Euskadi no se libra de la lupa judicial por corrupción

“Tenemos las manos limpias, nosotros tenemos las manos limpias. Mire, ¿sabe por qué tenemos las manos limpias? Primero, porque no encaja con nuestra cultura y nuestros valores políticos y sociales. Segundo, porque en Euskadi funciona la separación de poderes: el poder legislativo controla y el poder judicial es un poder independiente y no condicionado por el Gobierno”.

Ésta fue la respuesta que en 2014 ofreció el lehendakari y candidato del PNV a la reelección, Iñigo Urkullu, en un tenso debate en el Parlamento con Gorka Maneiro (UPyD) sobre la existencia o no de corrupción en Euskadi. Constituye, probablemente, la intervención más contundente de la legislatura. Llegan ahora las elecciones autonómicas y lo que es un problema capital en España apenas es la principal preocupación del 0,6% de los vascos, según el CIS. Pero, ¿es realmente Euskadi un oasis? ¿Es cierto que los “valores” vascos son otros?

Hace unos meses, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, manifestó su malestar porque considera que existe un deseo “insano” de asociar al PNV con la corrupción cuando el País Vasco no tiene ese problema y ni mucho menos su partido. La realidad, sin embargo, es que en los juzgados se acumula ya una pequeña colección de casos, aunque la opinión pública no haya encontrado en ellos un divertimento diario como ocurre con el ‘caso Pujol’ en Cataluña, el ‘caso Bárcenas’ en Madrid o los ERE en Andalucía.

Los nacionalistas, además, han atacado duramente a UPyD, EH Bildu o PP por tratar de vincularles con la corrupción o con prácticas de clientelismo y puertas giratorias. Incluso han aludido a que la Fiscalía, con el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre como uno de los miembros del ministerio público que más ha colocado la lupa en estos casos, se mueve por intereses oscuros cuando ha dado determinados pasos.

Comisiones “dentro de lo normal”

El gran sumario de corrupción en la comunidad autónoma es el ‘caso De Miguel’. Se trata de una macrocausa contra varios excargos del PNV, entre ellos el ‘número dos’ en Álava, Alfredo de Miguel, Txitxo, y otros dirigentes peneuvistas. Están acusados de haber cobrado comisiones ilegales a cambio de influencias y adjudicaciones de contratos y el juicio será próximamente tras más de un lustro de espera.

El partido siempre ha atribuido a conductas individuales lo descubierto en el sumario, aunque nunca ha valorado las grabaciones, por ejemplo, en las que se habla de las comisiones como algo “dentro de lo normal”.

Es más, portavoces cualificados del PNV, como el propio Ortuzar, se han permitido rebajar a calderilla el impacto del ‘caso De Miguel’ al aludir a que apenas tuvo un impacto económico de 200.000 euros, que es la cantidad que el Gobierno vasco (nacionalista) reclama a los imputados por contratos irregulares de la trama de De Miguel con el Ejecutivo. Sin embargo, la causa es mucha más amplia, va más allá de esas adjudicaciones gubernamentales, y se estima que las empresas pantalla de De Miguel recaudaron hasta 660.000 euros sólo en comisiones. Algunas de las operaciones, como la recalificación urbanística en Zambrana, estaban valoradas en 65 millones de euros.

Y el de De Miguel no es el único procedimiento abierto. Remontando la historia vasca se halla el caso del fraude con las licencias de máquinas tragaperras y, más recientemente, el desvío de 1,2 millones de las obras del museo del modisto Cristóbal Balenciaga. O los escándalos en la Hacienda de Bizkaia y de Irún, ambos sentenciados y contrastados.

Hay también investigaciones abiertas por la concesión de ayudas públicas por valor de 65 millones a los proyectos Hiriko y Epsilon, impulsados por el PNV. Y la construcción de la sede del PP en Bilbao aparece como sufragada con dinero negro en los papeles de Luis Bárcenas. A menor escala, la Fiscalía acaba de advertir en Álava del cúmulo de irregularidades detectadas en las contabilidades de las pequeñas juntas administrativas de los pueblos de Vitoria.

Se parte de la falsa creencia de que el salvaje urbanismo que vivió España en los años de la burbuja inmobiliaria no se ha producido por estas tierras. Y aunque sea a menor escala, el ‘boom’ también ha existido. Ciudades como Vitoria han vivido una expansión espectacular en las últimas décadas, con grandes promociones de suelo. Y en Euskadi, desde luego, se adjudican contratas de limpieza e infraestructuras como en el resto del país, dos de los focos más habituales de ‘mordidas’.

Sin fiscal anticorrupción

Una de las diferencias que sí existe es que no se ha creado una delegación de la Fiscalía anticorrupción. Según el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, una figura como ésa tendría un “efecto llamada” para los denunciantes. Lo propuso hace dos años, pero ni se ha dado ese paso ni se dará. La Fiscalía general no lo estima oportuno.

Calparsoro plantea como alternativa que, en cuanto se nombre un responsable de delitos económicos en Gipuzkoa, se pueda designar un “coordinador” de la materia entre los fiscales de las tres provincias vascas. Sería una salida intermedia que cree que dinamizaría el trabajo del ministerio público, que en todo caso en Bizkaia y en Álava ya está siendo muy beligerante con determinadas prácticas y ha llegado a denunciar falta de medios y de colaboración institucional contra la corrupción.

A nivel policial, la Ertzaintza cuenta con una pequeña unidad de delitos económicos. Sus informes han destapado la trama de comisiones en torno a De Miguel, por ejemplo, pero con el PNV en el Gobierno algunas voces han denunciado que sobrevuela sobre ella la duda del control político. Algunos jueces prefieren llamar a las Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil y Aduanas, en casos muy concretos, como ha ocurrido con las irregularidades en el polideportivo de Pinosolo de Leioa o con el reciente registro de la lonja de pescado del puerto de Pasaia.

Propuestas y reflexiones

En los programas electorales de cara a las autonómicas las reflexiones sobre este asunto son variadas. El PNV, por ejemplo, ni menciona la palabra “corrupción” en sus más de 200 folios, aunque sí apuesta por reforzar la transparencia y el buen Gobierno en el camino hacia una gestión ejemplar.

El PSE-EE, en cambio, cree que han florecido casos “al cobijo” del partido hegemónico durante varias décadas, en referencia directa al PNV. Y así lo ha plasmado en su programa electoral. Elkarrekin Podemos (Podemos, IU y Equo) coincide con los socialistas en dotar de más medios a la Ertzaintza y se aventura con crear un cuerpo de Policía judicial sin dependencia política.

El PP “defiende la tolerancia cero con la corrupción y el aprovechamiento de los cargos públicos” y apunta que “el País Vasco no se ha quedado al margen” aunque el PNV haya pretendido “silenciar” sus casos. “Nadie en Euskadi desconoce los casos de amiguismo”, abundan los ‘populares’. Ciudadanos aún no ha hecho público su programa.