Los huérfanos de la Guardia Civil desahucian a una de los suyos en situación precaria
María Ángeles García, de 61 años, aún no da crédito a lo que lleva viviendo desde el pasado 23 de enero, cuando un juzgado de Madrid le comunicó que la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil había presentado una demanda para desahuciarla de la casa donde vive alquilada desde 2001. “Me han despreciado, como en si en lugar de una huérfana fuera una desgraciada”, se lamenta sentada en el salón de la casa de uno de su dos hermanos mientras relata y muestra toda la documentación acumulada en los últimos meses.
No da crédito a lo que le está pasando porque la asociación, una entidad social e independiente, que nació al mismo tiempo que el Instituto Armado con la intención de precisamente prestar ayuda a los huérfanos de la Guardia Civil, así como a sus viudos y viudas, no está mostrando, a su parecer, “el carácter altruista, social y humanitario que se supone que debe tener”.
Desde 2001, ella y su hermana vivían de alquiler con su madre -viuda de un agente- en uno de los pisos en propiedad que la entidad tiene en la capital. Cuando la progenitora falleció, las hermanas solicitaron subrogar el contrato. Poco más de 500 euros pagaban de alquiler, su sueldos apenas pasaban de 700 euros, en el caso de María Ángeles como administrativa a tiempo parcial en una asociación, y poco más de 500, en el caso de su hermana como teleoperadora.
“Había sido nuestra casa, mientras cuidábamos de nuestra madre, en los últimos años y encontrar un nuevo piso que pudiéramos pagar entre las dos era muy difícil”, cuenta la mujer, quien puede llegar a final de mes gracias a la ayuda que le presta su hermano, quien vive en una casa cercana a la de ellas. La asociación les concedió la subrogación, válida por un plazo máximo de dos años. Las hermanas sabían que su contrato vencía el año pasado pero como sus precarias circunstancias personales no habían variado decidieron solicitar a la asociación una prórroga.
Empleos a tiempo parcial y sueldos bajos
Enviaron su primera petición el 2 de marzo de 2016, siete meses antes de que venciera la subrogación. “Les explicábamos nuestra situación, que las dos tenemos un empleo a tiempo parcial, que a nuestra edad no es fácil encontrar otro y que nuestro hermano Manuel nos ayudaba a llegar a final de mes”, cuenta María Ángeles. También relataban cómo ella, la hermana mayor, tenía reconocida una discapacidad del 35% “Tengo una degeneración en los oídos y sin el audífono solo escucho ruido”, relata la mujer.
No obtuvieron respuesta a esta primera petición hasta casi tres meses después con una carta firmada por José Ramón Carrasco, coronel jefe del Área Económica de la asociación -buena parte del Consejo de Gobierno y Administración de la entidad está formada por generales y coroneles-, quien escribía en nombre del presidente de la asociación, entonces el general Gregorio Guerra. Carrasco les decía que el contrato estaba ya extinguido pero que “como deferencia a ellas” podían quedarse hasta el 31 de octubre, fecha en la que se había firmado el contrato con su madre y que consideraba improrrogable. “En caso de no verificar lo expresado [la entrega de las llaves], sin más aviso que la presente carta, nos veríamos obligados a instar las acciones judiciales oportunas, reclamando el lanzamiento de los actuales ocupantes de la vivienda y los daños y perjuicios que se deriven de dicha ocupación ilegal”, terminaba la carta.
“Me parecía muy injusto lo que me decían porque sé que existen otros casos, con más recursos que nosotras, que sí les han prorrogado los alquileres”, cuenta María Ángeles. Y ella volvió a escribir dos cartas más al presidente de la asociación, pidiéndole una reunión, volviéndole a explicar su “situación precaria” y señalándole que no entendían que en su caso no se les permitiera permanecer en la casa cuando en otras ocasiones se había resuelto de manera favorable a los inquilinos. Pero esta vez la respuesta del coronel Carrasco, que llegó el 10 de octubre, iba dirigida a Manuel, el hermano. “Creo que porque yo era el titular del contrato de subrogación, que lo firmé en nombre de la unidad familiar”, explica. Su hermana le mira y responde: “Pues no entiendo por qué te la mandaron a ti”.
En ese segundo escrito, que hacía referencia a las cartas de las hermanas, les volvían a reclamar la entrega de llaves para el 31 de octubre previsto. Les avisaban de nuevo que si no lo hacían les denunciarían a los tribunales y , además, les decían que, dada la “larga lista de espera para optar a una vivienda de alquiler” de los socios, no podían “concederles la posibilidad de seguir residiendo o prórroga de ninguna clase”.
Pisos vacíos y cerrados
“No entiendo lo que dicen de la larga lista de espera porque en mi bloque hay un piso que lleva tres años cerrado, y también los hemos visto en las casas cercanas”, cuenta María Ángeles, quien volvió a escribir una nueva carta. La siguiente respuesta de la asociación le llegó en forma de demanda judicial de desahucio el pasado 23 de enero. La Junta Económica de la asociación, formada por un general, cuatro coroneles y un comandante, así lo había decidido dos meses antes. “No esperábamos que llegaran a esto”, explica incrédulo Manuel. “Les he pedido el reglamento para saber los criterios de adjudicación de viviendas, que se reunieran conmigo pero no han querido escucharme”, se enfada María Ángeles.
Eldiario.es se ha puesto en contacto con la asociación pero ha rechazado responder a las preguntas. Desde la Dirección General de la Guardia Civil señalan que la asociación es un ente autónomo y que no entran a valorar lo sucedido. Si bien es cierto que Pro-Huerfános es una entidad independiente, todos los agentes que forman parte del cuerpo son socios y están obligados por reglamento a sostenerla económicamente. De esta manera, cada mes un 1% se resta en sus nómina para las arcas de la asociación. En la escala básica, esta cantidad supone 7,21 euros al mes, y según cálculos de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) Madrid, la entidad puede estar ingresando cada mes en torno a los 300.000 euros, cantidad que será mayor al sumar el porcentaje de los rangos superiores.
Desde AUGC Madrid se muestran “incrédulos” por lo que le ocurre a María Ángeles. “No entendemos que la Asociación Pro-Huérfanos no le permita seguir viviendo en la casa”, afirma su secretario general, Francisco Cecilia, y añade: “Nos sorprende aún más por el enorme patrimonio que gestiona y cuando se entiende que sus propios fines son de naturaleza social y asistencia”.
Once bloques de casas en propiedad
Pro-Huérfanos tiene en propiedad en Madrid 11 bloques de viviendas -además de un colegio privado, dos internados, dos residencias universitarias y una de ancianos-, según detalla en su propia web, situados en el barrio Hispanoamérica, en pleno distrito de Chamartín, una zona con el metro cuadrado más caro de la capital. Los alquileres de estas viviendas van de los 361 a los 567 euros, en función de si son bajos, áticos o están situados en una u otra calle. Según el reglamento de la asociación, tienen derecho a su alquiler los socios, es decir, los agentes -en activo o en la reserva, los viudos o viudas y los huérfanos. Se adjudican por un baremo de puntos, pero existen excepciones por “motivos motivos extraordinarios muy justificados de carácter humanitario”.
A este punto es al que ha apelado María Ángeles y de ahí, que lo que más le haya indignado es que no hayan querido reunirse con ella ni darle explicaciones sobre los criterios concretos de adjudicación. “Si me hubieran escuchado y me hubieran dicho, mira, no puedes quedarte en la vivienda por esta razón, por esta otra y por esta pues yo me hubiera ido pero me han tratado como si no fuera nadie”, se indigna la mujer. Para Cecilia, este caso también es un ejemplo de “la falta de transparencia con que se gestiona la Asociación Pro-Huérfanos y que llevamos años denunciando, ya que todos los guardias civiles contribuimos con nuestras nóminas a su sostén económico, pero las asociaciones profesionales no pueden estar representadas ni formar parte de sus órganos de gobierno por lo que es imposible conocer la verdadera situación del patrimonio que administra”.
La abogada, de oficio, de María Ángeles y su hermana Pilar, ya ha presentado el escrito en el que describe la situación de la primera, edad, bajos ingresos y discapacidad y apela al juez a considerar las circunstancias excepcionales. La segunda, tras recibir la demanda se marchó de su casa a la de su hermano, “del disgusto que se agarró”, y da por cumplida la demanda. Ahora solo queda esperar el juicio, que aún puede tardar meses, en función de la carga de trabajo del juzgado.
María Ángeles mientras tanto envía todos los meses a la asociación los 525 euros del alquiler de la casa, “que no digan que no pago”. Pro-Huérfanos se los devuelve a los pocos días menos 14,4, que emplea en costear el giro postal que remite a la mujer.
