Almeida gastó 14.520 euros en un informe para no recurrir la sentencia contra Botella por vender pisos sociales a fondos buitre
“No voy a derrochar el dinero público de los madrileños ni el dinero de la administración de Justicia en la búsqueda de venganzas estériles”. Así justificó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, su negativa a presentar un recurso que intentase recuperar el menoscabo para las arcas públicas por valor de 25,7 millones de euros que supuso la venta de 1.860 viviendas sociales a fondos buitre por parte del Gobierno de Ana Botella (PP). Almeida se negó a recurrir aunque solo tendría que haber hecho uso de un procurador (unos 5.000 euros). Diez días después de esa afirmación, el Gobierno municipal gastó 14.520 euros en un informe externo que ha aconsejado al Ayuntamiento no recurrir la condena absolutoria contra Botella y siete altos cargos de su gobierno.
La Empresa municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid (EMVS), cuyo consejero delegado, Diego Lozano, fue exjefe de Gabinete de Ignacio González, contrató el 18 de septiembre al despacho de abogados Suárez y Lezo para que elaborase un informe sobre la posible viabilidad del recurso, informe al que ha accedido eldiario.es.
El documento se hizo en cinco días y le costó la entidad pública 12.000 euros más el IVA (14.520 euros). Se trató de un contrato menor sin concurso público al no superar los 14.000 euros (IVA excluido), el límite que estipula la ley para que se tenga que publicitar. Aunque antes de contratarlo el Ayuntamiento pidió cinco ofertas. El despacho al que finalmente contrataron, Suárez de Lezo, es el mismo que defiende actualmente a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre por el caso Púnica.
El 27 de septiembre expiraba el plazo para que el Ayuntamiento recurriera la sentencia absolutoria contra Botella. Veinte días antes como adelantó en exclusiva eldiario.es,el Gobierno de Almeida despidió el 6 de septiembre a la directora de los servicios jurídicos de la (EMVS), Paloma Herranz Embid, que preparaba desde hacía semanas el recurso contra la sentencia absolutoria (en segunda instancia) que libró a la exalcaldesa de Madrid y a siete altos cargos de su gobierno de una multa de 25,7 millones de euros. Los 25,7 millones son el valor que el Tribunal de Cuentas cuantificó que había perdido el Ayuntamiento con la venta. La exalcaldesa de Madrid y su equipo fueron absueltos por el mismo tribunal en segunda instancia, por dos votos contra uno. Dos consejeros a propuesta del PP, una de ella exministra de José María Aznar, marido de Botella, los salvaron.
El informe al que ha accedido este diario, desaconseja el recurso de casación ante el Supremo por la dificultad de que prospere. Según el letrado que suscribe el dictamen, no existe interés casacional y la “valoración de la prueba efectuada en la sentencia” absolutoria que firmaron dos consejeros a propuesta del PP, “no se revela patente o manifiestamente irracional o arbitraria. ”El recurso de casación que se prepara –concluye– resultaría, con gran probabilidad inadmitido“. El informe se contrató antes de que la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Madrid emitiese su informe sobre la viabilidad del recurso.
Solo dos días después de que el Ayuntamiento despidiese a Herranz, la única en la entidad municipal que conocía de primera mano todo el proceso, un pleito que llevaba años de trámites con muchísimas complicaciones y que costaría meses de estudio para un letrado que aterrizase en el caso y quisiera ponerse al día, Almeida ya dejaba claro que no recurriría la sentencia. Aún así contrató este informe externo.
Ana Botella se ha librado por completo de cualquier responsabilidad penal y contable pese a haber organizado desde el Ayuntamiento de Madrid la operación de venta de 1.860 viviendas sociales a fondos buitre en 2013. Era la alcaldesa de la capital, la máxima responsable del Ayuntamiento y la que dio el último visto bueno a la operación en la Junta de Gobierno. Pero su papel en esa controvertida operación quedará impune gracias a la llegada al Palacio de Cibeles de otro alcalde de su partido, José Luis Martínez-Almeida, (con la connivencia de Ciudadanos) que ha cerrado la vía de los tribunales para el caso de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo.
