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Ni recurso ni recusación: Euskadi no mantendrá la batalla contra el juez Garrido tras la reapertura de la hostelería

El lehendakari, Iñigo Urkullu, durante la rueda de prensa. EFE/Adrián Ruiz de Hierro

Iker Rioja Andueza

12 de febrero de 2021 21:30 h

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No habrá ni recurso ni recusación. El Gobierno vasco, por boca del propio lehendakari, Iñigo Urkullu, ha confirmado que no mantendrá la batalla judicial contra el juez Luis Garrido y el resto de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que en un auto rodeado de polémica decidió atender un recurso del sector y reabrir la hostelería al anular el sistema automático que cerraba bares y restaurantes cuando la tasa de incidencia de la COVID-19 entraba en alerta roja, más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Y eso que considera que el magistrado ha orillado que el riesgo de transmisión del coronavirus se acrecienta en espacios cerrados, con poca ventilación y donde hay momentos en los que no se usa la mascarilla y ha atacado a los epidemiólogos.

“Dado que sólo se puede presentar recurso ante la misma sala y los mismos magistrados, y que no existe la posibilidad de aportar nuevas pruebas, el recurso no tiene, a nuestro juicio, posibilidades de eficacia posible”, ha reconocido Urkullu, que no ha ocultado su malestar por los acontecimientos de los últimos días, que han incluido declaraciones previas y posteriores de Garrido críticas con la epidemiología. Según el lehendakari, Euskadi no vive una batalla de un togado contra un Gobierno, sino la de un juez “contra los criterios epidemiólogicos y los criterios de profesionales sanitarios”, la de un juez contra la “evidencia científica”.

Urkullu, airado, ha leído un informe elaborado por el Departamento de Salud en el que se estima que la situación epidemiológica de descenso de la incidencia en Euskadi “puede verse alterada por decisiones basadas en una interpretación 'naíf' de la pandemia”. “En ese sentido -ha proseguido el lehendakari- cabe recomendar la toma en consideración de la limitación de situaciones en las que se producen encuentros sociales sin utilización permanente de medidas de protección individual en ambientes y locales cerrados [...]. Cifras superiores a 500 [casos por cada 100.000 habitantes en 14 días] deben considerarse como de alto riesgo para las consecuencias en salud pública. Ignorar esta realidad sólo puede llevar a decisiones inexplicables desde el punto de vista de la valoración epidemiológica”.

Euskadi, en todo caso, se ha resignado a dejar la hostelería abierta incluso en zonas con alta transmisión comunitaria con medidas de control idénticas que en las áreas con menos casos. De hecho, la tercera actualización del plan general de respuesta a la pandemia -llamado 'Bizi Berri'- solamente menciona que, si hubiese un nuevo repunte en un futuro, se valorarían “restricciones adicionales” y no se habla ya de cierres generalizados, como ocurre con las sociedades gastronómicas o los recintos deportivos. Urkullu no ha querido pedir directamente a la ciudadanía que no acuda a los bares en estas circunstancias, pero sí ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, más en puertas de un fin de semana en el que tocaría Carnaval y al que se suma San Valentín.

El lehendakari niega debilidad en la argumentación jurídica

A preguntas de los periodistas, Urkullu ha rechazado que el varapalo judicial tenga más explicación que la conducta de Garrido y ha negado debilidad en la defensa jurídica realizada por el Gobierno ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. “Es como si en los exámenes dependiera de cuántas líneas escribes para que que pareciera que habíamos sabido responder mejor. Pero, si es por peso, el que las asociaciones hayan presentado 60 gráficos obvia que hemos presentado además de una memoria 500 folios”, ha justificado el lehendakari. Euskadi ya ha perdido en esta pandemia otras batallas jurídicas y se escuda en que las comunidades autónomas, incluso siendo autoridades delegadas en el segundo estado de alarma, no cuentan con todas las capacidades para adoptar decisiones. En esa estrategia se enmarca la carta enviada el miércoles, tras el fallo judicial, a La Moncloa. Urkullu le ha pedido a Pedro Sánchez ajustes en el estado de alarma, pero aún no ha tenido respuesta. En otras ocasiones, como cuando se solicitó adelantar el toque de queda a las 20.00, el resultado fue negativo.

En todo caso, Urkullu ha querido aclarar que no “estigmatiza” al sector de la hostelería. Ha recalcado, además, que de la mano del consejero de Turismo, Comercio y Consumo, el socialista Javier Hurtado, Euskadi es la comunidad autónoma que más ayudas económicas ha ofrecido a los sectores golpeados por la pandemia e incluso ha deslizado que se plantea aprobar nuevas medidas “complementarias”. Respondía sí a una pregunta en la que se planteaba la posibilidad de que la resolución judicial lleve a decenas de empresarios a reclamar indemnizaciones compensatorias por el tiempo en el que han estado cerrados de manera desproporcionada, según la tesis del Tribunal Superior de Justicia.

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