La banca portuguesa vende la ruinosa planta de Pescanova que Feijóo exigió instalar en un área protegida gallega
Domingo, 22 de febrero de 2009. Falta una semana para las elecciones gallegas y las últimas encuestas de la campaña dibujan un escenario ajustado para la trascendental cita electoral del 1 de marzo. En las páginas de opinión del diario La Voz de Galicia el presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, firma un artículo con el formato de carta abierta. Lo titula No se puede esperar más y manifiesta que en Galicia “es necesario un cambio urgente” para eliminar “atascos en barreras ideológicas, idiomáticas o geográficas”. El texto forma parte de la ofensiva del empresario contra el Gobierno de PSdeG y BNG, que a mediados de 2006 había revocado la autorización que le había otorgado en 2005 el gabinete de Manuel Fraga en funciones para instalar una piscifactoría de rodaballos en el espacio protegido de cabo Touriñán, protegido por la red Natura.
En aquellas vísperas electorales Pescanova estaba anunciando la inminente inauguración de una factoría semejante en Mira, una localidad costera portuguesa a apenas 100 kilómetros de Oporto. El acto oficial no se celebró finalmente hasta junio, pero antes de los comicios la multinacional había organizado una visita de la prensa gallega para profundizar en la idea fuerza que transmitía desde hacía meses y que el PPdeG y su candidato a la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, contribuían a amplificar: Pescanova había tenido que “deslocalizarse” por culpa del bipartito y estaba generando en Portugal cientos de puestos de trabajo que había perdido Galicia. Apenas cuatro años después la macroplanta de Mira se convirtió en uno de los principales lastres de la ruina de la empresa, un proceso que en el caso de esta piscifactoría acaba de culminar en su venta por parte de tres de los cuatro bancos portugueses que habían financiado su puesta en marcha, también subvencionada por el Gobierno de Portugal de la época, el del después encarcelado José Sócrates.
El Grupo Nueva Pescanova confirmaba esta semana en un comunicado la pérdida de Acuinova-Mira, la empresa del grupo a través de la que operaba en la que nació como mayor factoría de rodaballo del mundo y a la que en los últimos meses intentó “salvar”. Acuinova estaba desde comienzos de año en un Processo Especial de Revitalização de Empresas (PER), una figura de la legislación portuguesa semejante a la ley concursal abordada desde un juzgado de Coímbra en cuya documentación figuran las abultadas cantidades que la empresa adeuda a sus acreedores, más de 165 millones de euros de los que unos 94 corresponden a las tres entidades que acaban de ejecutar la venta. Son, concretamente, 31,63 millones de Novo Banco -antiguo Banco Espírito Santo-, 31,43 millones de la Caixa Geral y una de sus filiales y otros 3,2 millones con el Millenium BCP. A estas cantidades se añaden además 31,09 millones del Banco Portugués de Inversión (BPI), que no ha formado parte de esta operación.
Batalla política por una autorización ilegal
La nueva propietaria de la piscifactoría de Mira es una empresa de nueva creación, Ondas e Versos, nacida en Lisboa el pasado febrero con un capital social de 500 euros. Es el paradójico destino de una factoría que emplea a 127 personas -De Sousa auguraba “más de 200 empleos directos y 600 indirectos”- y de la que ya han salido decenas de empleados que, como acreditan los documentos del PER, todavía esperan para cobrar por conceptos como indemnizaciones por despido o pagadas extra retrasadas. Todos ellos se vieron afectados desde el inicio de la actividad por los errores de construcción que Pescanova se jactaba de haber culminado en “tiempo récord”, defectos estructurales que llegaron a provocar la muerte de buena parte de los peces que la compañía estaba criando.
Este fracaso empresarial, una pieza más del rompecabezas de mala gestión, cuentas falsas, deudas maquilladas e incluso paraísos fiscales que acompañó a la quiebra de 2013 y en el que todavía indaga la Audiencia Nacional, representa un panorama absolutamente opuesto al que el empresario, pero también el PP gallego, auguraban para los sector acuícola de Galicia si el Gobierno de socialistas y nacionalistas no hubiese la instalación de la factoría en plena Red Natura. No en vano, cuando en enero de 2007 De Sousa ya anunciaba que había cambiado Touriñán por Mira, Alberto Núñez Feijóo aprovechaba una visita a la sede de la compañía en Chapela, cerca de Vigo, para lanzar un mensaje a Emilio Pérez Touriño (PSdeG) y Anxo Quintana (BNG). El presidente y el vicepresidente, clamaba el líder conservador, tendrían que “reflexionar” y dejar de provocar “dificultades” para que Fernández de Sousa “ejerciera sus derechos constitucionales”. “La ecología empieza por las personas” y la Xunta, reiteraba, debería “rectificar”, “aceptar, facilitar y permitir” la piscifactoría en Touriñán y acto seguido, “pedir disculpas a los habitantes de la Costa da Morte” por provocar la “fuga de Pescanova”.
Las apelaciones de Feijóo no cesaron en sus años de oposición. Tampoco en la campaña de 2009 ni en su retorno al poder en ese año, toda vez que ya como presidente reiteró su interés en facilitar la instalación de Pescanova en Touriñán, que nunca llegó a producirse ni siquiera con la política de puertas abiertas a las piscifactorías en Red Natura que consagró el plan acuícola de 2012. En este tiempo Feijóo reiteró también que las autorizaciones que él mismo había avalado como vicepresidente de Fraga y conselleiro de Política Territorial en funciones habían sido plenamente “legales”.
Ese pleno “cumplimiento de las leyes” fue defendido por Feijóo hasta que, en febrero de 2015, el Tribunal Supremo dejó claro que esa legalidad no había existido. La planta autorizada en 2005 “en modo alguno era conforme a la legalidad” y había seguido un proceso de aprobación “irregular”, señaló la sentencia. Lo que sí había sido “legal”, por el contrario, había sido la nulidad aprobada por el bipartito. Ese fallo judicial, sobre el que Feijóo eludió responder en marzo de ese año, implicó para las arcas públicas gallegas el pago de un millón de euros a Pescanova, que con nuevos gestores al frente intenta ahora emprender un nuevo rumbo. Fernández de Sousa, por su parte, está a la espera de juicio por sus presuntos fraudes.
