El colectivo LGTBI en Brasil planta cara a la homofobia de su Ejecutivo y cosecha triunfos clave
Todo está en contra del colectivo LGTBI en Brasil, pero aún así pueden celebrar triunfos. Y cada vez más. Con la extrema derecha en el poder haciendo y, sobre todo, deshaciendo, y el extremismo religioso campando a sus anchas por toda la geografía nacional, el ejemplo brasileño puede servir de referencia para otros países.
En los últimos meses se ha aparcado el pesimismo con el que se enfrentaba la era Bolsonaro. Con el Ejecutivo y el Legislativo en su contra, ha tenido que surgir el Poder Judicial para defender sus derechos fundamentales. La Cámara de Diputados y el Senado, con la pujanza de la bancada evangélica, han ignorado y cultivado la discriminación hacia las personas LGTBI. Tanto ha sido así que el Tribunal Supremo ha decidido actuar por cuenta propia y equiparar los delitos de homofobia y transfobia al de racismo hasta que el Congreso legisle a este respecto.
Semejante avance le ha resultado inapropiado al presidente Jair Bolsonaro, siempre con el colectivo LGTBI en el punto de mira. “Con todo respeto, es una decisión completamente equivocada. El Supremo, además de estar legislando, acrecienta la lucha de clases”, comentó el presidente en un desayuno con periodistas el pasado 14 de junio. Bolsonaro sugirió, incluso, que la medida perjudicaba al propio colectivo LGTBI: “Si el dueño de una empresa va a contratarles, se lo va a pensar dos veces, porque si hace alguna broma puede ser llevado ante la Justicia”.
La providencia del Supremo es una victoria de las asociaciones que desde hace años llevan intentando sacar acciones adelante en la cargada agenda de los magistrados, y ha soliviantado también, como era de esperar, a la clase política evangélica. El pastor Marco Feliciano, diputado federal y uno de los más radicales activistas contra el colectivo LGTBI, considera la decisión un ataque contra la libertad religiosa.
“Preparen las celdas, porque los verdaderos pregoneros del evangelio no temen la ira de los hombres. Cuando pregonan la palabra de Dios, están bajo autoridad divina. Si tenemos que ser presos, seremos presos”, declaró el clérigo, para quien atacar a los homosexuales desde su púlpito o desde su escaño ha sido algo rutinario. “Las diferencias son intrínsecas al ser humano. El hombre va siempre a proteger y la mujer va siempre a amamantar. Pregunten si el hombre puede jugar a amamantar con su cuerpo natural”, añadió.
Avances a contracorriente
La Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro recibió hace unas semanas una de esas noticias que vuelven a irritar al poder político evangélico y a la extrema derecha dominante. Lana de Holanda, asesora parlamentaria de la diputada estatal Mônica Francisco (PSOL), y exasesora de la concejala Marielle Franco –asesinada en marzo de 2018– se convertía en la primera trabajadora de la Cámara estatal transexual que posee una acreditación que reconoce su cambio de nombre. “El nombre es algo tan básico para cualquier ser humano, ¿no?”, decía Lana, que espera que este detalle solo sea el principio de muchos. “Hay un preconcepto que es muy simbólico: no ves a otras personas como tú trabajando aquí”, añadía.
Desde que el Supremo –otra vez el Supremo– decidió que los cambios de nombre y sexo podrían realizarse directamente en cualquier oficina del registro civil, sin necesidad de acción judicial ni cirugía, la agenda de la Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro está sobrecargada de peticiones de asesoramiento. “Antes, como era necesaria la intervención del equipo técnico (psicóloga y asistente social), atendíamos a cinco personas por semana en esta pauta de recalificación civil”, señala Letícia de Oliveira Furtado, coordinadora del Núcleo de Defensa de la Diversidad Sexual y Derechos Homoafectivos. “Ahora atendemos a seis por día, de media”, apunta.
A esta lista de progresos se suma uno de los últimos movimientos de la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía del Senado, que con la aprobación del proyecto de ley 191/2017 extiende los efectos de la Ley Maria da Penha –la ley brasileña de violencia de género– a las mujeres transgénero y transexuales. Que esto haya partido de la Cámara Alta, con su actual composición, es casi un milagro, aunque “sería apenas una forma de dejarlo explícito”, recalca Letícia de Oliveira Furtado. Desde la Defensoría siempre se han basado en este precepto, “porque la ley usa el término género, la ley no habla de defensa de la mujer por el sexo biológico”.
El último triunfo, la marcha del Orgullo en São Paulo
La más reciente de todas las buenas noticias para el colectivo LGTBI en Brasil es que la Marcha del Orgullo de São Paulo ha vuelto a superarse, con tres millones de asistentes según los organizadores. No faltaron, se daba casi por hecho, las críticas al presidente Bolsonaro, llegadas incluso desde el alcalde de São Paulo, Bruno Covas (PSDB, partido de centroderecha). Como contraposición, el líder de ultraderecha participó en esa misma ciudad y en ese mismo día en la Marcha Evangélica para Jesús. El alcalde paulistano alardeó de estar al frente de una ciudad que “celebra la diversidad” y que luchará por ser “referencia mundial en términos de Derechos Humanos”.
Otra de las figuras políticas que participó en el multitudinario desfile que recorrió la Avenida Paulista fue David Miranda (PSOL), el diputado federal que sustituyó a su compañero Jean Wyllys cuando este abandonó su escaño y se exilió por amenazas de muerte. “Es imprescindible mostrar que somos la resistencia”, declaró Miranda a UOL durante el evento, frente a este “presidente abiertamente homófobo”. Miranda reemplazó a Wyllys, también, como única persona homosexual en la Cámara de Diputados.
