Investigan a la Consejería de Educación de Murcia por una presunta prevaricación administrativa al retrasar pagos a docentes interinos
El Juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia ha abierto diligencias por presunta prevaricación administrativa contra la Consejería de Educación de la Región de Murcia. Trece miembros de la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (AIDMUR) interpusieron una denuncia por considerar que la Consejería tiene paralizados voluntariamente los ingresos de sus sueldos adeudados. Los pagos pendientes oscilan entre los 2.000€ y los 18.000€, y corresponden a los meses de verano entre 2011-2012 y 2014-2015. El juez ha visto indicios de que se podría haber cometido un delito leve y ha ordenado la apertura de una investigación.
El documento legal presentado por los interinos, al que ha tenido acceso eldiario.es de la Región de Murcia, señala directamente a la exconsejera de Educación, Adela Martínez-Cachá, a la Directora General de Recursos Humanos de Región de Murcia y a cualquier persona que durante la instrucción pudiera aparecer como responsable de los hechos denunciados.
La administración debe reintegrar los salarios faltantes a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo del 11 de junio de 2018 por la que se anulaba una ley emitida por el Consejo de Gobierno de Murcia en 2012, que permitía que los interinos fueran despedidos durante los meses de verano (julio y agosto). La propia AIDMUR fue quien en ese mismo año interpuso una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por considerar que dicha norma no se ajustaba a la ley. Más tarde presentaría un recurso en el Supremo, órgano que les daría la razón.
Un miembro de la asociación señaló a eldiario.es de Murcia que nadie de la Consejería de Educación “quiso sentarse a negociar las condiciones de la devolución”, sino que lo hicieron con las organizaciones sindicales. Las mismas fuentes indican que varias personas de AIDMUR “no estaban a favor del acuerdo firmado con los sindicatos” por lo que se atuvieron a la doctrina del Supremo, es decir, la devolución íntegra de sus sueldos. Para ello, emplearon la vía de revisiones de oficio, un proceso jurídico por el cual se le hacen requerimientos directos a la administración.
Los miembros de AIDMUR presentaron su solicitud en junio de 2018. “Tenían un plazo de seis meses para contestarnos, pero nunca lo hicieron”, advierten desde la asociación de interinos docentes, que lleva 16 meses esperando a que se les reintegre los sueldos. “Pusimos varios escritos a la Consejería advirtiéndoles de que estaban incurriendo en un delito porque en las revisiones de oficio no cabe el silencio administrativo, pero aún así no dijeron nada”.
La denuncia presentada alega que la administración murciana “no ha realizado ni un solo acto destinado a tramitar las solicitudes […] limitándose a guardarlas en un cajón indefinidamente, dejando pasar el tiempo”. AIDMUR señala que mientras todas sus diligencias están paralizadas, otras asociaciones de docentes interinos han visto sus solicitudes respondidas, tachando la situación de “discriminación palmaria”. “Entendemos que esta práctica ilícita es fruto de la profunda animadversión que se […] profesa a AIDMUR por el mero hecho de haber conseguido que el Tribunal Supremo le obligue a pagar los veranos a los interinos docentes”.
Acuerdo con los sindicatos
La Consejera de Educación firmó un acuerdo con los sindicatos en julio de 2018 para el pago gradual de las cantidades adeudadas tras la sentencia del Supremo que así lo exigía. Los parámetros del documento firmado dejan en manos de la administración el momento del pago de la deuda, pudiendo saltarse el calendario de pagos si alega “ausencia de disponibilidad presupuestaria”.
“Precisamente por estas razones, AIDMUR rechazó firmemente el acuerdo” expresa la denuncia. El 19 de julio de 2019, los medios de comunicación se hacían eco de que desde el Gobierno regional solamente se había pagado el primer plazo de dicho acuerdo (retribuciones del verano de 2012) a 280 de los 4.500 interinos que debían haberlo cobrado. Las razones de la Consejería fue la falta de dinero para los pagos, además de que el acuerdo firmado con los sindicatos le exime de pagar si carece de disponibilidad presupuestaria. Desde AIDMUR consideran que, a la “discriminación” por formar parte de esta asociación de interinos, se suma una “coacción para intentar forzarnos a aceptar el acuerdo suscrito entre Administración y sindicatos”.
Este medio ha intentado ponerse en contacto con el departamento de prensa de la Consejería de Educación en varias ocasiones sin éxito.
