Euskadi reclama a Iglesias y Escrivá la gestión del ingreso mínimo vital ante el riesgo de una “invasión de competencias”

La consejera vasca de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha instado al vicepresidente Pablo Iglesias y al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, a que informen “a la mayor brevedad” de su plan detallado para implementar en España el denominado ingreso mínimo vital. Euskadi considera “positiva” esta prestación siempre que sea “complementaria” a la renta de garantía de ingresos (RGI) existente desde 2008 y siempre que pueda ser gestionada por las comunidades autónomas, que tienen competencias “exclusivas” en materia de protección social.

Artolazabal, en respuesta a preguntas de los periodistas, ha asegurado que las oficinas del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) tienen “toda la arquitectura preparada para poder gestionar” la nueva prestación. El Gobierno vasco -en línea con su postura en relación a otras medidas adoptadas por el Estado durante la pandemia de la COVID-19- ha mostrado su “preocupación” por la posible “invasión de competencias” en esta materia y ha insistido en que sería un modelo “más eficiente” que se cediese a las autonomías el pago de estas ayudas de modo que sean “compatibles” con los fondos propios.

Este asunto recuerda a una antigua ayuda de 426 euros creada en la anterior crisis para desempleados sin prestación. En 2018, el Tribunal Constitucional dictaminó que ese plan de 2014 debería pasar a manos autonómicas, que gestionarían los fondos estatales. En Euskadi, la RGI permite complementar cualquier ingreso público o privado hasta alcanzar el umbral fijado como garantía de ingresos, de modo que el nuevo ingreso mínimo vital sería ampliado con fondos propios hasta llegar a las cuantías establecidas en la normativa vasca. La prestación más básica conforme a las tablas de 2020 es de 694 euros para una persona sola y de 796 euros en caso de que sea pensionista. No obstante, la RGI ha sufrido recortes también durante los últimos años, ya que la más básica debería estar en 924 conforme a la ley de 2008.

Artolazabal ha indicado que ha hablado “personalmente” tanto con la vicepresidencia social de Iglesias como con el área de Seguridad Social, pero asegura no haber recibido aún los detalles del nuevo ingreso mínimo vital. Ha dicho también que “Euskadi siempre ha sido pionera” en medidas de esa naturaleza y que desde el Estado se le ha indicado que “el modelo a seguir es de la RGI”.

10 millones para 10.500 situaciones de vulnerabilidad

La consejera de Empleo y Políticas Sociales ha comparecido este lunes de manera presencial ante los periodistas para presentar un plan de 10 millones de euros para “situaciones de riesgo, exclusión y/o pobreza derivadas o agravadas por la COVID-19”, un fondo llamado 'Inor atzean utzi gabe' ('no dejar a nadie en el camino', en euskara). Son ocho iniciativas de diferente calado, algunas ya en marcha, como apoyo social y psicológico para personas vulnerables durante el confinamiento, reparto de suministros a personas mayores solas o ayudas para el estudio a distancia para familias sin medios tecnológicos. También hay un plan llamado Betirako ('para siempre') para apoyar situaciones de “duelo complicado” -se estima que hasta un 30% de las familias podrían vivirlo en la pandemia- y un complemento económico para aquellos casos a los que no llegan ni la RGI ni otras ayudas sociales vascas como la PCV o las AES -que ya fueron ampliadas en 16 millones-.

Artolazabal ha recalcado que el fondo ha sido consensuado con entidades del tercer sector y, de hecho, un representante físicamente y cuatro por videoconferencia han asistido a la presentación. Esos 10 millones suponen apenas el 1% de un presupuesto total de 1.000 que maneja Empleo y Políticas Sociales y si los beneficiarios estimados son 10.500, la media de gasto por persona es de 950 euros, aproximadamente.