Cabo Cope, Anse y el ecologismo inmobiliario

Ya le tengo advertido a Anse, y en especial a su líder Pedro García, de que su conducta viene dejando mucho que desear: por su comportamiento peculiar cada vez se distancian más de la ética ecologista (nada que ver con la primigenia Anse, esforzada e intachable) y con su ambición desmedida de poder y protagonismo se entremezclan, con pasmosa soltura, en tramas que unas veces los implican con instituciones tramposas (el Gobierno regional, singularmente) y otras con empresas abominables; y en alguna ocasión, con ambas a la vez.

Anunciando la compra de Cabo Cope (noticia espectacular que ha alterado el sopor de la cuarentena con un titular de impacto), Anse se marca un buen tanto y consigue, como es de suponer que pretende, ser protagonista de una operación rodeada de simbolismo y que no puede dejar insensibles a tantos y tantos que acusamos muy directamente cualquier noticia o suceso en torno al Cabezo y su entorno. Tengo que decir, en primer lugar, que cuando he visto en la prensa regional a los firmantes de la compraventa protegidos con sus mascarillas de ordenanza, la evocación me ha atrapado y no he podido evitar –Dios me perdone– imaginarme a un trío de encapuchados repasando el botín tras un asalto exitoso al correo del rey.

Porque resulta que Cabo Cope, propiedad de Bankia ya cuando era Caja de Madrid, es decir, banca pública, pasó a ser propiedad privada tras privatizar las cajas de ahorros la canalla del PP, pero regresó a patrimonio público cuando esa caja, administrada por aquella caterva de pillos y manirrotos, tuvo que ser rescatada y nacionalizada. Lo que compra Anse es, pues, una propiedad pública que, en la encrucijada urdida por un Estado depredador, la institución encargada de administrar la banca nacionalizada (la famosa Sareb) enajena y malvende, sin el menor escrúpulo social o ecológico.

Por supuesto que a los burócratas de la Sareb nadie les pide que sean sensibles a otra cosa que al interés –en definitiva– de las futuras instituciones financieras por cuya saneada privatización trabajan. Pero el Gobierno de la nación, muy en concreto el Ministerio para la Transición Ecológica, no debería permitir esa transacción tan perversa, digna de acabar en los Tribunales. Ni los de Anse debieran haber acudido a aprovecharse de la coyuntura, por más que se quieran proteger con ampulosas e hipócritas protestas de autobombo: “Una Junta Directiva de apasionados por la conservación…”, dicen en su nota, a la que acompaña la histórica foto de los enmascarados que llevan también a imaginar unos negociantes clandestinos que prevén desplumar a alguien (o algo: en este caso, los bienes públicos).

Cabo Cope está protegido y a salvo de construcciones y actuaciones contra el medio ambiente por su antigua calificación como no urbanizable de especial protección, y las más recientes declaraciones como LIC (Lugar de Interés Comunitario) y ZEPA (Zona de especial protección de las Aves). ¿A cuenta de qué, la compra por los salvadores de Anse de este espacio? Convirtiendo en privada una propiedad pública, como es en la actualidad, tanto Anse como la Sareb (el Estado) se cubren de ignominia, ya que se alían para enajenar un bien público y perjudicar a los contribuyentes.

¿Vamos a asistir, como me temo, a que ese característico gigante, apenas perturbado en su pétreo y paciente silencio por andarines amantes de la naturaleza, se vea colonizado, al transformarse en propiedad privada, por la fanfarria –carteles, casetas, proyectos– del estilo de la que puntea un poco por toda la Región, con actuaciones tantas veces hueras, ridículas o fracasadas?

Vaya, vaya. En su festiva nota, Anse no deja de expresar su “empeño” por desterrar definitivamente el proyecto de urbanización de 'Marina de Cope', pero su operación inmobiliaria en nada contribuye a esta encomiable declaración. Para obstaculizar directa y eficazmente esa maldita urbanización lo que podían haber hecho, con el poderío financiero que demuestran, era comprar en medio del Parque Natural una de las fincas llamadas a ser urbanizadas: la mayoría de esos agricultores de la Marina de Cope, activos y diarios depredadores ambientales, estarían encantados de abandonar las lechugas y hacer caja. Así, Anse habría actuado limpia y lealmente.

¿Sensibilidad ecologista?

No veo, pues, el menor asomo de sensibilidad ecologista en la operación comercial de Anse, sino todo lo contrario: negocia, en secreto y sin que le importe lo más mínimo la opinión de las organizaciones ecologistas regionales, con los peligrosos e insensatos agentes anti-Estado de la Sareb.

Cuando se le pida a la ministra para la Transición Ecológica (con la que me dicen que Pedro García, el manager triunfador, tiene línea directa) que obstaculice esta desvergüenza y, si llega tarde, expropie Cabo Cope a esos oportunistas llamados ecologistas. Evitar que acabe Cabo Cope 'en manos de un fondo especulativo', como proclaman, tienen mucho de desfachatez.

No cabe duda, nos encontramos ante un caso singularísimo de admirable capacidad empresarial y de agudeza especulativo-inmobiliaria personificadas, ambas, en un ecologista antiguo, tenazmente empeñado en transitar el (peligroso) itinerario de la impostura. A los ecologistas no les vale todo, y mucho menos practicar las artes de empresarios y mercaderes por muy ecológico que parezca el objetivo.

Pedro García y los suyos están ganándose profundas y bien fundadas antipatías en el mundo ecologista, lo que no parece que les turbe gran cosa, atribuyéndolo a 'envidia' y, supongo, a conspiraciones de frustrados. Con el despegue como sociedad inmobiliaria (o fundación: lo mismo da), que es un paso importante en su estrategia íntimamente vinculada con su evolución a empresa de servicios, estos prósperos emprendedores se adhieren a la idea, grotesca por interesada, de que “para protegerla, a la naturaleza hay que privatizarla”, con lo que envilecen social y políticamente al ecologismo.

Sobre esto ya advertí fraternalmente en su día a Pedro García, ya que se trata de una perversa ideología que el ecologismo más social debe combatir, la exhiba quien la exhiba.

La tarea de conservación implica a toda la sociedad, principalmente a los poderes públicos y sobre ellos –decisores, administradores, legisladores…– hay que concentrar el esfuerzo exigiendo que cumplan con sus obligaciones; pero no negociando con ellos el levantamiento de sus deberes privatizando lo que es, o merezca ser, público. El ecologismo de Anse se ha convertido ya en un no-ecologismo, y no se le deberá considerar en adelante como grupo ecologista: como mucho, y de momento, comercial-conservacionista. En nuestra propia Región hay ejemplos de otros conservacionismos, mucho más claramente ecologistas, gestionando y cuidando territorios valiosos mediante acuerdo con sus propietarios sensibles, sin caer en el vicio de poseer y acumular.

Entre los listillos de Anse y los vende patrias de la Sareb hemos hecho un pan como unas hostias.