Anpier llevará a cabo una presentación ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, con el fin de exponer la situación que están viviendo los pequeños productores e inversores de energía fotovoltaica en España tras el recorte del 50% de las primas a las energías renovables aprobado por el PP.
De ese modo se pretende trasladar a las instituciones comunitarias el “disparate legislativo” y la “inseguridad jurídica” que ha provocado la norma retroactiva del Gobierno de Rajoy, que retiró las retribuciones comprometidas por el Estado para con 65 mil instalaciones fotovoltaicas, y de ellas, de manera especial, para con las más de 30 mil que pertenecen a familias y pequeños ahorradores. Y aún de manera más concreta, para con las miles de familias murcianas que dedicaron su dinero a la instalación de paneles fotovoltaicos en la región “donde vive el sol”.
En un encuentro celebrado hoy con Soledad Cabezón, miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y Coordinadora de los Socialistas en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha hecho un repaso al proceso que se inició en 2007 con el llamamiento del Gobierno español a los pequeños ahorradores para que invirtieran en energías limpias, y que ha concluido -de momento- con el recorte de un 50% de las retribuciones comprometidas.
Aunque la reunión se enmarcaba en la agenda programada por el PSRM-PSOE para trasladar los principales problemas de la Región de Murcia a los miembros del Grupo Socialisa en Bruselas, Martínez-Aroca no ha ocultado que la primera medida retroactiva en contra de los intereses del sector, aunque temporal y coyuntural, fue adoptada por el propio Gobierno de Zapatero. “Nosotros hubiéramos estado dispuestos a aceptar otro recorte como ese, que se justificó en la situación de crisis que atraviesa el país, pero desde luego no podemos aceptar un recorte del 50% que se nos impone”, ha explicado el presidente de Anpier. “Y además, el PP ha aprobado el decreto retroactivo en contra de sus propias promesas electorales”, ha recordado Martínez-Aroca, ya que el Partido Popular se opuso al primer recorte a las primas decretado por el PSOE.
Tras la exposición de Martínez-Aroca, Soledad Cabezón se ha mostrado preocupada por la difícil situación que están viviendo las familias que respondieron a la iniciativa estatal de invertir en energía fotovoltaica, y ha propuesto al presidente de Anpier la elevación de una petición al Parlamento Europeo a través de la Comisión encargada de recoger propuestas y reivindicaciones concretas de los ciudadanos, además de llevar a cabo una presentación ante dicha Comisión. Para ello se hará valer también la numerosa documentación acumulada por esta asociación, que viene denunciando la injusticia y el agravio comparativo que ha provocado ese recorte, ya que en opinión de Martínez-Aroca, no supone lo mismo el 50% de la inversión para una gran compañía eléctrica que para un pequeño inversor que ha hipotecado su patrimonio familiar.
En presencia de Soledad Cabezón y del secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar, Miguel Ángel Martínez Aroca ha querido distinguir la situación de los pequeños inversores de la de los grandes fondos de inversión, y ha explicado que la intención de Anpier es agotar las opciones políticas y llegar a un acuerdo. De hecho ya cuentan con el apoyo de varios partidos, y entre ellos el del PSOE, cuyo secretario general, Pedro Sánchez, visitó recientemente una instalación fotovoltaica en Jumilla. Sin embargo, Martínez-Aroca también ha recordado que tanto en Reino Unido como en Alemania se logró frenar un intento similar de recorte de incentivos estatales a las energías renovables, y ha recalcado que por este motivo, España es actualmente el país que más arbitrajes internacionales tiene abiertos en todo el mundo, algo a lo que se tendrá que enfrentar el gobernante que esté en el poder cuando dichos procesos se resuelvan.
En el relato de la situación que viven los pequeños inversores de energías fotovoltaicas, Miguel Ángel Martínez-Aroca ha incidido en la angustia de tener avaladas las instalaciones con el patrimonio familiar. Además, ha trasladado a Soledad Cabezón la recomendación que, de momento, Anpier está haciendo llegar a todos sus asociados: refinanciar la deuda contraída con los bancos -quedan por pagar 18 mil millones de un total de 20 mil- y tratar de aguantar. Según ha explicado Martínez-Aroca, “las instalaciones fotovoltaicas se han convertido en una inversión financiera”; es decir, no se abona por kilovatio producido “sino por la simple inversión”, y además, “tampoco se tiene en cuenta la ubicación, con lo cual recibe lo mismo una instalación en la Región de Murcia que una en Galicia”.
De ese modo, el presidente de Anpier considera que se está perjudicando gravemente a la economía española en general, pero también, en particular, a las grandes posibilidades de generación de energía que tiene el sur del arco mediterráneo con Extremadura, Andalucía y la Región de Murcia. Por último, Martínez-Aroca volvió a denunciar el sistema energético español en el que se fomentan las prospecciones pretolíferas o el 'fraking' masivo en lugar de aprovechar las potencialidades de España para generar energía limpia. Gracias al compromiso de Soledad Cabezón, Anpier podrá presentar todas sus inquietudes ante la Comisión de Peticiones una vez se lleve a cabo el proceso administrativo establecido por el Europarlamento.
