La factura impagada y “a la baja” de la marea negra del Prestige

La polémica sentencia sobre el Prestige no encontró responsabilidad penal ninguna en los tres acusados por delitos contra el medio ambiente y daños en espacios naturales protegidos. De este modo, los acusados se libran de la condena, pero hay otra conclusión: los damnificados de una de las mayores catástrofes ambientales de la historia no serán indemnizados por los daños y perjuicios sufridos. Según el dictamen del tribunal, no se le puede exigir responsabilidad civil a nadie.

Y no es poca la factura. El fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, había señalado que el importe que ahora queda sin pagar ascendía a los 4.328 millones de euros al Estado, de los que casi 2.500 correspondían a Galicia, 86 millones a Francia y 1,2 a la Xunta. La cifra surge del peritaje realizado por la profesora de área de Fundamentos de Análisis Económicos de la Universidade de Santiago, María Loureiro, a quien la Fiscalía le encargó este informe pericial que cuantifica los daños “a medio plazo”.

La perito explica ahora a este medio de dónde surgen estas cantidades que valoran los daños ocasionados por la catástrofe y que la resolución judicial deja sin pagar, así como los gastos ocasionados para combatir el impacto de la marea negra. La propia sentencia certifica que el Prestige le hizo gastar al Estado 368 millones de euros, 145 millones a la Xunta y 67 a Francia, además de otros “ingentes daños y perjuicios” a empresas y particulares. No obstante, tan solo se hizo referencia a los 22,7 millones de fianza que la aseguradora del petrolero depositó en 2002 en el juzgado de Corcubión. Será la Audiencia Provincial quien decida sobre el futuro de esta ridícula cantidad, que podría ser devuelta a la aseguradora o repartida para indemnizaciones. El dictamen puede ser recurrido al Supremo, lo que supone el único hilo de esperanza para los afectados, aunque el complejo sistema de compensaciones internacional hace ya imposible recuperar todo ese dinero que, como explica la profesora de la USC, es una estimación “a la baja”.

“Es una estimación hecha a la baja y a medio plazo porque hubo conceptos que no pudimos valorar, al no tener datos completos, y porque el estudio se detiene en 2006 para aislarlo de otros posibles fenómenos de relación causa-efecto con determinadas pérdidas”, explica María Loureiro, que pone como ejemplo los daños en el sector pesquero y la posible relación con la grave ola de incendios de 2006 y cuyas cenizas también afectaron a recursos marisqueros. “Decidimos parar ahí, pero eso no significa que los ecosistemas estén totalmente recuperados”, explica. Además, también da cuenta de otros aspectos que no se llegaron a cuantificar, como “el esfuerzo y el empujón que tuvieron que dar empresarios para vovler a comercializar pescados y mariscos gallegos en los restaurantes de primera línea” o “el impacto en la salud de los voluntarios a medio plazo”.

Pero aun así, el peritaje abarcó varios ámbitos a través de un método basado en el empleado tras la catástrofe del Exxon Valdez, pero “mejorándolo, completándolo y añadiéndole las especificidades sociales y culturales” del caso del Prestige. Una de las valoraciones es la de los ecosistemas perdidos, lo que se comprueba a través de los datos de los mercados, “comparando la situación inicial antes de la marea negra y contrastando estas variables a lo largo del tiempo hasta 2006”. Como ejemplo, la pesca extraída o el número de visitantes a las zonas afectadas, para luego comprobar si este descenso se debe al impacto del petrolero en la costa gallega.

También se cuantifican –por primera vez en un peritaje de este tipo en nuestro ámbito– el daño moral, ese “intangible” que también se peritó en el caso del accidente del Exxon Valdez y que se basa en preguntas a más de un millar de personas en el Estado a las que se les cuestiona “cuánto estarían dispuestas a pagar por no tener otro Prestige”. Además, también se cuantifican “los daños comerciales interrelacionados”, que no son más que los datos de las denominadas “pérdidas correlacionadas o enlazadas” y que muchas veces no se tienen en cuenta. María Loureiro pone un ejemplo: “Si una pescadería no vende pescado, tampoco necesita hielo y si no necesita hielo, el que lo transporta tampoco lo va a repartir”. Y así en cientos de casos más. En definitiva, daños y perjuicios económicos mucho mayores de lo que se puede pensar. Casi 4.500 millones de euros, que podrían ser muchos más y que ahora se quedan en nada. Quien contamina, en este caso, no paga.

La profesora de la USC evita calificar la sentencia, pero sí hace alguna reflexión. “Lo único que puedo decir es que la valoración de la Fiscalía y el estudio nos permiten comprobar la gran diferencia entre el daño económico del Prestige y el máximo que podríamos conseguir en la fase de reclamaciones. Si la sentencia fuera condenatoria, sabemos que una aseguradora podría pagar un máximo de 1.000 millones. Es el máximo que las entidades externas podrían pagar por el daño”, destaca.

“Todos los sistemas de compensación que están vigentes hoy en día menosprecian de forma muy considerable el daño económico total ocasionado. Y esto es muy importante para lo de hoy y para el futuro. O se cambian los fondos internacionales de compensación y se aumentan los límites, o vamos a afrontar nuevas situaciones en las que los daños económicos y sociales son cuatro veces más de lo que las instituciones externas al Estado pueden pagar”, aclara Loureiro respecto a la legislación actual en este ámbito.

Por todo ello, la perito llega a una conclusión: “La sociedad española está un poco desprotegida en este ámbito. Si acontece cualquier accidente que provoque un daño mayor a 1.000 millones, no puede ser indemnizada por más que el máximo que marca el FIDAC actualmente”. “Esta cantidad, en el caso de algunas catástrofes, no supone nada”, insiste, tras advertir de que “es bien posible” que si mañana ocurre otro Prestige, con las mismas características y afectación, “tendremos el problema de que los sistemas de compensación no cubrirán los daños”. Y todo eso si la sentencia hubiera sido condenatoria. Como no lo ha sido, la factura de los 4.328 millones quedará sin pagar. Ni 1.000 millones, ni nada de nada.