Médicos en huelga, dimisiones de altos cargos y la calle levantada: Madrid clama contra la gestión sanitaria de Ayuso

Durante dos años largos, Isabel Díaz Ayuso no tuvo la más mínima tentación de gestionar nada. Aprobó una ley de urbanismo (la enésima para ponerlo más fácil a los constructores, en línea con lo que es tradición en la derecha madrileña), no sacó adelante ningún presupuesto y se ciñó a lo que sus mayores en el partido llaman “la batalla ideológica”, a saber: confrontar las banderas de la izquierda y cada anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o de sus socios, hasta poner en cuestión todas sus decisiones, aunque eso supusiese impugnar de paso las que tomaban sus propios compañeros de partido en las autonomías para intentar contener la pandemia. 

Madrid apareció arriba, muy arriba, en los rankings de muertes por Covid en Europa, afloraron unos polémicos protocolos de la Consejería de Sanidad para no desviar a los ancianos a los hospitales cuando las residencias estaban atestadas de mayores enfermos y Ayuso hasta se permitió dar un contrato para traer mascarillas de China a la empresa de un amigo, por el que acabó pagando una comisión de cerca de 300.000 euros a su propio hermano. 

En lo más gordo de la crisis, mientras dimitían la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, y otros cargos intermedios, incluidos flamantes fichajes de la propia presidenta, el Gobierno de Madrid (sobre todo la parte del PP) se limitaba a clamar por la “libertad” de mantener los bares abiertos contra toda evidencia científica y a repetir que Madrid tampoco iba a limitar los desplazamientos de sus habitantes cuando el resto de las autonomías sí lo hacían. 

La incipiente lideresa de la derecha madrileña se jactaba de “sorprender al mundo” con sus innovaciones, sobre todo la que pidió levantar en tiempo récord un hospital, el Isabel Zendal, sin quirófanos ni infraestructuras básicas, que iba a costar 50 millones de euros (acabó triplicando ese presupuesto y hoy está semidesierto). 

Esos mensajes, que llevaban a poner el grito en el cielo a algunos compañeros de partido en privado, su permanente guerra santa contra Sánchez y aliados, y un entusiasta aparato mediático que bebe de los presupuestos de la Comunidad, bastaron a Ayuso para despuntar en los sondeos, convocar elecciones anticipadas, barrer a sus socios de Ciudadanos del mapa y poner freno a Vox. Una especie de círculo virtuoso que le permitía reagrupar de nuevo a la derecha en uno de sus bastiones, para regocijo de la prensa conservadora de Madrid que había aplaudido todas sus desventuras. Para acabar de construir su liderazgo, Ayuso hasta fue capaz de llevarse por delante al presidente del partido, el dirigente que la había encumbrado como candidata, Pablo Casado. 

Eso todo había pasado hasta las elecciones del 2 de mayo de 2021, donde Ayuso logró una victoria aplastante en las urnas, aunque con registros todavía por debajo de los que alcanzaba Esperanza Aguirre. Luego pactó con la extrema derecha de Vox sin ningún miramiento y se dispuso a seguir con la misma partitura dos años más, una vez que se había librado de los escasos dolores de cabeza que le daban sus socios de Ciudadanos. 

Con la ayuda de Vox cambió la ley que exigía mayorías cualificadas para nombrar a los gestores de Telemadrid, destituyó a los cargos que habían pactado Cristina Cifuentes y Ciudadanos y colocó al frente de los informativos a periodistas de su cuerda: si tenía a toda la prensa conservadora comiendo de su mano, ¿cómo podía ser que fuese precisamente la tele de siempre del PP la que le proporcionase disgustos? Este domingo fue un buen ejemplo de lo que buscaba: con centenares de miles de personas abarrotando la capital contra la gestión sanitaria del Ejecutivo madrileño, la televisión pública tardó 40 minutos en informar sobre la manifestación a través de su cuenta de Twitter, donde aparecieron apenas tres posts. Dos de ellos con la postura de la vicealcaldesa Villacís y el consejero de Ayuso David Pérez. 

Pero sucede que ahora el país ha superado la pandemia, hay bares abiertos por toda España, Sánchez y su gobierno resisten en medio de la debacle de Gobiernos de media Europa y la gente ha vuelto a sus rutinas, también en Madrid. Y cuando han regresado la gripe común y los accidentes domésticos, ya no vale la coartada de la COVID para mantener cerradas las urgencias de los centros de salud, que estuvieron inoperativas durante más de dos años y medio, y además se ha visto que esto genera un colapso en las de los hospitales.

La presión del personal sanitario, de los vecinos con protestas a las puertas de los centros de salud, de los sindicatos y de la oposición forzaron al Gobierno de la Comunidad a anunciar este verano la reapertura de esas urgencias de proximidad que descargaban de tarea a los hospitales y eran un punto cercano para los ciudadanos durante los fines de semana, los festivos y las noches, cuando sus médicos de familia cerraban la consulta. Pero faltaba personal, algo que viene reclamando la marea blanca en Madrid desde muchos años antes de que se tuviese noticia del primer caso de ese virus extraño en la región china de Wuhan. 

La solución del Gobierno de Ayuso para dar marcha atrás a su propia estrategia y reabrir los SUAP fue trasladar a los médicos de las zonas rurales a la ciudad. Pero aparte de que suponía desvestir otro santo en los pueblos, los números seguían sin salir. 

La comunidad sanitaria, que había sufrido un durísimo desgaste durante los dos años largos de pandemia, fue un hervidero de rumores durante los últimos meses, hubo dimisiones y ceses en el equipo de la consejería y el ambiente se fue calentando con declaraciones de dirigentes políticos del PP que acusaban de boicots y trataban de presentar a los médicos como un colectivo revolucionario.

Hasta que la atención primaria decidió lanzarse a la calle. Primero fueron pequeñas protestas y concentraciones. Luego la huelga y la respuesta de la Consejería de Sanidad: 100% de servicios mínimos. 

El personal sanitario venía reclamando medidas de sentido común: un mínimo de un médico, una enfermera y un celador para reabrir las urgencias en 37 ambulatorios. 

Pero el Gobierno de Madrid, que se jacta de ser la locomotora económica de España, el mismo que anuncia rebajas de impuestos a las grandes fortunas que dejan de pagar 1.000 millones de euros cada año, no ha sido capaz de garantizar ese personal. En su día, los profesionales de los SUAPS habían sido destinados al hospital de Ifema, al Zendal, que como se construyó sin contratar médicos, tomó prestado el personal de otros equipos, o la campaña de vacunación del Wizink Center. 

Ante el naufragio de un plan que hacía aguas desde antes incluso de su puesta en marcha y que se hundió ya en su primera noche, hace ahora 17 días, la factoría Ayuso y su escudo mediático anunciaron todavía un nuevo prodigio: centros de urgencias sin médicos, la videoconsulta de urgencias. Bastaría una enfermera y una tablet, conectada a un médico no presente, para atender esas emergencias en los centros de salud. Más tecnología a distancia y menos fonendoscopios. No convencieron a la Administración las quejas de los doctores que pedían auscultar a sus pacientes, tocarlos y olerlos, como se había hecho toda la vida. 

El personal se sublevó, mientras Ayuso, el responsable de la Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y diferentes cargos del PP regional se lanzaban a denunciar supuestos sabotajes de los sindicatos y el personal sanitario. Pero el problema había escalado hasta las plantas nobles de la Consejería de Sanidad. La máxima responsable de Atención Primaria dimitió poco antes de la puesta en marcha del plan. La Consejería alegó problemas “personales y médicos” y esa misma semana que se reabrieron las urgencias extrahospitalarias en medio del caos dejó su puesto la número dos y, en cuestión de horas, también la dirección asistencial del sureste. Desde la Puerta del Sol evitaron explicar el motivo de la cascada de dimisiones. 

La presidenta viene repitiendo durante semanas una media verdad: en España faltan médicos. Es cierto porque a muchos se les obligó a emigrar durante la era de los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy. No sucede solo en Madrid pero ese diagnóstico trata de ocultar otro problema que sí debiera tener solución en la Administración autonómica. Los médicos que se forman en la capital no quieren quedarse en el servicio sanitario madrileño por las malas condiciones que se les ofrecen. Un par de datos: de los 338 médicos de familia que habían terminado la especialidad solo 59 decidieron quedarse en Madrid este verano. La Gerencia de Atención Primaria les había convocado para cubrir 197 plazas. 138 quedaron desiertas. En Pediatría de 26 se completaron cinco.  

Por los medios de comunicación fluyen estos días riadas de testimonios de médicos que denuncian “la vergüenza” de condiciones que les ofrece la Comunidad. 

Y relatos de otros muchos que estaban y han decidido emigrar a otras comunidades o los que les sale rentable viajar a Irlanda los fines de semana para hacer guardias. 

Además, de los cerca de 200 profesionales médicos que cubrían la atención continuada en las zonas rurales, cerca de una treintena renunciaron a sus puestos de trabajo. No causaron baja, como había deslizado la Consejería de Sanidad sobre el 60% de la plantilla: casi un 10% prefirieron no tener sueldo, ni derecho a paro, ni la plaza en la que llevaban lustros, ante la situación en la que les colocaba la Comunidad de Madrid con el cambio de condiciones laborales y el escenario de tener que prestar una atención sin unos mínimos estándares de calidad para los pacientes. 

Mientras todo eso pasaba con el personal sanitario, la presidenta anunciaba su intención de levantar desde cero el hospital de La Paz, en lugar de reformarlo, como estaba previsto. Otra millonada para hormigón, mientras en las plantillas faltan médicos y enfermeras.

Este domingo, todo estalló en la calle. Cuatro columnas partieron del norte, sur, este y oeste hasta el corazón de la capital en la Plaza de Cibeles. Había batas blancas, pancartas de defensa de la sanidad pública, familias enteras con niños, la oposición en pleno y caras conocidas como el director de cine Pedro Almodóvar. Pero sobre todo marchó una muchedumbre clamando contra la gestión de Ayuso y algunas de sus coartadas. “Menos banderas y más enfermeras”, coreaba un grupo camino de Cibeles. 

La delegación del Gobierno calcula 200.000 manifestantes. Los organizadores, 670.000. Puede que no hayan llegado a tantos, aunque marchas similares de la derecha trataron de computar un millón de personas con la Plaza de Cibeles repleta y una marabunta que se expandió por las calles adyacentes. Una marcha similar a aquellas que corrieron contra las privatizaciones de Aguirre. 

Las imágenes aéreas no mienten, fue una manifestación multitudinaria, de esas en las que no se ve el final de la gente, la primera de la era Ayuso, quien durante las vísperas había tratado de minimizarla acudiendo al guion habitual de sus guerras culturales: ¿34 médicos dan para un boicot, ya estamos con el 'no a la guerra'? Durante todo el domingo, la presidenta y todo su gobierno mantuvieron silencio, mientras su portavoz en la Asamblea, Pedro Muñoz Abrines, calificaba la protesta de “fracaso”. Usó un argumentario habitual del PP: poner el acento en los madrileños que no habían acudido a la marcha.

Ese es el mensaje para afuera. Puertas adentro, Ayuso sabe que se enfrenta a su primera gran crisis cuando faltan siete meses para unas nuevas elecciones. Y a diferencia de lo que venía haciendo desde que tomó posesión en la Puerta del Sol, está por ver que esta vez resulte la idea de buscar un enemigo exterior en el “Gobierno socialcomunista” de Sánchez y amigos para tapar los agujeros de gestión de su Ejecutivo. O que los medios de comunicación afines sean capaces de disfrazar una realidad que muchos madrileños conocen de primera mano, con sus centros de salud cerrados, la falta de médicos y las citas para dentro de dos semanas en Atención Primaria… que pueden demorarse años en el caso de las operaciones quirúrgicas. El tipo de calamidades que corren de boca en boca por el vecindario, escriban lo que escriban los editoriales de la prensa amiga.

Todo el mundo sabe ya -y el que no lo sabía lo aprendió en la pandemia- que las competencias sobre Sanidad son autonómicas y que aquí no va a servir el mantra del enemigo exterior. La nueva lideresa de la derecha madrileña se preparaba para un fin de legislatura triunfal camino de la mayoría absoluta y hasta había dado señales de que sus aspiraciones no se colmarán en Madrid. Ahora, 26 meses después de ser investida presidenta en la Asamblea regional, Ayuso se verá obligada a gestionar por primera vez y en el área más delicada de su Gobierno. La calle clamó bien alto este domingo que con la sanidad no se juega.