El Lago de Sanabria, la mayor concentración de agua glaciar de la Península Ibérica y uno de los mayores de Europa, huele a podrido. O por lo menos así se desprende de la querella que ha presentado la Estación Biológica Internacional Duero-Douro (EBI) contra ocho altos cargos y técnicos de la Junta de Castilla y León (entre ellos, el consejero de Medio Ambiente) por delito medioambiental y prevaricación.
El lago está protegido por la Red Natura 2000 y cuenta con la distinción de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Hábitat de Interés Comunitario Prioritario.
La querella presentada en septiembre en el juzgado de Puebla de Sanabria y ampliada la pasada semana ante el Seprona de la Guardia Civil reclama 20 millones de euros a los presuntos responsables de una contaminación por “vertidos ilegales” de aguas residuales “que podría ser irreversible”.
Con ello, EBI pretende, aunque sea a través de los juzgados, que “se tomen medidas inmediatas para parar tres lugares de vertido que hay activos en el Lago de Sanabria”. Estos habrían llevado, según la querella, “a una variación radical de la composición del fitoplancton y a un proceso de eutrofización” de la zona.
Esta denuncia, basada en informes científicos, fue contrarrestada rápidamente por la propia Junta de Castilla y León. Así, el pasado jueves, tras el Consejo de Gobierno regional, el portavoz José Antonio de Santiago-Juárez dijo que las aguas del Lago de Sanabria están en “buen estado”, tanto desde el punto de vista ecológico como el químico, y “cumplen con lo dispuesto en la directiva marco del agua” dictada por la UE.
Él también se basó en dos informes, eso sí de dos organismos públicos, como el del laboratorio hidrológico del parque natural de Lago de Sanabria, que depende de la Junta de Castilla y León, y el de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.
El portavoz dijo que “la masa de agua no está contaminada” y dejó claro que la Junta de Castilla y León “no hace caso de informes privados sino de los oficiales”.
Sin embargo, los responsables de la Estación Biológica Internacional, que es una entidad privada, denunciaron públicamente que estos vertidos contaminantes de aguas residuales-fecales en el Lago de Sanabria podrían obligar a España a devolver 20 millones de Euros de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder). Esta cantidad procede de los 6 millones de euros de los Feder destinados a la construcción de una depuradora y de otros proyectos Life de la Unión Europea.
Además de la querella se incluye un escrito, firmado por una treintena de científicos de España, Francia y Portugal y dirigido a Juan Vicente Herrera, el presidente de la Junta de Castilla y León, en el que se le pide que ordene “con carácter urgente” la paralización “inmediata y definitiva” de los vertidos de aguas fecales y residuales que “están contaminando y haciendo peligrar el ecosistema del Parque Natural del Lago de Sanabria.
Todo ello llega después de que la alerta científica no haya obtenido una respuesta ni por la Junta de Castilla y León ni por la Confederación Hidrográfica del Duero y tras la oferta de la EBI de colaborar con las administraciones de “cualquier signo político” para salvar un ecosistema que también es un enclave turístico que recibe 60.000 visitantes cada año y genera 150 puestos de trabajo.
