Extremadura descarta que los coordinadores contra el acoso escolar sean solo los educadores sociales

La Consejería de Educación no es partidaria de que la figura del futuro coordinador de bienestar y protección en los centros educativos, que comenzará a funcionar desde el curso 2022-2023 al amparo de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, sea desempeñada exclusivamente por educadores sociales, ya que no todos los centros tienen las mismas características ni el mismo funcionamiento.

El secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, ha comparecido en la Comisión de Educación de la Asamblea para responder a la pregunta que en este sentido le ha hecho el diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, quien quería conocer como va a desarrollar la Junta de Extremadura esta ley en la región y que entiende que los educadores sociales son los que tienen “la formación más adecuada” y cuyo perfil “mejor encaja” con las funciones que recoge la ley. Además, ha recordado que esta es una demanda que el Colegio de Educadores Sociales de Extremadura ha transmitido a todos los grupos parlamentarios.

Francisco Javier Amaya ha recordado que esta ley debería haber entrado en vigor el pasado 25 de diciembre, aunque desde el ministerio se acordó que su implantación fuera a partir del curso que viene y se creó una comisión con las comunidades autónomas para abordar las pautas que deben tener en cuenta las consejerías autonómicas para regular esta figura, que, entre otras cuestiones, se encargará de coordinar las acciones a llevar a cabo en casos de ciberacoso, aacoso sexual, suicidios y diferentes tipos de violencia que se puedan dar en los centros educativos.

El secretario general de Educación sí ha precisado que muchas de estas actuaciones y protocolos ya se recogen en Extremadura en el Plan de Convivencia Escolar y el Observatorio, con programas específicos, por lo que el trabajo debe centrarse ahora en “redefinir funciones y reorganizar perfiles”, con el objetivo de “evitar duplicidades” con la futura figura del coordinador y mejorar, por tanto su funcionamiento en la planificación, prevención, formación, detección e intervención de situaciones.

A su juicio, “con ser importante el perfil profesional, que lo es, más importante es que esa figura realice la función para la que ha sido creada”, ha asegurado Francisco Javier Amaya, que ha incidido en que la figura del coordinador “debe ser el punto de inflexión” para revisar documentos ya existentes como el citado Plan Regional de Convivencia, y ha añadido que puesto que el objetivo es dar importancia a una labor que ya desarrollan los centros, es imprescindible dar voz a la comunidad educativa de estos.

La comisión también ha desestimado, con los votos de la mayoría socialista, sendas propuestas de impulso de Ciudadanos y Partido Popular en las que se insta a la Junta a crear un mayor número de plazas en los centros de educación secundaria y Formación Profesional, que permitan desarrollar a cada profesional que ha de componer los equipos de orientación sus funciones específicamente definidas y reforzar las funciones que prestan los intérpretes de la lengua de signos (ILSE).