El Gobierno de Urkullu revisará las adjudicaciones al grupo Montai, pero adelanta que un primer examen no detectó irregularidades

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado este martes tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno que la Oficina de Control Económico, dependiente del Departamento de Hacienda, revisa desde finales de noviembre los contratos del Instituto de la Memoria (Gogora) con un grupo de empresas de un cargo del PNV, Aitor Elorza, adjudicaciones realizadas en su mayoría 'a dedo' y que en el 59% del total han recaído en una mercantil que no tenía trabajadores cuando recibió los primeros encargos, según ha venido publicando este periódico. En total, lo ingresado por el grupo Montai para la gestión de la carpa de la exposición itinerante Plaza de la Memoria de Gogora supera los 700.000 euros. El Instituto de la Memoria depende directamente de la Presidencia vasca.

Erkoreka, preguntado por los periodistas sobre las anomalías en torno a estas adjudicaciones, ha manifestado que la secretaría general de Presidencia ha requerido un dictamen a la Oficina de Control Económico. Será “más serio y riguroso” que “el primer examen” que realizó el propio Gogora y que no detectó irregularidades, aunque fuentes del Ejecutivo insisten en que confían que las conclusiones sean del mismo calado. Además, el portavoz ha informado de que la directora del organismo, Aintzane Ezenarro, ha elevado un escrito a la Comisión de Ética del Gobierno en relación a las contrataciones al grupo Montai, si bien no ha trascendido ni el contenido ni en el sentido de este documento. Ezenarro tiene un acto público a finales de esta semana, un homenaje a mujeres políticas de la II República y de la Guerra Civil en la sede central de Gogora en Bilbao.

Ezenarro ha contactado también con todos los partidos de la oposición en Euskadi, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP, a los que ha emplazado a reuniones para valorar más en profundidad el alcance de estas informaciones. No obstante, todos ellos han preparado ya una batería de iniciativas parlamentarias en torno a la relación del Gobierno con el grupo Montai.

Desde la coalición Elkarrekin Podemos se había solicitado ya en 2019 que el Tribunal de Cuentas incluyese en su planificación de 2020 la revisión de las adjudicaciones a Montai y sus filiales en Gogora, pero también en Presidencia y en otros ámbitos como el Ayuntamiento de Hondarribia, que es donde se originaron las primeras alertas. En el Parlamento, han realizado una solicitud de información al Gobierno de Iñigo Urkullu para conocer todas las adjudicaciones desde 2014 y han hecho extensiva esta exigencia en las tres Diputaciones, en las tres capitales y en los principales municipios. La parlamentaria Cristina Macazaga ha pedido en Twitter poner coto a las “redes clientelares” y otra de las formaciones socias de la coalición, IU, emitió también un comunicado pidiendo explicaciones.

EH Bildu también presentará iniciativas parlamentarias aunque las definirá en los próximas horas, según han indicado sus portavoces. Finalmente, el PP ha anunciado en un comunicado que pedirá la comparecencia de Ezenarro en la Cámara “ante la existencia de contratos bajo sospecha” y que el propio lehendakari valore el asunto en un pleno de control, si bien enero es un mes inhábil y no hay sesiones plenarias hasta febrero. “Cuando todavía no han dado explicaciones en el Parlamento Vasco sobre el 'caso De Miguel', el mayor caso de corrupción en el País Vasco, Urkullu tendrá que emplearse en aclarar estas graves actuaciones que ponen en entredicho la limpieza y la transparencia de su gestión”, ha manifestado el 'popular' Carmelo Barrio, que ha denunciado también el “clientelismo sistémico que siempre beneficia a los nacionalistas”.