El polémico juez Garrido no redactará la última resolución sobre medidas adoptadas por el Gobierno de Urkullu

El juez Luis Garrido no será el ponente en la que podría ser la última disputa judicial en Euskadi por las restricciones en vigor. El recurso interpuesto por LaLiga contra la decisión del Gobierno vasco de no ampliar ya al 100% el aforo en los estadios de fútbol lo analizará la sala de lo contencioso-administrativo que preside el magistrado, que se ha hecho conocido en la pandemia por haber tumbado una tras otra las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, y Garrido sigue formando parte de la terna que decidirá, pero la redacción de la argumentación correrá a cargo de la magistrada Trinidad Cuesta Campuzano, como ya quedó claro cuando este viernes se decidió rechazar las medidas “cautelarísimas” que pedía el organismo dirigido por Javier Tebas para que ya este fin de semana en San Mamés y otros estadios se regresara a la normalidad.

La pandemia ha dado un gran protagonismo al juez Garrido. Los servicios jurídicos del Gobierno vasco cuentan hasta seis varapalos judiciales contrarios en los últimos meses, a los que se suma la aceptación de un recurso de Vox contra el uso exclusivo del euskera en los ayuntamientos. El pasado otoño, la sala de lo contencioso-administrativo fijó como doctrina que no admitiría limitaciones de derechos constitucionales para evitar contagios al margen del estado de alarma y abocó a Urkullu a pedir un marco excepcional, lo que derivó en seis meses en toda España. Al terminar ese período, Garrido no permitió mantener medidas como el toque de queda el cierre perimetral autonómico por los mismos motivos. En medio, el momento álgido de la polémica fue cuando decidió reabrir los bares al considerar su clausura una medida excesiva aun en municipios en alerta roja por alta transmisión de la COVID-19. Ello llegó acompañado de una intervención en una tertulia radiofónica en la que cargó contra los epidemiólogos mientras difundía en su estado de WhasApp una canción de Van Morrison contra los confinamientos.

El último choque fue precisamente por un recurso anterior de LaLiga. Garrido dio trámite de audiencia a los representantes del Gobierno vasco para que pudieran justificar por qué querían mantener en el 30% el público máximo cuando el Gobierno central y el resto de comunidades habían acordado el 60%, el Ejecutivo de Urkullu presentó casi un millar de folios en alegaciones y, en apenas unas horas, su sala aceptó la petición en turno al fútbol atendiendo a todos los argumentos de índole económica de Tebas y su equipo. ¿Cambiará ahora el sentido de las resoluciones sin Garrido como ponente? Todos los autos por él redactados tenían la aquiescencia de los otros dos miembros del tribunal y nunca se ha conocido un voto particular discrepante.

En septiembre, cuando se conoció el último fallo sobre el fútbol, el propio Urkullu dijo que era necesario aplaudir el trabajo de “epidemiólogos, virólogos, médicos y expertos” que, en su opinión, “constantemente ven sus recomendaciones sanitarias desautorizadas por personas que han demostrado su menosprecio a la ciencia, incluso con declaraciones públicas, pero que tienen capacidad de decidir sobre las cuestiones que afectan a la salud de las personas”. Y el vicelehendakari, Josu Erkoreka, fue un paso más allá al subrayar que la sala de lo contencioso-administrativo “ha abrazado las posiciones más antiautonómicas” durante la pandemia.

En el Ejecutivo ha molestado especialmente el que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) no haya autorizado medidas idénticas o más livianas incluso que las de otras autonomías. Lo explicitó el lehendakari este viernes en el Parlamento Vasco: “El respeto y cumplimiento de las resoluciones judiciales es compatible en democracia con el ejercicio de una crítica razonada y fundada. La crítica del Gobierno vasco se fundamenta en dos argumentos. Primero, la aplicación de medidas idénticas ha obtenido resoluciones diametralmente opuestas en diferentes tribunales autonómicos. La lucha contra la pandemia en Euskadi se ha desarrollado con menos herramientas y más inseguridad jurídica que en otras comunidades. Y esta inseguridad, en medio de una pandemia, no tiene ningún sentido ni justificación. Y segundo, todas las decisiones que ha adoptado el Gobierno vasco se han basado en los dictámenes de una comisión científico-técnica que, alineada con las autoridades sanitarias, analiza a diario diez indicadores epidemiológicos y la evolución de la pandemia. El trabajo de científicos y epidemiólogos merece un respeto. Y su criterio experto de defensa de la salud pública debe tener un valor, también en el ámbito judicial. De hecho, lo ha tenido. Y no he conocido otra desautorización de su profesionalidad como la que se produjo en Euskadi”.

Asimismo, Urkullu recordó que todos los pronunciamientos del Superior han sido resoluciones cautelares y sentencias definitivas. “Estamos a la espera de sentencias meses después de una situación de pandemia grave. Estamos a la espera de sentencias”, repitió el lehendakari en respuesta a una pregunta de Carlos Iturgaiz (PP+Cs), que pidió autocrítica al Ejecutivo por haber perdido por sistema en los tribunales y por haber atacado a los jueces que no tienen “eusko label” y le dan la razón al PNV. Se refería a unas palabras del presidente del partido, Andoni Ortuzar, que deslizó que hay muchos magistrados de fuera y que no tienen “sensibilidad” de país.