El gerente del Servicio Cántabro de Salud niega adjudicaciones a dedo y atribuye las acusaciones a un “conflicto personal”
El gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Julián Pérez Gil, ha negado la existencia de adjudicaciones a dedo en su departamento y ha anunciado acciones legales contra la jefa de Servicio de Contratación Administrativa y Gestión de Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez, por estas acusaciones.
La demanda judicial “por injurias” se interpondrá, según ha señalado, a título personal por el subdirector de Gestión Económica, Javier González, a la cual se sumará el propio gerente, porque “se atenta contra su honor”. No obstante, ha afirmado que desconoce si el SCS emprenderá algún tipo de medida de este tipo.
Este alto cargo de la Consejería de Sanidad que dirige María Luisa Real (PSOE) se ha visto obligado a comparecer este miércoles a raíz de que El Diario Montañés desvelara el contenido de una carta envidada hace dos meses por parte de una funcionaria de máxima responsabilidad en la que denuncia que sufre “continuas injerencias” por parte del subdirector y que su despacho está “ocupado por asesores externos”.
En la misiva, mandada el 28 de febrero a la consejera, a la secretaria general y al gerente que ha comparecido -el subdirector no lo ha hecho porque tenía “programada una operación quirúrgica en Bilbao”- Rodríguez asegura que “desconoce” la relación de estos asesores con la Administración, y que “se realizan reuniones con todo tipo de empresas que después son la base de las propuestas contractuales”. Afirma también que “intervienen en las evaluaciones de las ofertas asesores externos a la Administración a los que se les entrega documentación contractual”.
Pérez ha achacado estas acusaciones a un “conflicto personal” entre la alta funcionaria y el subdirector. “Se lleva mal con él, tiene mala relación”, ha explicado. Y no ha dudado en señalar que detrás de esta información filtrada a la prensa hay “injerencias políticas”, y para sostener esta afirmación ha puesto el foco en la convocatoria de una rueda de prensa del PP “a las 10.30 sin tiempo para reaccionar”.
Al mismo tiempo, ha resaltado que la funcionaria cogió la baja el pasado martes después de que se viera involucrada el día anterior en una “discusión por la compra de las vacunas”. “La gestión del día a día de la Administración es bastante urgente y las demoras son muy importantes y tienen consecuencias para los pacientes y de ahí vienen las discusiones que ha habido con esta persona”, ha manifestado ante los medios.
Respuesta a las acusaciones
En lo referente a las acusaciones vertidas por esta funcionaria con 35 años de experiencia, Pérez ha negado la existencia de “adjudicaciones a la carta”, tal y como “viene a decir” la misiva. Ha explicado que “lógicamente hay reuniones con empresas, porque hacen multitud de contratos con una diversidad muy importante” y que “en algunas cuestiones hay especificidades en la contratación que es necesario conocer”. “Una cosa es que se consulte con las empresas, como se hace en todos los sitios de España”, ha recalcado, pero “de las reuniones no sale ningún pliego”, ha aclarado.
Además, ha añadido que las compras se hacen en una mesa de contratación que preside Rodríguez, y en la que también toman parte un abogado de Presidencia y la interventora. “Yo no he participado en ninguna y el subdirector en pocas”, ha subrayado Pérez, quien ha destacado que el servicio de Intervención “hace informes anuales de los contratos” y que en ellos “no hay reparos”.
Sobre la presencia de asesores externos, el gerente ha insistido en que “efectivamente se han contratado para que hicieran un informe neutral sobre los proyectos presentados a las tres grandes obras licitadas”, Sierrallana, Santoña y Laredo, ya que “son alrededor de 50” y el SCS “no tiene capacidad para estudiar todos esos proyectos”.
Pérez ha añadido que también se ha contratado una asesoría externa para el concurso de laboratorios. Por supuesto que “se encargan expedientes a personal estatutario”, ha enfatizado, puesto que “el 95% de los trabajadores lo son”. Además, ha hecho hincapié en que el subdirector le ha asegurado que el despacho de la denunciante “no ha estado en ningún momento ocupado por ninguna persona ajena”.
Finalmente, ha explicado que tras recibir la carta, habló con Rodríguez y que “se me encogió de hombros”. Sin embargo, ha reconocido que no se ha tomado ningún tipo de medida contra ella de carácter interno hasta el momento puesto que “pensaban que se podía resolver” sin necesidad de ello, y que la demanda se interpone tras la filtración a la prensa.
Reacciones
Las reacciones a esta información no se han hecho esperar. Izquierda Unida ha sido la primera formación en hacerlo instando a la Fiscalía a que “tome nota de las adjudicaciones a la carta en el SCS” y señalando que “no descarta acciones propias”. Podemos ha solicitado la comparecencia en el Parlamento de la funcionaria que denuncia estas supuestas irregularidades, y Ciudadanos, por su parte, exige que sea la consejera de Sanidad la que lo haga.
El PP ha ido más allá y ha pedido a Revilla que “depure responsabilidades” ante lo que consideran un “reguero de irregularidades” en este departamento. El presidente de Cantabria ha respondido a los populares asegurando que “pedirá explicaciones” y que “exigirá medidas” si se confirman.
