TRIBUNA ABIERTA

La vivienda es tu derecho al futuro, no un negocio

Contrario a lo que quieren hacer creer Almeida, Ayuso y el Partido Popular, ellos sí intervienen en el mercado de la vivienda, pero no para proteger a la mayoría de madrileños y madrileñas. Su intervención es decidida, aunque destinada a salvaguardar los intereses de grandes propietarios y fondos de inversión. Promueven la conversión de edificios enteros en viviendas turísticas o de lujo, asegurando que los grandes beneficiarios reciban todas las facilidades. La intervención es real, pero solo cuando beneficia a los más ricos.

El urbanismo depredador que impulsan no está al servicio de la ciudad sino del dinero, por eso diseñan planes urbanísticos especiales a medida de los promotores privados y las irregularidades se dejan pasar. Lo único que sobra en su modelo son los vecinos y vecinas de siempre, molestos porque no pueden escapar del acoso de los fondos buitre y tienen que irse. Objetivo cumplido para el PP: cuanto más lejos se vayan los vecinos y vecinas de siempre que son del barrio de toda la vida más difícil será verlos.

En su programa electoral de 2019, el PP prometió construir 15.000 viviendas públicas, y en 2023 añadieron el compromiso de otras 12.000. ¿La realidad? En dos legislaturas, apenas han levantado 2.160 viviendas. A este ritmo, los jóvenes que hoy buscan comenzar su vida en Madrid quizá vean terminadas estas viviendas cuando ya hayan alcanzado la jubilación.

No solo no construyen vivienda pública suficiente, sino que Almeida ha vendido el 67% del suelo residencial municipal, poniendo en bandeja el suelo público a intereses privados. Este es su modelo de vivienda: beneficiar al mercado y dejar desprotegidos a los ciudadanos. El resultado es que más de 45.000 familias madrileñas están esperando una vivienda pública a través del Ayuntamiento, mientras los precios no dejan de subir.

Nosotros, los socialistas, creemos que nadie debería destinar más del 30% de sus ingresos al alquiler. Incluso los bancos defienden este criterio. Y para hacerlo posible, proponemos soluciones reales. En primer lugar, aplicaremos la Ley de Vivienda del Gobierno de España en las zonas de mercado tensionado, regulando los precios de alquiler. Además, incentivaremos fiscalmente a los pequeños propietarios para que ofrezcan alquileres más asequibles.

También, promovemos nuevos proyectos de vivienda pública y asequible. Un ejemplo claro es la futura Operación Campamento, donde el Gobierno de España se ha comprometido a que el 100% de las viviendas serán asequibles.

En Madrid según el INE hay más de 97.100 viviendas vacías, un 6,3% del parque total de inmuebles. No alquiladas, ni mucho menos okupadas. Por eso, proponemos aplicar un recargo en el IBI a los grandes propietarios que mantengan vacías estas viviendas. Con ello, lograríamos aumentar la oferta de alquiler en el mercado.

Y por supuesto las viviendas protegidas no pueden terminar siendo un negocio a largo plazo. Por eso defendemos la calificación permanente de estas viviendas, evitando su descalificación y manteniéndolas al servicio de quienes más las necesitan.

En el Grupo Municipal Socialista tenemos claro que el mercado no respeta, ni respetará, el derecho a la vivienda. Por eso proponemos un modelo alternativo: un modelo que concibe la vivienda como un derecho cívico, una responsabilidad pública, no un negocio lucrativo. Madrid necesita soluciones reales, y nosotros estamos aquí para ofrecerlas.