El PP se enmienda a sí mismo en Madrid para asumir las demandas radicales de Vox
Las demandas radicales de Vox van a poner a prueba al PP. Las exigencias conocidas hasta ahora están obligando al partido a revisar su propia gestión y a redefinir su perfil. En la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, candidata oficial y mediadora oficiosa en las negociaciones entre Ciudadanos y Vox, debe decidir hasta qué punto está dispuesta a enmendar la obra de la expresidenta Cristina Cifuentes. Sus leyes y medidas –las normas LGTBI y de Identidad de Género o la reversión de la exclusión sanitaria– están colocadas en el centro de la diana de la extrema derecha y la candidata popular ya se ha abierto a revisar “los aspectos que se puedan mejorar”.
En el Ayuntamiento, José Luis Martínez-Almeida también está deshaciendo con sus primeras decisiones algunas iniciativas que no vinieron de la mano de su predecesora en el cargo, Manuela Carmena, sino de otros regidores del PP en la capital, como Alberto Ruiz-Gallardón o Ana Botella. El nuevo alcalde va a reabrir a todo el tráfico zonas que permanecían restringidas desde hace décadas.
Díaz Ayuso empezó a construirse un perfil mediático propio durante las tensas negociaciones para la Junta de Andalucía. Aún no era candidata, pero Pablo Casado ya había decidido que sería ella y aparecía día y noche en los directos televisivos. Algunos titulares la llegaron a definir como la nueva “Rafael Hernando” por sus polémicas declaraciones sobre feminismo. Ya en el traje de aspirante a presidir una institución, trató de rebajar esas controversias, sin éxito en muchas ocasiones. La campaña electoral recogió lapsus, polémicas y errores que eclipsaron sus propuestas, según admitió ella misma.
Ahora, la candidata explora su identidad política e ideológica azotada por la extrema derecha, que muerde sin piedad la gestión de Cifuentes en la región. Díaz Ayuso, que trabajó para Esperanza Aguirre como asesora y después para Cristina Cifuentes como viceconsejera de Presidencia, tiene por delante el reto de marcar su impronta como probable sucesora de dos tifones con un perfil destacado en el PP, a veces díscolo con la dirección nacional.
Díaz Ayuso, en busca de un perfil propio
“Aspiro a tener un gobierno a mi manera. No tengo que tomar por bueno lo que venía de otras legislaturas”, advirtió el miércoles tras recibir las propuestas de Vox. La candidata está dispuesta a “transaccionarlas”, dijo, para alcanzar un acuerdo que satisfaga también a Ciudadanos pese a que estos últimos han escenificado un portazo sin apariencia de retorno a la extrema derecha.
Las exigencias de Vox impactan en el corazón de lo que definió la gestión de Cifuentes y marcó la diferencia respecto a la obra legislativa del aguirrismo que la precedió. La expresidenta basó una parte de su gestión en guiños que le dieran la imagen de verso suelto en el partido y la separaran, además, del PP de la corrupción.
Bajo el mandato de Cifuentes se aprobaron la ley contra la LGTBIfobia y la ley de identidad de género. La primera fue un proyecto que emanó de su propio Gobierno. Salió adelante por unanimidad en la Asamblea de Madrid: hubo consenso entre los grupos excepto, precisamente, el del partido que la propuso.
El planteamiento de la norma generó una batalla ideológica entre los diputados populares y una parte del grupo terminó apoyándola con la nariz tapada por orden de Cifuentes. En público, esa división se manifestó con dos ausencias en la votación. David Pérez, ahora número dos de Isabel Díaz Ayuso, y el exconsejero Luis Peral, rompieron el mandato de posicionarse a favor. El argumento del sector detractor era que la norma había sido “muy modificada” durante la tramitación parlamentaria. Es el mismo que hoy sostiene Díaz Ayuso, que dio su voto afirmativo, para justificar su posible reforma.
Vox quiere que se deje de velar por que los contenidos educativos sean respetuosos con la diversidad sexual y de género o que la “realidad LGTBI” se contemple en los planes de estudio. Además, exige retirar todas las infracciones y sus sanciones administrativas de esta y de otra norma: la ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, que se aprobó con la abstención del PP. Con estas sanciones se multó a un colegio concertado que comparaba la ley LGTBI con el “fanatismo terrorista” y también se castiga, por ejemplo, a quienes promueven cursos que prometen “curar” la homosexualidad, como los que se celebraban en el obispado de Alcalá de Henares.
Los derechos de los inmigrantes en situación irregular también están en el punto de mira de Vox. Su propuesta de que los países de origen se hagan cargo del pago de la atención sanitaria de las personas sin papeles aterriza en una comunidad del PP que se sumó a las regiones rebeldes con la reforma sanitaria de Rajoy. En agosto de 2015, Cifuentes ordenó a los centros de salud atender a todas las personas –con algunas grietas que se han demostrado después– , pese a que un Real Decreto de 2012 firmado por el Gobierno del PP limitaba la atención de los inmigrantes irregulares a las urgencias y a las mujeres embarazadas. Ya entonces el Ejecutivo de Mariano Rajoy exploraba una vía para acabar con la exclusión sanitaria que nunca llegó a desarrollar. En esos momentos, esta discriminación incomodaba a algunos dirigentes del partido, como Cifuentes.
Díaz Ayuso dejó claro que la “sanidad es universal” tras recibir las exigencias de Vox y precisó que no repatriará ni identificará a los migrantes porque eso no es de su competencia como comunidad autónoma. El contexto nacional, en todo caso, pone muy difícil una reversión de derechos en este sentido: el Gobierno del PSOE revirtió la exclusión sanitaria poco después de llegar a la Moncloa.
Lo que está claro es que, le gusten más o menos, Díaz Ayuso está determinada a incorporar una parte de las condiciones de Vox porque hay mucho en juego. La Comunidad de Madrid es una plaza clave no solo para su carrera profesional –su nombramiento como candidata pilló a muchos por sorpresa– sino para el partido en un momento de pérdida de poder territorial. La institución maneja 20.000 millones de euros al año y fue un refugio de afines tras la moción de censura que previsiblemente continuará funcionando como tal si se mantiene el feudo.
Martínez-Almeida enmienda a Gallardón
En el Ayuntamiento de Madrid formado por PP y Ciudadanos, la moratoria que anula las multas en Madrid Central, que entra en vigor el próximo 1 de julio y que dejará sin efecto la medida, también terminará con iniciativas llevadas a cabo por el PP. A partir del próximo lunes, todos los coches (los residentes, los no residentes, los más contaminantes y los de paso) podrán entrar en el distrito Centro, perímetro casi idéntico al de Madrid Central, sin temor a ser multados.
La medida que anula las multas no solo es una enmienda al Gobierno de Manuela Carmena, que puso en marcha Madrid Central hace apenas siete meses, sino que también deja sin efecto las Áreas de Prioridad Residencial (APR) que aprobaron los gobiernos del PP de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella en el distrito centro, concretamente en Lavapiés, en los alrededores del Congreso de los Diputados, en el barrio de las Letras o en Ópera.
Gallardón puso en marcha durante su primer mandado, entre 2005 y 2006, las APR de Embajadores, Huertas y las Cortes, y su sucesora en el cargo cuando abandonó la Alcaldía para formar parte del primer Consejo de Ministros de Rajoy, Ana Botella, aprobó la de Ópera en 2015, unos meses antes de la entrada de Ahora Madrid en el Gobierno municipal. El exalcalde incluso planteó en 2006 la puesta en marcha de una zona de bajas emisiones con una superficie casi idéntica a la de Madrid central, consciente del problema de contaminación que estaba experimentando la ciudad.
Paradójicamente, la medida aprobada este jueves en Junta de Gobierno también anulará las multas en las APR que llevan años funcionando en diferentes calles del centro de Madrid: en Embajadores (en la parte del distrito centro), la Plaza de las Cortes Huertas o León, los coches podrán pasar sin temor a ser multados como lleva años pasando.
El de 2019 ha sido el séptimo mejor enero de los últimos 18 años; febrero, el décimo; marzo y abril, los terceros; y mayo el primero. Aunque Madrid Central se puso en marcha el 30 de noviembre, las multas no empezaron a aplicarse hasta el 15 de marzo. Ese mes es, precisamente, cuando empieza a notarse la mejora en los datos de medición de dióxido de nitrógeno y cuando la nueva corporación deja de tenerlos en cuenta.
