Lanbide detectó 442 casos de fraude en la RGI en 2017, equivalente al 0,73% de los perceptores
El Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) detectó en 2017 un total de 442 casos de fraude en la renta de garantía de ingresos (RGI), la ayuda social que perciben quienes no tienen recursos o quienes necesitan complementar pensiones o salarios precarios. Al cierre del ejercicio había exactamente 60.405 perceptores, por lo que la picaresca representa un 0,73% del total. Por otro lado, en 1.228 casos la Administración cometió un error: en 1.163 ocasiones Lanbide ha atendido los “recursos” de los perceptores ante medidas de control adoptadas por la Administración y en 65 casos más los afectados han logrado una victoria en los tribunales.
La cifra de casos de fraude detectados -que suma la de “actuaciones fraudulentas” y la “ocultación” de datos de ingresos, miembros de la familia o patromonio- ha sido facilitada al Parlamento por la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, en respuesta a una solicitud de documentación formulada por Tinixara Guanche (Elkarrekin Podemos). El Gobierno, en la información enviada a la Cámara, no realiza valoraciones sobre el fenómeno y se limita a aportar las cifras de la labor de control de Lanbide, que copa el 70% de todos los trámites 'online' que realiza el Ejecutivo autonómico con otras Administraciones, principalmente con la Policía Nacional.
Según Artolazabal, en 2017 se realizaron 26.097 suspensiones temporales del abono de la prestación, que pueden estar motivadas por más de un centenar de supuestos como “no aportar en plazo la documentación requerida”, ingreso en un hospital, no tener activada la demanda de empleo o “no administrar responsablemente los recursos”. Las suspensiones no tienen la consideración de fraude. De ellas, en 9.682 casos se trataba de familias con menores.
En 2017 se produjeron también 7.901 “extinciones” del derecho a percibir la prestación (2.426 en familias con menores). Las extinciones pueden ser por fallecimiento, renuncia o por haber encontrado un empleo digno, pero también por acumular suspensiones o “no comparecer ante la Administración” para los procedimientos de control o por fraude. Pueden producirse igualmente por “rechazar un empleo adecuado” o no aceptar la renovación de un contrato e incluso por “practicar la mendicidad” o “ingresar en prisión”. En los 7.901 casos en 1.550 mediaba antes una suspensión y 442 tienen la consideración de “fraude”.
El grueso de los casos detectados lo fueron en el marco de la 'operación Wicket' de la Policía Nacional, que desarticuló una trama de ciudadanos paquistaníes que falsificaban pasaportes para obtener ayudas sociales. En total, fueron 365 los expedientes irregulares detectados en esa investigación policial. El grueso corresponden a Lanbide aunque hay también ejemplos de fraude a la Diputación de Gipuzkoa. Los detenidos fueron 186 y el volumen económico del fraude detectado 3,7 millones de euros.
Artolazabal explica en “el año 2017 se han presentado un total de 8.017 recursos de reposición” ante las medidas de control de Lanbide. En 1.163 el Gobierno ha dado la razón a los perceptores. El tiempo medio de respuesta es de 127 días. El litigio ha llegado a los tribunales en 596 ocasiones, en los que en 65 los tribunales han dado la razón a los beneficiarios frente a la Administración. La duración del contencioso-administrativa suele ser de tres meses y medio.
