El 'rey de las orquestas' condenado a dos años y tres meses por fraude fiscal

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a Ángel Martínez Pérez, “Lito”, conocido como 'el rey de las orquestas en Galicia', a dos años y tres meses de cárcel por no declarar 326.374 euros correspondientes al IVA de los años 2011 y 2012, cuando la compañía que presidía tuvo unos ingresos de más de 2,5 millones. Este empresario que representaba a orquestas y artistas por Galicia también ha sido condenado al pago de una multa de 340.000 euros. Además, el tribunal le ha impuesto la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a disfrutar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante seis años.

“Lito” llegó a tener en su cartera de representación hasta 80 orquestas y su teléfono era imprescindible cada vez que un alcalde quería lucir sus fiestas patronales con las deseadas París de Noia o la Orquesta Panorama, las dos grandes de la escena gallega de las verbenas. La última sentencia se limita a los impuestos que se quedaron entre bambalinas solo en dos años, 2011 y 2012, pero resume un modus operandi de un intermediario que acostumbraba a pagar a sus músicos en sobres cuando las luces de la fiesta ya estaban apagadas y los camiones empezaban a recoger con destino a la celebración de la noche siguiente.

El conocido empresario ha sido sentenciado como autor de dos delitos de defraudación tributaria, si bien cuenta con atenuante de dilaciones indebidas. La Audiencia también ha condenado a la empresa que presidía el investigado, Representaciones Lito, como autora de dos delitos de defraudación tributaria, con la atenuante de dilaciones indebidas, al pago de una multa de 340.000 euros y a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas. Paralelamente, los magistrados también han impuesto al condenado y a su empresa el abono de una indemnización a la Agencia Tributaria de otros 326.374 euros.

Durante el juicio, la defensa de “Lito” alegó que el acusado contaba con una patología neurológica degenerativa, pero la vista se celebró tras un informe forense. El empresario se acogió a su derecho a no declarar.

La condena habría sido mucho mayor de no haber prosperado la queja de la defensa contra los agentes de la Agencia Tributaria que obtuvieron en el despacho del empresario pruebas sobre delitos relativos al impuesto de la renta. Según concluyen los magistrados, los agentes que recogieron la documentación no estaban autorizados para hacerse con esos soportes documentales, por lo que las pruebas quedaron anuladas durante el proceso.

La Audiencia Provincial ya había condenado a Ángel Martínez a 12 años de prisión por los mismos hechos, pero el Supremo anuló posteriormente la sentencia y obligó a repetir el juicio al entender que la empresa debía tener su propia representación legal en el proceso, que hasta entonces coincidía con la del acusado. El fallo actual no es firme y podrá ser recurrido de nuevo ante el Tribunal Supremo.