“El dueño de La Quimera no tiene intención de vender el edificio ni un plan claro de lo que hacer con él”

Los vecinos de La Quimera, el edificio del número 24 de la calle Amparo recientemente desalojado, temen que sea de nuevo okupado, al asegurar que el dueño del mismo, José Martínez San Andrés, un hombre de unos 77 años con el que habrían hablado sobre el futuro del inmueble, no tiene “ni intención de venderlo ni un plan realista sobre lo que hacer con él”.

Según estas fuentes, la propiedad, como mucho, estaría pensando en reconvertir el edificio en una residencia de ancianos o en una de estudiantes, dado que ponerlo en el mercado del alquiler tradicional no es algo que le seduzca.

En cualquier caso, lo de las residencias no es una idea a la que estos vecinos le vean recorrido, al menos en un plazo corto de tiempo dado que, entre otros asuntos, exigiría un cambio de uso de este espacio residencial.

En la actualidad, estos vecinos aseguran que obreros contratados por el propietario continúan efectuando trabajos de tapiado de los accesos a los pisos para evitar una nueva okupación.

Según estimaciones del portal inmobiliario Idealista, el edificio, de tres plantas y 899 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 326 metros cuadrados, tendría un precio de venta de mercado por encima de los 2 millones de euros, entre los 2.118.000 euros y los 2.588.000 euros.

Okupaciones y abandono

Cabe recordar que fue la Policía la encargada de localizar al propietario de Amparo 24 y de convencerlo para que denunciara la okupación del edificio para así lograr una orden judicial para desalojarlo, que finalmente fue lo que sucedió.

Mucho antes, el propietario sí que había acudido a los tribunales por la vía penal a denunciar la primera okupación con éxito del edificio, que se produjo el 6 de enero del año 1999, cuando tras ser expulsados de un inmueble de la calle Embajadores las personas vinculadas al centro social El Laboratorio decidieron continuar con el proyecto en lo que pasado el tiempo sería La Quimera, espacio que ya había intentado ser okupado en 1997.

En aquella ocasión, un sentencia de enero del 2000 dio la razón a los okupas, recordando que el edificio llevaba 22 años abandonado, por lo que el propietario no podía alegar que la okupación del mismo le “impidiera el ejercicio del derecho de posesión de una forma tal que haga preciso acudir al amparo al derecho penal”.

En aquella sentencia también se decía que la propiedad del edificio no estaba en duda, pero sí su uso, dejando claro que el juez lo consideraba un inmueble abandonado o en mal estado y constatando a la vez que el dueño, aún habiendo adquirido el edificio en 1975, no lo inscribió en el registro de la propiedad hasta después de aquella primera okupación.