La Comunidad solicita a Carmena que paralice la aplicación de Madrid Central a un mes de su entrada en vigor
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha pedido de manera formal la paralización del proyecto Madrid Central, que regulará el tráfico en la capital desde el 23 de noviembre, y la convocatoria “inmediata” con carácter extraordinario y monográfico de la comisión delegada del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) para abordar la cuestión.
Garrido ha hecho esta petición, en un acto en Collado Villalba, después de que en la reunión del Consejo de Gobierno, de este martes, se haya abordado la problemática que generaría el proyecto del Consistorio desde la perspectiva de todas las consejerías. “Es otra muestra de un modelo que es pura ideología al que le sobran prejuicios y le sobran fundamentos técnicos”, ha lanzado.
Para el dirigente regional, la suspensión del proyecto es necesaria por “la improvisación” con la que se quiere llevar a cabo; por el carácter “unilateral” de dicha actuación y por la “ausencia total y absoluta de estudios previos necesarios para evaluar tanto el proyecto como los dispositivos de movilidad que se tuvieran que poner en marcha”.
Según Garrido, no es que se opongan “a la adopción de medidas que racionen el uso del espacio público y que mejoren la movilidad y el medio ambiente con restricciones en este caso del vehículo privado” pero creen que deben ser fruto de “un consenso, un diálogo y una planificación racional”. El dirigente autonómico cree que es necesario abrir “un proceso de participación de verdad, en el que estén todos los afectados por la medida”.
Y es que, tal y como ha sostenido, el cierre equivale en espacio a “400 campos como el Santiago Bernabeú” y, según los técnicos de la Comunidad, el impacto de su entrada en vigor podría generar en torno a 300.000 viajes adicionales al día en el conjunto del transporte público. En este sentido, ha asegurado que desde la EMT para hacer frente esta demanda tendrán que contratar “100 nuevos autobuses”.
“No nos podemos permitir que elecciones caprichosas sin fundamento técnico lleven a una pérdida de competitividad de la ciudad de Madrid, que supone nada menos que la mitad de la población de la Comunidad”, ha remarcado.
Por el momento, el Gobierno regional no descarta “ninguna medida”, como la posibilidad de acudir a la Justicia, pero seguirán los pasos que corresponden. Para el presidente este proyecto no se puede poner en marcha “de la noche a la mañana sin aportar un solo papel que acredite el por qué y cómo se van a resolver los problemas que se originen. ”Espero que el Ayuntamiento acepte mis requerimientos“, ha remarcado.
