La Justicia ordena que “de manera urgente” se empiecen a hacer pruebas de coronavirus a toda la plantilla de la Ertzaintza

Los magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Garbiñe Biurrun, José Luis Asenjo y José Félix Lajo, han accedido “en lo sustancial” a la solicitud realizada por el principal sindicato de la Ertzaintza, Erne, y ha ordenado que “de manera urgente e inmediata” se haga una segunda prueba de COVID-19 a todos los agentes que dieron positivo antes de darles el alta y ordenarles la vuelta al trabajo. Además, “siempre y cuando se dispongan de los medios necesarios”, plantea que se realicen test masivos a todos los policías que “estén en contacto con la ciudadanía” y, en tercer lugar, a toda la plantilla, de unos 7.700 efectivos. No cabe recurso ante esta decisión.

En un auto del pasado 17 de abril conocido este lunes, el tribunal asume que la Ertzaintza es un colectivo de “riesgo” y “sensible” por sus funciones y que, por la naturaleza de la función policial, hay contactos físicos “forzados” que impiden guardar las “cautelas” generales de distancia social. Realizar el test del coronavirus es “eficaz” para conocer el alcance de la pandemia y, según la magistrada, sería “ilógico” no realizarlo a la Policía cuando hay planes de extenderlos “a una proporción importante de ciudadanos”. 

No obstante, Biurrun considera que estos análisis deben ser escalonados. Lo fundamental es que los agentes que reciban el alta tengan una prueba negativa antes de regresar a trabajar. Según el sindicato Erne, medio centenar se han reincorporado sin haber dado negativo. Incluso hay un caso en que ha recibido el visto bueno y, después, ha vuelto a dar positivo. Osakidetza ya tuvo que recular tras haber dado altas médicas a profesionales sin diagnóstico negativo, como publicó este periódico. “Han podido contagiar a otros compañeros”, clama Roberto Seijo, secretario general de la central, quien considera que los tribunales “miran más por la salud de los ertzainas que el propio Gobierno vasco”.

Después de este grupo -hasta el viernes eran 165 los casos confirmados en el cuerpo, pero habría que añadir los que han estado en cuarentena por tener contacto estrecho con positivos-, los siguientes en pasar la prueba serían los funcionarios que trabajan en la calle y en contacto con la ciudadanía, aunque siempre “en función de la disponibilidad” de material. El resto de la plantilla hasta los 7.700 efectivos iría en una tercera tanda si hubiera medios.

Esta resolución judicial se ha adoptado de manera rápida e “inaudita parte”, es decir, que por su naturaleza urgente se ha tomado la medida sin escuchar a la parte afectada, en este caso a la Administración. No cabe recurso tampoco. Durante el estado de alarma, Euspel ya había logrado un pronunciamiento favorable de un juez de Vitoria a su petición de mayores medidas de protección y hay otro recurso del sindicato Esan también ante el Superior.