de fantasía y poco de realidad”, ha sentenciado Berrojalbiz, que ha tenido el último turno de palabra antes de una votación ganada de antemano. Y así ha querido zanjar el asunto: “Fantasean con investigaciones al Gobierno vasco. Mentir es más fácil que decir que en Euskadi las instituciones están comprometidas con la rigurosidad. El Gobierno vasco es el mejor del Estado. Euskadi, primera posición en transparencia”. No ha olvidado recordar que dos de los expedientes irregulares en Euskadi eran del Ayuntamiento de Donostia cuando gobernaba EH Bildu y que hay casos también en comunidades en las que gobierna el PP, así como contratos de consultoría en los ministerios de Podemos. Pérez, por su parte, ha limitado el alcance del caso a como mucho “negligencias o errores puntuales”.

Desde la oposición, Josu Estarrona (EH Bildu) ha sentenciado que la sociedad vive “engañada” por el mito de buena gestión del PNV y ha hablado del “clientelismo tan arraigado en estas latitudes”, con “redes” que están “muy instaladas”. De hecho, ha deslizado que los empresarios sancionados por la CNMC son conocidos de los representantes del PNV. Estarrona ha rechazado también el argumento de que no hay prácticas irregulares de la Administración porque los órganos internos de control no las detectaron. Ha dicho que el Tribunal de Cuentas lo preside un exdirigente del PNV como es José Luis Bilbao, que la Oficina de Control Económico la dirige un exdirigente del PNV de Álava, Javier Losa, y que la Autoridad Vasca de la Competencia tiene como director de investigación a un excandidato de ese partido y como vocal a otra afiliada. Ha esgrimido también una sentencia de cuando se originó esta investigación en 2017 en la cual las empresas alegaban que no eran responsables porque tenían la cobertura de las instituciones en las licitaciones irregulares.

Precisamente el portavoz de PP+Cs, Luis Gordillo, ha mencionado que otro caso de Competencia, el del fraude de los contratos de comedores escolares, acabó con las multas a las empresas reducidas porque la Administración creó las condiciones para que se produjera el cártel. “Vencerán, pero no convencerán”, ha retado Gordillo a PNV y PSE-EE, y ha señalado que “esto es un terremoto con epicentro aquí”. Ha lamentado que nacionalistas y socialistas no apuesten por llegar hasta el final y los ha dibujado como “abogados defensores” de las empresas sancionadas y no como garantes del interés público.

Según David Soto (Elkarrekin Podemos-IU), el Gobierno no barre la suciedad y la esconde debajo de la alfombra. “Estas consultoras manipularon durante al menos 10 años. Estábamos en una época de apretarnos el cinturón mientras un grupo de amigotes con filiaciones políticas concretas manipulaban contratos”, ha denunciado. Ha deslizado que lo descubierto es únicamente “la punta del iceberg”. Ha mencionado 765 contratos con las consultoras, valoradas en 189 millones, y ha recordado que si el sobrecoste de las irregularidades fuese de solamente el 5%, el perjuicio para la Administración sería millonario. Y ha concluido que “de manera preventiva” el Ejecutivo podría no hacer contratos directos con las empresas implicadas aunque para prohibirles por ley su participación en concursos haga falta que el expediente de la CNMC supere otros trámites.