Alburquerque, el pueblo que obliga a sus trabajadores públicos a vivir de la caridad

Alburquerque (Badajoz, 5.300 habitantes) acogió hace casi 40 años el rodaje de una de las joyas del cine español, 'Los Santos Inocentes'. Hoy, en ese pueblo extremeño muy próximo a la frontera con Portugal hay quien ve muchas similitudes entre la historia de miseria y caciquismo que describe la novela de Miguel Delibes en la que se basa la película, y el origen de la penosa situación que atraviesa una localidad que “llegó a tener de todo” y que ahora tiene a casi 200 trabajadores del Ayuntamiento sin cobrar desde hace un año, una deuda de 15 millones de euros, que es el triple de su presupuesto anual, y unos servicios públicos casi desmantelados.

Las arcas municipales están prácticamente vacías debido a la cuestionable gestión del Ayuntamiento desde hace años. El poco dinero que entra queda embargado por sentencias judiciales. El Ministerio de Hacienda no obtiene respuesta a sus solicitudes de información y sus requerimientos por el incumplimiento del plan de ajuste municipal. Y mientras tanto, los principales paganos son los empleados públicos, en su mayoría personal laboral, los proveedores y los alburquerqueños, que incluso han llegado a organizar grupos de voluntarios para la limpieza y mantenimiento de calles y espacios públicos.

A pesar de no tener un sueldo a final de mes, los trabajadores del Ayuntamiento acuden a diario a su puesto pero no hay nada de lo que ocuparse. Otros no han podido soportar la presión y se han dado de baja. Lola Samino estuvo trabajando en una de la cuatro residencias municipales que tiene este pueblo pero desde junio se encuentra de baja por ansiedad y un cuadro de depresión. El Ayuntamiento le adeuda cinco nóminas, desde enero a mayo de este año. Después de pasar la peor parte de la pandemia “casi sin medios” en los centros sociosanitarios, todo fue empeorando. “Es caótico, el mobiliario se encuentra en unas condiciones pésimas, al igual que las cuestiones sanitarias y faltan alimentos y muchos productos”, asegura.

La residencia Virgen del Carmen ha tenido que cerrar sus puertas y la treintena de usuarios han sido trasladados a centros de otras localidades. El Ayuntamiento continúa contratando a personal y, al parecer, los trabajadores nuevos de las residencias son los únicos que, hasta ahora, están cobrando sus nóminas.

Lola vive con sus padres y no tiene cargas familiares, pero la situación de otros compañeros no tiene nada que ver. Hay administrativos, trabajadores del Patronato Municipal de Deportes, jardineros, basureros... que “comen y se mantienen” gracias al apoyo de familiares, amigos y de Cáritas “porque hay matrimonios con hijos que trabajan los dos en el Ayuntamiento”, subraya Juan Antonio García, el secretario de Acción Sindical en Extremadura de USO, la persona que se ha mostrado más beligerante con la situación que atraviesan los ciudadanos de Alburquerque. Se involucró de lleno en esta crisis cuando en enero un compañero de la Policía Local inició una huelga de hambre para “visibilizar” los continuos retrasos e impagos. Ese compañero acabó solicitando una comisión de servicio y se encuentra en Badajoz y el jefe del cuerpo se jubiló hace unos días.

El sindicato ha organizado una recogida de juguetes y alimentos para repartir entre las familias afectadas por los impagos y los empleados del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) enviaron el pasado viernes siete toneladas de alimentos no perecederos, de higiene personal, productos para bebés y personas celíacas. A la iniciativa se han sumado también las casas de Extremadura en Fuenlabrada y Getafe, además de alguna firma comercial. 

La falta de dinero y de medios se nota en la calle. García describe que “las paredes del cementerio se caen, la piscina climatizada está cerrada, las tiendas no fían a las residencias de mayores, hay cortes de agua y de luz en el Ayuntamiento, y hay personas del pueblo que se han organizado para barrer, desbrozar o arreglar baches con hormigón”.

El Ayuntamiento, una oficina de empleo

Sin embargo, a las concentraciones en la plaza de Alburquerque para denunciar y protestar por los impagos a los trabajadores “apenas iban seis personas”, aunque el número fue aumentando muy poco a poco. ¿El motivo? “El caciquismo y el miedo al señorito como en 'Los Santos Inocentes' porque para aguantar tanto hay que tener mucho miedo”, advierte el representante de USO, y es algo en lo que coinciden Lola Samino, Agustín Fuentes, portavoz del grupo de afectados y trabajador de la radio municipal, y Francisco Toro, representante sindical de administración local del CSIF.

Según este sindicato, el Consistorio firmó en todo 2016 alrededor de 900 contratos y siempre coincidiendo con la cercanía de las elecciones se convertía en una oficina de empleo. Alburquerque ha llegado a tener más de 300 empleados municipales al mismo tiempo, pero las subvenciones de los planes de empleo se usaban para tapar otros agujeros. Por eso, aunque cree que el “silencio del pueblo es muy llamativo”, también insiste en que hay intereses y cierta complicidad.

En el pueblo recuerdan las colas para pedir un puesto de trabajo al anterior alcalde, Ángel Vadillo, que, a pesar de la situación financiera del Ayuntamiento, trabaja desde este año como asesor de la actual regidora, María Luisa Murillo. En Alburquerque consideran que es el verdadero alcalde. De hecho, las primeras palabras de Murillo tras ganar las elecciones de 2019 -mayoría absoluta con 9 de 13 concejales- fueron para aclarar que el alcalde era Vadillo “aunque yo haya sido la candidata”.

Vadillo llegó a la alcaldía en 1995 bajo las siglas de Organización del Pueblo Obrero (ORPO) y con la que volvió a ganar las elecciones cuatro años después. Entre 2003 y 2011 lideró las listas del PSOE, que lo expulsó cuando fue condenado en 2012 por obstrucción a la justicia y amenazas, tras advertir a una vecina que había recurrido la construcción de un edificio que, si no se lo retiraba, desvelaría con quién mantenía relaciones sexuales. Así que en 2015 lideró otra vez la lista de ORPO porque se suspendió la ejecución de la sentencia al solicitar el indulto y volvió a conseguir mayoría absoluta.

El indultó del Gobierno llegó en 2019 y ese año encabezó la lista del PSOE otra vez, pero el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Badajoz sentenció, a raíz de un recurso del PP, que Vadillo se encontraba inhabilitado para el derecho de sufragio pasivo a pesar del perdón del Gobierno, por lo que Murillo acabó convertida en alcaldesa.

El espejo de Marbella

El PSOE expulsó a Murillo en marzo “tras conocer la situación de la localidad por los medios de comunicación” y todos los concejales del partido menos uno abandonaron el PSOE. De los 13 ediles que conforman la Corporación municipal solo hay 9: cinco en la oposición (4 del partido local IPAL y 1 del PSOE) y cuatro en el equipo de gobierno, que cuenta con el voto de calidad de la alcaldesa, lo que les permite seguir “atrincherados y tener la democracia secuestrada”. La voces de dimisión se multiplican dentro y fuera del Alburquerque. Pero hay quien va más allá y ya se mira en el espejo de Marbella, el único Ayuntamiento disuelto por el Gobierno en una decisión sin precedentes y del que se tuvo que hacer cargo una gestora. El PP lo ha pedido en el Congreso y en la Asamblea de Extremadura.

La Junta alude que la tutela de los entes locales extremeños corresponde a la Administración General del Estado, que dispone de los “mecanismos de intervención recogidos en leyes como la Reguladora de las Bases del Régimen Local y la de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”. De hecho, recuerda que el Ministerio de Hacienda “está desplegando una tutela financiera sobre el municipio que, en caso de reincidencia en los incumplimientos, puede llevar a la adopción de las medidas contempladas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para restringir progresivamente su autonomía financiera y, si se llega a una situación límite, de la disolución de la corporación local”, aunque aclara que se trata de un trámite “extraordinario”.

La Consejería de Hacienda defiende su gestión en la situación del Alburquerque y asegura que los servicios públicos autonómicos “se han reforzado para minimizar los efectos de la grave situación financiera, se ha aplazado el pago de las deudas con la Hacienda regional y se han agilizado los pagos desde la tesorería regional”. Por su parte, la Diputación de Badajoz prefiere guardar silencio porque, según dice, son actuaciones que se llevan con “total discreción”.

Mientras la situación se eterniza para los trabajadores, los ojos estarán este lunes en el pleno municipal extraordinario exigido por la oposición para quitar el sueldo a la alcaldesa y eliminar el puesto de asesor. Si no toma posesión algún otro concejal que se una al bando de María Luisa Murillo, como sucedió en el último pleno, los asuntos saldrán adelante. Si la alcaldesa agota la lista de integrantes del PSOE con la que concurrió a las elecciones sin conseguir más apoyos, la oposición al completo presentaría su dimisión. De esta forma, como el equipo de gobierno no llegaría a sumar más de la mitad de los concejales, se disolvería la corporación. Es la única esperanza de un pueblo que se siente “completamente abandonado”, resume Lola.