La Naval, a la deriva y con una vía de agua de más de 107 millones de pérdidas en tres años
El astillero centenario La Naval de Sestao, abocado al concurso de acreedores y abandonado al menos en estos momentos por los Gobiernos central y vasco, terminó el ejercicio de 2012 con 56,6 millones de fondos propios. Por el contrario, en los últimos tres años, La Naval ha acumulado unas pérdidas de 107,5 millones de euros (solo en 2016 fueron 79 millones en números rojos) y el pasado año tuvo que dotar 47 millones en provisiones ante las pérdidas que arrastraba. Cuatro buques esperan en las gradas del astillero para ser entregados a los clientes, pero no hay dinero para construirlos. Parece el mundo al revés.
Tras la reunión de este viernes entre el comité de empresa y el Gobierno vasco, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha descartado la entrada del Ejecutivo en una mesa de negociación a tres bandas con el Gobierno central y el comité de empresa porque, “en estos momentos, no se dan las circunstancias ni lo ve necesario”. Lo prioritario para el Ejecutivo de Urkullu es “centrarse todos, accionistas, equipo directivo, trabajadores e instituciones en que ese concurso de acreedores se prepare de la mejor manera posible y más eficiente. No nos cerramos a la constitución de esa mesa pero hoy no la vemos necesaria”, ha zanjado.
¿Cómo es posible que una empresa con carga de trabajo, con más pedidos que nunca, esté en una crisis tan profunda y se vea abocada a la quiebra? Precisamente, se lo preguntaba el lehendakari, Iñigo Urkullu, en el arranque del curso político en la comparecencia ante los periodistas ante los problemas que atraviesa La Naval de Sestao, Construcciones Navales del Norte, centenario astillero privatizado hace una década y que da empleo a más de 220 personas directamente y a unas 1.800 indirectamente. Accionistas minoritarios, sindicatos, trabajadores, partidos e instituciones miran a la “mala gestión” de la compañía en los últimos años, situación que ha explotado en 2017, pero que desde 2015 investiga un juzgado de Barakaldo, demanda penal contra la dirección de la empresa y los accionistas mayoritarios instada por uno de los accionistas minoritarios, Iniciativas Navales del Norte, grupo entre los que se encuentra el exdirector general tras su privatización, José Luis Álvarez , Manuel Iturrate y el exministro de Defensa Pedro Morenés.
2013 fue el año de los problemas para los astilleros españoles a raíz de las denuncias por el sistema tax lease, algo que llevó al sector a muy pocos centímetros del precipicio. En diciembre de 2013, el director general de La Naval de Sestao, Iñaki Irasuegui, sabía que se la jugaba. Negociaba media docena de contratos, tanto para construir barcos, como para explotar nuevos nichos de negocio, como el eólico u “estructura de otro tipo”, según admitía en una entrevista concedida entonces a este diario. Por aquel entonces, la carga de trabajo solo llegaba al mes de marzo. Pero los contratos finalmente llegaron. El sector abandonó la incertidumbre con el nuevo sistema de financiación del 'tax lease' -el anterior fue declarado ilegal en el verano de 2013 por Bruselas- y La Naval volvió a contratar la construcción de nuevos barcos. ¿Qué ha pasado entonces entre 2014 y finales de 2016, cuando las luces rojas comenzaron a ser más que evidentes en el astillero sestaorra?
Es verdad que el sector se movía en aguas procelosas: la competencia de los astilleros coreanos y chinos -que copan más del 85% de los pedidos, principalmente en barcos estándar de gran tamaño-. Y más allá del sistema del tax lease había otras debilidades: perdida de importancia paulatina del sector marítimo vasco -sobre todo “en la actividad de las empresas de bienes de equipo” -según revela un documento sobre el sector de 2013 del Foro Marítimo Vasco- escaso número de armadores de buques mercantes, y un reducido numero de ingenierías.
Según un análisis económico interno de La Naval al que ha tenido acceso eldiarionorte.es y que estuvo encima de la mesa en la reunión del pasado jueves entre la dirección, los accionistas minoritarios y el comité de empresa, los actuales socios mayoritarios, Ingeteam (38%), accedieron a la presidencia del Consejo de Administración en 2013 con un remanente de 56,4 millones de euros que permitía sobrellevar holgadamente, en tiempos de crisis general y del sector en particular, pérdidas que en aquel año no pasaron de los 150.000 euros. En 2016, último ejercicio cerrado, no sólo se han dilapidado los casi 60 millones ahorrados, sino que los fondos propios marcan 51 millones en números rojos.
Si en 2012, con un solo barco en la grada, se obtuvieron 167 millones en ingresos y 7 de beneficios, en 2016, con cuatro pedidos, los ingresos fueron 146 millones y el balance arrojó un saldo negativo de ¡79 millones! A la pregunta que se hacía el lehendakari Urkullu, los socios minoritarios, los trabajadores y buenos conocedores del sector consultados por este diario responden con rotundidad: los contratos de construcción de nuevos buques han sido ruinosos y no sólo no han evitado las pérdidas sino que las han multiplicado.
En ello están incidiendo los sindicatos cuando aluden a la “mala gestión” de Ingeteam al frente de La Naval. Y también han deslizado que esa compañía y el otro socio principal, Astilleros Murueta, se han beneficiado de contratos de servicios externalizados por el astillero, no ofreciendo precisamente los precios más competitivos.
Las cuentas de La Naval muestran que desde 2013 hasta 2016 Ingeteam ha multiplicado por tres sus ingresos como proveedora de servicios de ingeniería a La Naval, pasando de 4 a 13 millones anuales. En las denominadas “operaciones vinculadas”, que son las realizadas por la compañía con sus empresas propietarias, el 76% de los contratos han recaído en Ingeteam, según datos internos que ahora corren de mano en mano ante la situación de momento final que parece vivir La Naval.
Fuentes de la empresa señalan que “como resultado de las distintas reclamaciones de los accionistas minoritarios sobre las operaciones vinculadas” en La Naval, el letrado asesor “expresó su opinión sobre la dudosa legalidad/conveniencia” de esos movimientos y presentó su dimisión. Eso ocurrió en febrero de 2013. En julio, la auditora Ernest & Young entregó un informe en el que reseñaba que “si las condiciones que se ofrecen a los socios suministradores son distintas a las que tienen suministradores independientes” se limita la competencia y, en consecuencia, “se impide a la compañía obtener el mejor precio de mercado”, según el informe presentado el pasado viernes en la reunión. En el encuentro, la dirección reiteró su voluntad de instar el concurso de acreedores, ya sea de liquidación del astillero o de continuidad, si aparece un inversor que presente un plan industrial, algo que hoy por hoy no se vislumbra.
“Depurar las responsabilidades del Consejo”
Desde entonces, la relación entre los socios mayoritarios y minoritarios de La Naval es de batalla soterrada -además de evidente en el juzgado con una demanda que sigue viva- lo que ha incluido ceses en los distintos órganos de control y ventas de participaciones, como la salida de los noruegos de Knutsen en una operación de venta de acciones en la que también querían haber participado los minoritarios agrupados en Iniciativas Navales del Norte. Sin embargo, el mayor momento de tensión llegó en junio de 2015 cuando Iniciativas Navales del Norte, la principal entre las empresas minoritarias y en la que participa el exministro de Defensa Pedro Morenés, llevó a Ingeteam a los tribunales precisamente por la deriva económica del proyecto mientras crecían los ingresos de Ingeteam en operaciones derivadas. Desde entonces, el juzgado de Barakaldo que instruye la causa ha citado como imputados a una decena de responsables de la empresa y los denunciantes han ido ampliando la querella con los datos económicos de los siguientes ejercicios.
Algo que tampoco ha pasado desapercibido a los representantes de los trabajadores. En el citado encuentro del pasado viernes, el comité de empresa recordó a la dirección que ya 2014 les habían advertido de “todas las desviaciones de dinero, todas las pérdidas” y dónde creían los sindicatos que se estaba produciendo una pésima gestión. “Parece que se hayan despertado de la siesta, parecen que ellos no sean los responsables, me refiero a Ingeteam y a Murueta, que han sido los mayoritarios y los que han tomado las decisiones”, apuntó el miembro del comité Txema Velón (UGT). El comité acusa a los accionistas mayoritarios de mantener “sin control” el astillero “para enriquecerse, pensando más en sus empresas vinculadas que en el futuro” de La Naval
“Confiamos en los tribunales para depurar las responsabilidades a que hubiere lugar del Consejo de Administración, de accionistas beneficiados presuntamente de forma irregular y de la dirección de la compañía”, señalan los minoritarios. “Y sobre todo ”esperamos que la Justicia declare nulos los contratos de operaciones vinculadas presuntamente irregulares y condene a los que se han lucrado en contra de los intereses de CNN, a devolver las cantidades afectadas“.
Pensando ya en el inevitable concurso de acreedores -el plazo oficial es hasta el 7 de octubre, pero los accionistas mayoritarios no quieren apurarlo-, la recuperación de ese dinero “mejoraría sensiblemente” el patrimonio de La Naval y o bien se podría retomar la actividad del astillero (Balearia analiza si cancelar la fabricación de un ferry) o bien se podría atender mejor la deuda adquirida y que suma 150 millones de euros.
