“Me dijeron que no tenían viviendas sociales de urgencia”: una mujer víctima de violencia de género y con tres hijos tras un desahucio

Pilar (nombre cambiado) tuvo que llevar el pasado 5 de diciembre a sus tres hijos a la casa de su madre en Alicante porque le habían desahuciado de su casa en el barrio del Infante en el municipio de Murcia al no poder pagar el alquiler. “Solicité una vivienda social y me dijeron que no tenían viviendas sociales de urgencia”, señala Pilar.

Finalmente, se fue a vivir a casa de una amiga, encontró un trabajo y pudo conseguir los 1.500 € para pagar a la inmobiliaria, la fianza y el alquiler de su nueva casa. Sus hijos volvieron a Murcia el pasado 10 de enero y pudieron asistir de nuevo al colegio tras perder 20 días de clase.

“Las viviendas son muy caras. Ahora mismo estoy trabajando, pero no se puede pagar 500 euros de alquiler, 200 de luz y 50 de agua y tener tres niños. He pedido la ayuda de alquiler dos años y no supero los puntos”, dijo Pilar, quien nunca ha tenido un contrato fijo. Pilar se quedó en casa mientras sus hijos eran pequeños, pero empezó a trabajar como camarera cuando se separó del padre de su hijo menor por violencia de género en 2011. El padre de sus dos hijos mayores no le pasa pensión.

“Hay muchas más mujeres en el mercado secundario de trabajo con peores condiciones laborales. También hay que tener en cuenta que con los divorcios las mujeres se empobrecen más, además de que se suelen quedar con los hijos. Todo eso afecta al acceso a la vivienda”, señaló Lola Frutos, profesora de Sociología en la Universidad de Murcia.

En la Región de Murcia los desahucios por alquiler han aumentado en el segundo trimestre del año un 35,8% y un 31,6% los desahucios por ejecución hipotecaria, según datos del Consejo General del Poder Judicial.“Para actuar sobre la desigualdad hay que medirla. Sería muy importante, por ejemplo, segregar por género los datos sobre desahucios”, añadió Frutos.

“Tenemos datos de cómo la pobreza afecta cada vez más a mujeres. Todo eso tiene una implicación de acceso a la vivienda, sobre todo si se tiene en cuenta los alquileres altos y la compra imposible”, dijo Miguel Ángel Alzamora, concejal de Ahora Murcia e impulsor de la moción que se presentó el jueves en el Ayuntamiento que busca la inclusión de la perspectiva de género en la política de vivienda municipal.

La moción planteó, entre otras cosas, que la normativa de adjudicación de vivienda social tenga una prioridad expresa para la mujeres víctimas de violencia machista a través de puntuación favorable, que se elabore un reglamento de para viviendas municipales cedidas a estas mujeres, como ya existe en otros ayuntamientos, o que las mujeres víctimas de violencia machista puedan hacer uso de los recursos sin orden de protección ni denuncias policiales.

La moción presentado por el PSOE, Cambiemos Murcia, Ahora Murcia en el Ayuntamiento ganó por unanimidad en el Pleno.

“La política del Ayuntamiento de Murcia es cero. Aunque estén las ayudas del alquiler y se hayan aumentado un poco, el problema ha aumentado muchísimo más. No tenemos un plan municipal de vivienda social. Y ya no hablamos solo construir, hay más 30.000 viviendas vacías en el municipio para intentar ponerlas en alquileres”, apuntó Alzamora.

“Además, el servicio de vivienda está infradotado y hay muchísimo descontrol sobre el parque municipal de viviendas que tiene alrededor de mil”. “Los datos de desahucio son graves, pero ¿cuánta gente está dentro de su casa sin pagar el alquiler? En muchos barrios obreros de Murcia hay muchísimas casas ocupadas, no con una intención de ocuparlas, sino porque han dejado de pagar el alquiler”, dijo Alzamora.

En el municipio de Murcia existen 17.285 familias monomarentales con menores, el 80% del total de familias a cargo de un solo progenitor, según datos del Ayuntamiento. “Las familias monomarentales sufren mayor riesgo de pobreza y otras formas privación material”, señala un informe sobre vivienda de Amnistía Internacional de 2017.

La moción subrayó que “el aumento de las familias monomarentales con hijos menores; unas normas que obligan a denunciar previamente ante casos de violencia machista para poder acceder a una vivienda social; mujeres mayores solas en viviendas no adecuadas a sus necesidades”, entre otras cuestiones, hacen que “el problema de la vivienda se ha feminizado”.