ETA mete en el congelador su “desmovilización definitiva” hasta la primavera de 2018

A ETA la crisis política en Catalunya le ha sorprendido en plena discusión sobre su final definitivo. La organización desarmada ETA llega al aniversario del cese de su actividad terrorista -hace ahora seis años- en pleno debate interno sobre su “desmovilización definitiva”. El 'timing' del final de ese proceso, previsto en principio para finales de este año, se ha modificado sin que se sepa muy bien las razones reales de este nuevo calendario que, según fuentes conocedoras del proceso de debate abierto tras el desarme del pasado 8 de abril, sitúan ahora su final en la primavera de 2018.

En su penúltimo comunicado, del pasado 18 de septiembre, la propia organización anunciaba que este debate sobre el papel que tenía que tener en un futuro tras el desarme parcial del pasado 8 de abril, se había retrasado para “no entorpecer otros debates que se estaban realizando en la izquierda abertzale”, en alusión al que realizaron en los últimos meses los presos de ETA en torno a la aceptación de las vías legales y la legislación penitenciaria para adelantar su salida de prisión.

Todo el proceso del cierre definitivo del ciclo terrorista de ETA se aplaza. De hecho, en el frente de presos etarras no se ha activado aún lo relacionado con la aceptación individual de la legalidad y de las vías recogida en la ley penitenciaria por parte de los reclusos de la organización desarmada para acelerar su salida de prisión y obtener beneficios carcelarios, según fuentes conocedoras de la situación en las prisiones de este colectivo. Y esa decisión se adoptó a finales de junio, cuando un 73% del colectivo de presos de ETA (EPPK) -frente a un 14% que votó en contra- apoyó el documento que permitirá a los reclusos individualmente entrar en la rueda de los beneficios penitenciarios. “No hay nada de nada en ese frente”, confirman las citadas fuentes.

ETA, además, se resiste a desaparecer como “agente político”. De hecho, en su último comunicado, fechado en septiembre pasado con motivo del Gudari Eguna (Día del soldado vasco), tras tomar nota de lo que está pasando en Catalunya, reclamó iniciar un proceso similar en Euskadi para “ejercer” el “derecho a decidir” en una consulta. Se trataría, según ETA, de emprender un proceso “como pueblo” en el País Vasco, es decir, en el que “el pueblo y la ciudadanía” sean los protagonistas y “con la acumulación de fuerzas y la activación popular como ingredientes fundamentales”. 

El retraso afecta sobre todo a los presos etarras

Con todo, la ya organización desarmada aclaraba que su intención en ningún caso era tutelar ese proceso -por el que apuesta abiertamente EH Bildu- porque es “consciente” de que en este nuevo ciclo político “no será un agente principal”. “Este es el análisis de ETA, análisis que bajo ningún concepto realiza con la intención de dirigir, garantizar o juzgar ese proceso como pueblo tan necesario, pues ETA es perfectamente consciente de que en el ciclo político que viene nuestra organización no será un agente principal”.

Paradójicamente, esta persistencia de la franquicia de ETA es la opción que más problemas genera a sus propios presos (en torno a 330 repartidos en 65 cárceles, con un 69,% de ellos alejados entre 600 y 1.000 kilómetros de Euskadi, según datos facilitados en verano por el movimiento de familiares de reclusos etarra Etxerat). El Gobierno del PP no tiene ninguna intención de variar su política penitenciaria de dispersión de ese colectivo mientras no vislumbre esa “disolución clara y definitiva” de la organización terrorista. Algo que Rajoy, alguno de sus ministros como el de Interior Zoido y los dirigentes del PP nacionales y vascos ha reiterado hasta la extenuación en declaraciones públicas, entrevistas y en el Congreso de los Diputados

¿Por qué ETA ha retrasado su final? ¿Hay disensiones internas? ¿La propia dificultad de mantener un debate entre los escasos activistas que están fuera de prisión y el grueso de los terroristas, encarcelados?

Sin duda, el debate interno no es fácil, entre otras cosas por el hecho de la política de dispersión de los reclusos de ETA. La última discusión pública -en la que decidieron dar luz verde al uso de la legalidad penitenciaria, algo que la dirección había prohibido durante décadas, expulsando a los que optaban por esa vía- se inició oficialmente a finales del pasado año y sus conclusiones no se hicieron públicas hasta el 30 de junio de este año: medio año largo de duración. Y en ella solo participaron los presos. Ahora deberán también sumarse los activistas (una docena larga, según fuentes policiales) y los etarras que se encuentran dispersas por el mundo, sobre todo en América Latina)

“No parece que sea un problema de disensiones internas”, señala una fuente autorizada del Gobierno vasco. “La previsión es que las peticiones de los presos se retrasen unos meses y que hasta primavera del año que viene no se presenten las conclusiones del debate”, avanzan.

El propio Foro Social Permanente -que con la participación del abogado sudafricano Brian Currin recordaba esta misma semana el acuerdo de Aiete que precedió hace seis años a la decisión de ETA de abandonar el terrorismo - dejaba las cosas claras: “Todos entendemos que hay un aspecto determinante en el proceso de paz: la desmovilización de ETA. Entendemos que debe conllevar el desmantelamiento total de las estructuras militares y que todos sus militantes puedan reintegrarse a la vida civil”, apuntaban. 

Una fecha icónica para ese final podría ser los días que giran en torno al Aberri Eguna (Día de la patria vasca), que en 2018 se celebrará el domingo 1 de abril, aunque nadie lo confirma. “Lo que no se dan cuenta en ETA es que la ciudadanía ya ha pasado la página definitivamente” abundan desde el Ejecutivo autonómico, y que “la sociedad se ha situado ya en otras claves”. Nadie espera ansioso el comunicado del cierre definitivo de la persiana de ETA salvo quienes más lo necesitan, los que están entre rejas, vienen a decir esas fuentes.