La Comunidad de Madrid extenderá a 2024 los descuentos en los abonos de transporte cuando el Ministerio de Transportes los confirme

Todo parece indicar que los descuentos en los abonos de transporte público seguirán en el año 2024. Solo farta la aprobación oficial, pero la intención de las dos administraciones implicadas (Ministerio de Transportes y Comunidad de Madrid) es extenderlas más allá del 31 de diciembre de 2023, fecha hasta la que de momento estaban previstos.

Si antes era la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones quien había afirmado la intención del Gobierno de mantener en 2024 la reducción del precio de los abonos de transporte, en caso de renovarse el Ejecutivo con la coalición entre PSOE y Sumar, ,este martes era el consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras de la Comunidad, Jorge Rodrigo, quien aseguraba que la Comunidad de Madrid se encuentra a la espera del sí definitivo por parte del Gobierno central para prorrogar la rebaja del abono transporte.

En declaraciones a los medios durante la inauguración de la ampliación de la línea por la que circula el primer Bus de Uso Prioritario (BuP) entre Valdebebas y Sanchinarro, el consejero ha recalcado que la Comunidad acordará esta prórroga en cuanto el Ministerio que dirige en funciones Raquel Sánchez acuerde la medida. “Estamos esperando definitivamente que nos diga el Ministerio y en el caso de que subvencione, nosotros también”, indicaba Rodrigo.

En esta línea, el responsable madrileño de Transportes ha recordado que en el proyecto de presupuestos para el 2024 se ha reservado una partida para cubrir esta posibilidad. “El Gobierno regional, lo que ha hecho en el proyecto de presupuestos que hemos presentado en la Asamblea de Madrid, es contar y presupuestar, para el ejercicio 2024, la cantidad presupuestaria para poder subvencionar dichas tarifas del transporte”, ha indicado.

La rebaja de abono transportes fue una de las medidas impulsadas por el Gobierno central tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y suponía una reducción del 30% que las autonomías podían incrementar. La Comunidad amplió hasta el 60%, reducción que sigue vigente.