Colectivos que trabajan con prostitutas denuncian que la ordenanza que se debate en Madrid las haría más vulnerables
Varias organizaciones aseguran que la ordenanza municipal contra la prostitución que se está debatiendo en Madrid aumentaría la vulnerabilidad de las propias trabajadoras sexuales. Es una de las conclusiones del informe emitido por la Mesa Técnica de Prostitución y Trata con fines de explotación sexual de la Comunidad de Madrid, un grupo de trabajo al que pertenecen varios colectivos que trabajan con prostitutas. Aunque no todos han firmado el documento –lo han hecho 8 de 14–, se trata del primer posicionamiento público de la Mesa sobre la ordenanza contra la prostitución registrada por el grupo municipal del PSOE el pasado mayo.
Los colectivos firmantes, entre los que se encuentra Hetaira, Cogam, la Fundación Cruz Blanca, el Centro de Atención Integral a Mujeres Concepción Arenal (Ayuntamiento de Madrid) o la Congregación de Hermanas Oblatas, muestran su preocupación “por el impacto negativo en la vida de las mujeres” que, aseguran, ha supuesto la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y la ordenanza que sanciona la prostitución en Alcalá de Henares, aprobada en 2010, “así como el que pueda suponer” la normativa que se está actualmente debatiendo en Madrid.
“La sanción al cliente propuesta en dicha ordenanza tendrá un impacto negativo en sus condiciones de vida, aumentando su vulnerabilidad y la posibilidad de sufrir agresiones”, asegura el documento, que hace un recorrido por las consecuencias que han tenido las normas citadas para las prostitutas. Otros colectivos pertenecientes a la Mesa, constituida en 2015 a iniciativa de las organizaciones, no han firmado el informe. Desde la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a Mujeres, por ejemplo, aseguran que no están de acuerdo con que las sanciones a clientes perjudiquen a las propias trabajadoras.
Este es, de hecho, el objetivo de la ordenanza propuesta por el PSOE municipal, que contempla un mínimo de 750 euros de multa para sancionar la demanda de prostitución en la vía pública. Además, incluye medidas preventivas dirigidas a la sensibilización, la defensa y el apoyo de las mujeres para diseñar alternativas vitales y el control de la publicidad sobre prostitución en la ciudad. Los grupos municipales están debatiendo actualmente la norma, a la que Ahora Madrid y varios partidos más han presentado enmiendas y sobre la que no hay consenso actualmente.
Al igual que el informe del grupo de investigación Antígona (Universidad Autónoma de Barcelona) hecho público la semana pasada, el estudio de la Mesa de la Comunidad de Madrid pone de manifiesto que la Ley Mordaza ha sido utilizada con ánimo sancionador en el polígono de Villaverde, zona de la capital en la que se concentra un alto número de trabajadoras sexuales. Con esta norma, en toda España la Policía denuncia de media a una prostituta cada día por “ejecutar actos de exhibición obscena”o por “desobediencia a la autoridad” con multas que van de 100 a 30.000 euros.
Por su parte, la ordenanza actualmente en vigor en Alcalá de Henares fue modificada en 2015 para dejar de sancionar a las prostitutas, pero mantiene las sanciones a clientes. Un extremo que, junto a las multas a las mujeres, concluyen las organizaciones firmantes, “han incidido de negativamente y de manera preocupante en sus condiciones de vida”.
Desplazamiento de la prostitución
Según el informe, el aumento de la presencia policial a raíz de la entrada en vigor de este tipo de normativas ha provocado que los clientes busquen lugares más aislados para demandar servicios de carácter sexual. Esto hace que las mujeres cambien “las zonas más conocidas y cercanas en las que se sienten más seguras por zonas en las que aumenta su vulnerabilidad y posibilidad de sufrir agresiones”, lo que al mismo tiempo hace más difícil la atención por parte de las organizaciones.
En este sentido, el miedo del cliente a ser sancionado, prosigue el documento, hace que las prostitutas se vean obligadas a negociar “las condiciones del servicio de manera más rápida y clandestina, lo que supone una pérdida de control en la negociación del preservativo, el precio o las prácticas. Incluso en ocasiones, ante el nerviosismo del cliente por no ser visto por la policía, las mujeres tienen que subir directamente en el coche y negociar en los lugares alejados que el cliente demanda”.
Este tipo de sanciones lejos de haber logrado el fin del trabajo sexual, como uno de los objetivos que se marcan las normas, han conseguido su desplazamiento. Así lo corroboran los colectivos, que ha comprobado el traslado de las trabajadoras de la calle a lugares cerrados como pisos, clubs, Internet o sus propios domicilios.
Una movilidad que en opinión de las firmantes “aumenta la vulnerabilidad” de las mujeres “debido a que se encuentran más aisladas y las condiciones en las que ejercen están sujetas a la arbitrariedad de quién dirige” los clubs o los pisos. Por otro lado, identifican como efecto de las normativas “la falta de confianza” en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son vistas “como una amenaza a su integridad” y muestran su preocupación por la situación en la que se encuentran las víctimas de trata con fines de explotación sexual que pueden estar siendo multadas por la Ley Mordaza. Algo que, además de sumarse a la deuda que tienen que saldar con sus explotadores, dificulta que puedan acceder a la justicia.
Aumento de pisos en Madrid
El estudio también hace un repaso por el contexto de la prostitución en la comunidad, sobre el que declina ofrecer datos debido a la dificultad de abordar de forma cuantitativa una realidad tan cambiante. Aún así, y partiendo de la heterogeneidad de mujeres con las que trabajan las organizaciones, hay varias situaciones comunes como la falta de conocimiento de sus derechos, sobre todo en lo que tiene que ver con el estatus migratorio, problemas de acceso al empadronamiento, demandas de atención sanitaria y jurídicas y, en muchos casos, solicitan alternativas al ejercicio de la prostitución y apoyo psicológico.
Sobre los espacios en los que mayoritariamente ejercen, los colectivos han comprobado que la presencia en la calle ha descendido en los últimos años, algo que “no se puede traducir ni mucho menos en que haya disminuido el número de mujeres que ejercen”, si no que se ha desplazado a lugares cerrados, donde muchas de estas mujeres tienen un contrato como camarera, limpiadora o categorías similares.
En referencia a los pisos, las organizaciones han detectado un incremento significativo, aunque no es posible determinar un número exacto porque algunas de sus características son la invisibilidad y clandestinidad. Al tratarse de espacios privados, pasan desapercibidos y no están obligados a gestionar ninguna licencia como sí ocurre en el caso de los clubs, por lo que el acceso de las entidades se dificulta. Todas las organizaciones coinciden en que esto “hace que las mujeres se encuentren en situaciones mucho más vulnerables” porque su nivel de aislamiento es más alto.
Ello se suma en muchas ocasiones a una serie de “normas de la casa” que imponen los dueños y que las mujeres, muchas de ellas migrantes en situación irregular, deben aceptar para permanecer en el piso, en el que muchas veces también viven. “Dichas normas hacen que no puedan negociar precios, uso de preservativo, incluso prácticas sexuales, pues ya están establecidas por la casa”, concluye el estudio, que además califica de “riesgo altísimo” el que viven las prostitutas que ejercen en sus propios domicilios o se desplazan a hoteles. “En caso de sufrir cualquier tipo de agresión, salvo el cliente, que suele ser quien realiza tal agresión, nadie más conoce el paradero de la mujer”.
