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Almeida y Villacís abren gracias a Vox la tramitación de un nuevo PGOU para acelerar cambios urbanísticos

El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, en un acto junto a la vicealcaldesa, Begoña Villacís

Somos Madrid

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El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este lunes con los votos de Ciudadanos, PP y Vox el avance de la modificación de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOU). El actual data del año 1997 y, con la tramitación de uno nuevo, el Área de Desarrollo Urbano persigue modificar varias normativas con las que “reescribir el futuro urbanístico de Madrid” y acelerar tramitaciones de determinadas actividades.

El área que dirige Mariano Fuentes plantea cambios en aspectos residenciales, dotacionales y logísticos, apuesta por la hibridación de usos “para recuperar zonas de la ciudad que en la actualidad están obsoletas”, indica en nota de prensa. Y favorecerá la construcción edificios más verdes y con terrazas más amplias, que no computarán en la superficie de la vivienda.

El proceso que se ha iniciado este lunes con la aprobación en el pleno es el primer paso de un largo proceso que necesitará el visto bueno de la Comunidad de Madrid y podría finalizar durante la próxima legislatura. De momento, tanto Más Madrid como PSOE y el Grupo Mixto han votado en contra de la propuesta.

En las líneas generales con las que el Ayuntamiento de Madrid pretende cambiar el PGOU destacan la desaparición de los planes especiales de control urbanístico ambiental (PECUAU), que actualmente extienden algunos cambios urbanísticos de calado hasta año y medio, a través de un proceso de garantías que ahora el área de Desarrollo Urbano apuesta por acelerar eliminando esta figura “sin rebajar los requisitos medioambientales ni los controles que ejercía, que seguirán haciéndose”, apuntan.

El consistorio también apuesta porque las terrazas y los cuartos de instalaciones en plantas de piso no computen a efectos de edificabilidad, potenciando los balcones y balconadas tanto en las construcciones nuevas como en las existentes. Además, el cambio de la normativa podría ayudar a liberar las azoteas de los edificios para que sean transitables y utilizables, destacan. Tampoco computarán a efectos de edificabilidad los trasteros. También se permitirán los miradores con persiana, que hasta ahora no se podían poner.

Otra de las novedades importantes es que se permitirá construir viviendas tuteladas y viviendas de integración social tanto públicas como privadas en suelos dotacionales, dirigidas a colectivos con necesidades específicas. También se habilitará el destino transitorio de solares para que se puedan dedicar a zonas de esparcimiento y a la mejora del paisaje urbano hasta que se construya el dotacional previsto.

Normas para el cohousing y cocinas fantasma

El nuevo PGOU que salga de este trámite podría facilitar la aparición en la ciudad de nuevos modelos residenciales compartidos, que ya se están implantando en edificios de viviendas. El área de Fuentes incluye el cohousing dentro del residencial, redefiniendo las condiciones de vivienda mínima, permitiendo una reducción a cambio de la creación de una misma superficie en zona común y da entrada al coliving en edificio exclusivo.

La revisión del PGOU incluye incentivar las fachadas y cubiertas verdes y elementos de sostenibilidad y eficiencia energética: los elementos de producción de energía sostenible o elementos constructivos de mejora de la eficiencia, así como los cuartos para guardar vehículos de movilidad sostenible como las bicicletas no computarán a efectos de edificabilidad.

La normativa también prevé mantener el Plan Especial de Hospedaje que afecta a las viviendas turísticas. Los anillos aprobados por Manuela Carmena se mantienen, aunque la exigencia del acceso independiente, que el consistorio afirma mantener, fue puesta en duda durante el debate por el Grupo Mixto.

El Ayuntamiento dará respuesta a los retos que se plantean en cuanto a nuevas industrias y actividades, permitiendo la hibridación de usos que protegerá enclaves como el polígono ISO de Carabanchel y estableciendo normas para las actividades logísticas de la ciudad, una demanda a la que trata de dar solución esta modificación.

En cuanto a las cocinas agrupadas, se prima su implantación en polígonos industriales y se limita su actividad en zonas residenciales, al igual que ocurre con el uso almacenaje con reparto a domicilio y la logística. En principio, se limitará su implantación en ámbitos residenciales a locales de uso industrial con un máximo de 350 metros cuadrados, con la obligación de que tengan en el interior del establecimiento las zonas de espera, carga y descarga y estancia de los transportistas. El máximo de cocinas permitidas será de ocho. Además, se exigirá un estudio de movilidad para conocer el impacto que tendrá en la zona. Esta norma se aplicará también a la norma zonal 9 (zona industrial) que quede dentro de ámbitos residenciales. 

Críticas de la oposición

Para Más Madrid, el documento presentado hoy para votación “carece de contenido y no introduce cambios en el modelo territorial”. Su portavoz, Rita Maestre, cree que “se trata de un cambio que, bajo el mantra de acabar con la burocracia lo que hace es desregular, sin aportar ideas ni soluciones, sin afrontar ninguna de las transformaciones relevantes que están surgiendo en las ciudades y a las que hay que hacer frente”, dijo para explicar su voto en contra. 

El concejal de la misma formación política, Paco Pérez, indicó que lo aprobado en el pleno extraordinario de Cibeles provoca que la ciudad siga sufriendo los mismo problemas que hasta ahora: la proliferación de casas de apuestas en los barrios más humildes de la ciudad, que “arrasan” el comercio de barrio; la presión derivada de los usos turísticos sobre el espacio residencial, que ha derivado en la expulsión de la población del centro de la ciudad; la ocupación ilegal de los patios de manzana; o el desarrollo de usos incompatibles con el uso residencial y con ciertos equipamientos sensibles como son las plataformas logísticas o las cocinas fantasma; y tampoco resuelve la monetización de las cesiones en las actuaciones de dotación con la consecuente pérdida de locales para equipamientos en los barrios más densos.  

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