La cara oculta de la Iglesia: se multiplican las denuncias de abusos sexuales en Euskadi
La Iglesia católica encara una semana decisiva. Los cimientos de la magnífica arquitectura del Vaticano se pueden tambalear si el papa Francisco y los representantes episcopales de todos los países, que se reunirán en los próximos días en Roma, no fijan una postura proactiva para investigar los abusos sexuales a menores en la institución. Tampoco en esto Euskadi es una isla. Cada vez salen a la luz nuevos casos de lo ocurrido en colegios, grupos de tiempo libre o instituciones religiosas. Y saldrán más. Aunque no haya una estadística clara, las denuncias están creciendo, según confirman fuentes judiciales y policiales. Pero la incógnita sigue siendo la misma: ¿tiene medios la Justicia para proteger a las víctimas? Éste es el mapa de los abusos sexuales conocidos en la Iglesia vasca.
Salesianos: Don Chemi, siempre con un niño encima
Bilbao bulle las últimas semanas con la cascada de denuncias contra un profesor del colegio de los Salesianos de Deusto conocido como Don Chemi. Son tantas como 29, aunque el goteo es casi diario y hay cifras no coincidentes según las distintas fuentes. La Ertzaintza confirma haber recibido 25 avisos según su gabinete de prensa y hay 3 más ante la Guardia Civil y una ante los Mossos d'Esquadra. Las recibidas por la Policía vasca ya están siendo enviadas al juez conforme se van recibiendo. Algunas estimaciones hablan ya de 150 casos potenciales. La novedad de las últimas horas es que las miradas se han posado también sobre otros tres sacerdotes del centro, uno de los cuales llegó a ser director.
En verdad, José Miguel San Martín o Chemi dejó el centro -entonces masculino, ahora mixto- hace casi tres décadas. Su carrera profesional desde entonces es errática, plagada de negocios extraños y títulos académicos cuestionables. Los hechos que ahora han salido a la luz datan de entre 1975 y 1990, pero siguen marcando la vida actual de las víctimas.
Una de ellas accede a contar su historia. Se llama José Antonio y supera ahora la cuarentena. Agarra con firmeza una taza de café en un local de Bilbao. Ha contado su padecimiento en muchas ocasiones en las últimas semanas, pero no rechaza narrarla una vez más. San Martín -cuenta- abusó de él cuando era un escolar de Primaria. Y no precisamente de manera aislada. “Al principio no sabía lo que era. Al final temblaba”, se sincera un hombre al que ahora “le cuesta entrar en una iglesia” y que, desde luego, no lleva a sus hijos a un centro religioso aunque su familia siga siendo practicante.
“Chemi siempre tenía un niño encima”, ironiza para añadir que todo el mundo debería dar el paso de denunciar aunque su vivencia “sea ligera”. “Es duro, pero luego tienes el subidón de hacer las cosas bien”, explica. Se cuentan por decenas los exalumnos de Salesianos que comparten un grupo de Whastapp y que se están movilizando. Él mismo reniega de no haberlo hecho antes. Hizo un primer intento hace 13 años y ha sido ahora cuando otros afectados de muchos cursos diferentes al suyo se han ido sumando. Incluso han habilitado un correo electrónico (abusos.salesianosdeusto@gmail.com) para seguir recabando información. En Salesianos quedan todavía dos personas de aquella época y “seguro que tenían conocimiento”, defienden. José Antonio apela también a los compañeros de trabajo de Don Chemi para que colaboren, si bien ahora la investigación se centra en cuántos docentes podrían estar implicados.
Ante semejante contundencia en las denuncias -incluso hubo una protesta en la calle-, el colegio emitió un comunicado en el que reconoció que conocía esta realidad en 1989 e, implícitamente, que poco o nada hizo más allá de dejar constancia de que al año siguiente San Martín ya no era profesor. “En el estado actual de la investigación interna hemos constatado que a finales de 1989, la dirección del centro, tuvo conocimiento de dos casos”, se podía leer en la nota difundida, en la que se incluía un mensaje de solidaridad con las víctimas. Se da la circunstancia de que hay una denuncia de abusos producidos en 1990, lo que signficaría que la desidia del centro propició más víctimas.
Gaztelueta, la connivencia del Opus Dei
El caso más sonado en los últimos años ha sido el de los abusos sexuales sufridos por un antiguo alumno del colegio masculino del Opus Dei en Leioa, llamado Gaztelueta. Tras años de pelea, la familia logró en el otoño de 2018 una sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Bizkaia que consideran ejemplarizante. El profesor, en este caso Chema (José María Martínez Sanz), se expone a 11 años de prisión por propasarse de manera reiterada con la víctima, que en el momento de los hechos tenía 10 y 11 años y que todavía hoy continúa con secuelas.
El fallo judicial, contundente en su redacción tanto como en sus medidas previstas, ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo, que deberá resolver las apelaciones en los próximos meses. Ése es precisamente el asidero al que se ha agarrado el colegio del Opus Dei para insistir en la inocencia de Martínez Sanz hasta el punto de atacar a la víctima y a su familia en una rueda de prensa convocada expresamente después de conocerse la sentencia de primera instancia. “No existe ninguna prueba”, enfatizó el director de Gaztelueta, Imanol Goyarrola, que llegó a permitir el acceso de las cámaras al lugar donde se produjeron las agresiones sexuales con el ánimo de desmontar el testimonio del joven denunciante. Antes, en el juicio, habían colaborado económicamente con la defensa del docente.
Juan Cuatrecasas, el padre del exalumno hoy ya adulto, se ha convertido en un icono de la lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia en España. Estos días prepara en Madrid su participación en los actos convocados en Roma con motivo de la cumbre eclesiástica. Llevarán sus protestas y reivindicaciones hasta el Vaticano con una intensa agenda paralela y aspiran a verse con el papa. Uno de sus caballos de batalla es denunciar la revictimización de los menores abusados, como la de su hijo.
Las elecciones paran la reforma de las prescripciones
En el caso de Salesianos, el gran problema es que todas las denuncias son de hechos tan antiguos que ninguna tendría visos de prosperar con la actual legislación en la mano. “La lucha va encaminada a que los plazos de prescripción sean a los 50 años y no a los 30 años. Es una de nuestras banderas”, abunda Cuatrecasas. Se abogada en el juicio del 'caso Gaztelueta', Leticia de la Hoz, declaró a 'Deia' que “muchos no se atreven a denunciar hasta ver que hay otros casos similares y puede ocurrir que entonces ya está todo prescrito”.
“No puede ser que unos delitos de esta naturaleza se queden sin condena”, añade. “En el derecho anglosajón hay una tendencia hacia la imprescriptibilidad. En Estados Unidos depende del lugar, pero también hay estados en los que la hay”, apostilla Cuatrecasas, que lamenta que con la disolución de las Cortes Generales decae una propuesta de endurecimiento del Código Penal en este sentido.
Los límites de la acción de la Justicia
En este contexto, el Gobierno ha pedido información a todas las Fiscalías para conocer cuántas investigaciones hay en marcha. Fuentes judiciales consultadas por este periódico indican sobre esta cuestión que sería imposible obtener una estadística cerrada. En primer lugar porque el marco temporal es amplísimo, con casos de hace 30 ó 40 años que se conocen ahora. Y, en segundo lugar, porque los aplicativos informáticos no disciernen si el delito lo ha cometido un sacerdote, un policía o un médico.
Lo que sí es cierto, según estas fuentes, es que el volumen de investigaciones de este tipo de casos ha crecido en los últimos tiempos. También de agresiones sexuales al margen del contexto religioso, con casos con víctimas de tan sólo meses de edad en guarderías públicas. La eterna duda sigue vigente: ¿hay más casos o se denuncia más? Parece que realmente es más de lo segundo. Contribuye a ello la mayor sensibilidad social, la difusión de los casos en los medios de comunicación y el trabajo discreto de la Fiscalía con todo tipo de instituciones, también eclesiásticas, para impulsar las denuncias. “Hay cosas tan graves que no se puede mirar para otro lado. No vale con el ‘no me lo creo’”, coinciden víctimas e investigadores.
Pero la investigación tiene límites más allá de las garantías propias de toda persona procesada. Un problema habitual es que con víctimas de tan corta edad en algunos casos es muy complicado que verbalicen lo ocurrido con precisión, por lo que es necesario que se logren pruebas fehacientes alternativas de los hechos. La intromisión en teléfonos, correos electrónicos o incluso en la vida interna de colegios es considerada una medida indagatoria excepcional y los jueces la autorizan solamente cuando son casos flagrantes. Esa sensibilidad de los instructores parece ir en aumento, según fuentes judiciales, pero voces como la de Cuatrecasas defienden que el camino todavía es largo.
'Scouts': denuncia del Obispado
La reacción ante las denuncias, en todo caso, no siempre ha sido como en Gaztelueta. El pasado diciembre el Obispado de Bilbao denunció ante la Fiscalía de Bizkaia a un presbítero de Uribe Kosta, Egoitz Arruza, por presuntos abusos sexuales a tres chicas, una de ellas menor de edad en el momento en que se produjeron los hechos. Arruza -al igual que las víctimas- era miembro de Euskal Herriko Eskautak y fue apartado de sus funciones con el argumento de tener “comportamientos inadecuados contra la libertad sexual”.
Fuentes de la organización confirmaron en su momento a este periódico que los hechos se produjeron en 2015, 2016 y 2017. Al parecer, las tres chicas habrían recibido “tocamientos”. Completadas las diligencias de investigación, la Fiscalía ha remitido el caso ya a un juzgado al hallar indicios de delito.
Desde Euskal Herriko Eskautak Bizkaia se limitan a reseñar que “la instrucción del caso judicialmente sigue sus cauces” y que “lo dejan en manos de la Justicia”. No quieren realizar valoraciones acerca de la situación general de la Iglesia, pero señalan que “el problema de los abusos sexuales ocurre en toda la sociedad” y que “es una realidad, una lacra, que puede ocurrir en cualquier ámbito”.
Otros casos: Kakux y los dominicos de Vitoria
En 2017 trascendió otro caso de relevancia y que afecta al vicario de la diócesis de Donostia, Juan Kruz Mendizabal, conocido como Kakux. El religioso admitió internamente haber abusado de dos menores y resultó 'condenado' por la propia Iglesia, lo que se tradujo en reclusión o ejercicios espirituales. Al parecer, los hechos se produjeron entre 2001 y 2005. Cuando el caso se hizo público, otras víctimas salieron a la palestra y denunciaron hechos que se remontaban muchos años atrás. De joven, Kakux también había estado destinado en Vitoria. La prescripción de los delitos impidió una condena penal.
En la parroquia de Los Ángeles de Vitoria también se produjo otro caso. Como en el caso de los Salesianos, se remonta a 1983. La víctima dio el paso de denunciar a un fraile dominico en 2010 ante el Obispado alavés. Pero hasta que no saltó a los medios de comunicación en 2014 nada se supo de esa alerta. No se abrió una investigación, se cuestionó la credibilidad de la víctima y se remarcó que, como mucho, el asunto estaría prescrito desde 1995. Muy cerca de allí, en el colegio San Viator, trabajó un religioso que fue detenido en 2010 en Chile acusado de hacer grabaciones pedófilas con menores.
“A mí me parecía importante que la historia se sepa. Si el tío no acaba en la cárcel, me va a joder. Pero sé que con la ley actual puede ser. Pero que no esté tan tranquilo. Vamos, que por la calle vaya agachado él y no yo. Que el miedo cambie de bando”, desea José Antonio, el denunciante de Salesianos.
