Cuatro víctimas y diez lugares en La Rioja donde se han cometido abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica
En La Rioja hay cuatro víctimas identificadas de abusos sexuales en el seno de la iglesia católica. Así lo recoge el informe que ha redactado el Defensor del Pueblo tras la petición del Congreso de los Diputados en marzo de 2022.
Estos cuatro casos son los que han sido comunicados por la Diócesis de Calahora y La Calzada-Logroño. Las víctimas tres hombres y una mujer y dos de las cuatro víctimas identificadas eran menores de edad en el momento de los abusos. Estos datos incluyen los casos del periódico El País, que desarrolló una investigación pionera que ha desembocado en este informe.
Este informe también repasa el número de agresores por diócesis. En La Rioja, según datos comunicados por la diócesis que recoge este informe, son dos y ambos sacerdotes. Además, se puntualiza que uno de los agresores cometió abusos sexuales entre entre 1970 y 1988.
Los abusos sexuales se produjeron en diez localizaciones diferentes de La Rioja. Así, se señala la casa parroquial de El Rasillo de Cameros, el Centro de Ejercicios Espirituales de Logroño, los colegios Escolapias Sotillo, Maristas San José, Rey Pastor de Logroño, el Colegio Salesiano y el Colegio Salvatoriano, todos de Logroño, la Parroquia San Ignocio de Loyola de Logroño, un domicilio particular también de Logroño y un último caso sin localización identificada.
De estos, la Diócesis solo ha remitido los casos ocurridos en El Rasillo de Cameros, en el Colegio Escolapias Sotillo y el caso del domicilio sin identificar. El resto se han obtenido a partir de los testimonios recabados por el Defensor del Pueblo y con las investigaciones de El País.
El listado de localizaciones incluye todos los casos reportados, sin descartar ninguna alegación, siendo indiferente si estaban comunicados o no a la justicia civil o canónica, o si estaban prescritos, archivados o resueltos.
Caso Gaztelueta
El informe dedica un apartado especial al Caso Gaztelueta, que aunque no se produjo en La Rioja la víctima es un vecino de Haro que sufrió abusos sexuales por un exprofesor del colegio Gaztelueta de Leio entre 2008 y 2009, cuando la víctima tenía 12 años.
Este caso fue conocido tanto por la justicia civil como por la canónica. En sede civil, la Audiencia Provincial de Bizkaia condenó al exprofesor a una pena de 11 años de prisión, que posteriormente fue rebajada a dos años por el Tribunal Supremo24. La investigación eclesiástica, por el contrario, decidió archivar la denuncia en 2015. Sin embargo, en 2022, el Papa Francisco ordenó reabrirlo, a fin de que la justicia eclesiástica realice una nueva investigación después de conversar con la propia víctima en un documental de televisión.
El Defensor del Pueblo pide un fondo estatal para indemnizar a las víctimas
El informe sobre los abusos sexuales en la Iglesia Católica, bajo el título ‘Una respuesta necesaria’ ha sido entregado este viernes por el Defenso del Pueblo, Ángel Gabilondo, a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. A lo largo de 777 páginas en las que se recogen los testimonios de 487 víctimas y los resultados de una encuesta de GAD3 con una muestra de 8.013 personas, así como los datos comunicados por cada diócesis.
El informe revela que un 1,13% de la población ha sufrido abusos sexuales en el ámbito religioso, lo que se traduce en unas 450.000 víctimas en España. Además, un 0,6% han sido agredidas por un sacerdote o un religioso católico. En global, se detalla que un 11,7% de la población afirma haber sido víctima de abusos sexuales cuando eran menores de edad, sobresaliendo el ámbito familiar como el escenario de un tercio de los abusos.
En la comparecencia, Gabilondo ha reclamado a la Iglesia su colaboración: “Confío en que la iglesia católica esté a la altura de la ocasión que se le brinda para abordar el asunto en toda su integridad. Si no, se equivocará”. En el informe también se plantean las posibles fórmulas de reparación para las víctimas, destacando como “la más deseable” la creación de un órgano “mixto entre Iglesia y Estado”, integrado por expertos, con el objetivo de realizar un proceso restaurativo o con posibilidad de acordar reparaciones en base a un baremo.
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