El PNV vuelve a exhibir su influencia en Madrid pero lidia con los recelos de los socialistas en Vitoria

Cuando Pedro Sánchez, Pablo Casado, Santiago Abascal, Pablo Iglesias o Inés Arrimadas llegaron al Congreso, Aitor Esteban Bravo (Bilbao, 1962) ya acumulaba legislaturas de experiencia en las Cortes Generales. El portavoz del PNV desde 2013 y diputado desde 2004 es un hábil negociador y un reconocido orador. En los últimos años, sus 5 ó 6 escaños 'jeltzales' están siendo decisivos. Lo mismo apuntalaban a Mariano Rajoy que, a la semana siguiente, decantaban la moción de censura de Pedro Sánchez. Los nacionalistas han vuelto a exhibir su influencia en Madrid esta semana al negociar con el Gobierno algunas condiciones para dar continuidad al estado de alarma, aunque su beligerancia con los socialistas está conllevando roces cada vez mayores en Vitoria.

El PNV ha introducido como enmiendas que las comunidades autónomas participen en la “cogobernanza” de la desescalada de manera más efectiva, que las elecciones vascas de julio en las que trabaja Iñigo Urkullu gocen de seguridad jurídica en medio de la fase de salida de una pandemia y que en Madrid se hable de un pequeño enclave de unos 1.800 habitantes, Treviño, perteneciente a la provincia de Burgos pero ubicado en el corazón de Álava. “Desde Madrid todo parece plano, pero el mundo es redondo y complejo”, ironizó Esteban sobre la necesidad de que los pueblos treviñeses –donde el coronavirus ha tenido una incidencia elevada, similar a la de Vitoria– se ajustasen a los ritmos alaveses y no burgaleses.

Los nacionalistas eluden ofrecer detalles sobre las negociaciones, que han sido intensas y que no se resolvieron hasta que unas pocas horas antes del inicio del decisivo pleno del miércoles el PNV confirmó en sus redes sociales el 'sí' al Gobierno. Pero han exigido dedicación por parte de destacados miembros del Ejecutivo de Sánchez, como la vicepresidenta Carmen Calvo, ya recuperada de la COVID-19 y que en las últimas semanas ha mantenido conversaciones también con el lehendakari, como con su consejera encargada de la desescalada, Arantxa Tapia, responsable de Desarrollo Económico e Infraestructuras.

En el difícil tablero de mayorías del Congreso, el voto del PNV se había encarecido en los últimos días ante las propuestas del Ejecutivo. Avisó el lehendakari, Iñigo Urkullu, con un vídeo en el que hablaba de “retroceso centralizador”, de que “no se respetaba la plurinacionalidad” al hablar de provincias y de la “forma improcedente” en que Sánchez gestionaba el mando único. O había guiños o toda la arquitectura construida para gestionar la crisis podría caerse.

No obstante, nunca estuvo en riesgo la relación preferente que mantiene el PNV con la coalición de PSOE y Unidas Podemos. “No tenemos ningún interés en derrocar o desgastar al Gobierno o a Sánchez. La alternativa es mucho peor a lo existente”, indicaban antes de que se cerrara el acuerdo fuentes del PNV. Además, con este Ejecutivo los nacionalistas tienen pactado completar el Estatuto de 1979, un calendario que ya ha sufrido dos parones, en 2019 por la doble convocatoria electoral en España y en 2020 por la pandemia.

El problema sobre la renovación del estado de alarma podría repetirse dentro de dos semanas si Sánchez vuelve a pedir a las Cortes Generales una nueva prórroga. Quizás entonces ya no encuentre tanta receptividad. Andoni Ortuzar ha explicado en TVE que la fórmula jurídica del estado de alarma “ha dado todo lo que tenía que dar de sí” y ha planteado “volver a la normalidad” e ir gestionando las fases de la desescalada “con los instrumentos de la legislación ordinaria”.

De momento, el Gobierno vasco ha considerado que, tras el acuerdo, el Estado está actuando “en línea con las condiciones de colaboración acordadas y basadas en la cogobernanza”. Así ha valorado el encuentro telemático que han mantenido con el ministro Salvador Illa y con Fernando Simón la consejera de Salud, Nekane Murga, y la propia Tapia. Euskadi irá avanzando en la desescalada con una decisión que “se tomará de manera conjunta entre ambas instituciones”, se ha querido remarcar.

Las tensiones con los socialistas en Euskadi

Desde las filas socialistas, por su parte, subrayan en todo caso que el PNV no puede romper la baraja en Madrid así como así sin esperar consecuencias similares en Euskadi. “No habrá una mayoría en el Congreso, pero tampoco la hay en el Parlamento Vasco”, indican estas fuentes, que aseguran que el PSOE ha “recordado” también al PNV en estos últimos días que los socialistas sostienen el Ejecutivo autonómico, las tres diputaciones forales y los ayuntamientos de las capitales y de otros municipios. En el PSOE destacan el papel activo de la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, que ha conocido al detalle las conversaciones con el PNV.

En verdad, las relaciones entre socios no pasan por su mejor momento. Urkullu dijo al inicio de la pandemia que iba a dedicar “diez segundos” nada más a cuestionar las decisiones del Estado que no le gustasen, pero lo cierto es que los choques han sido una constante e incluso han llevado a Mendia y a los consejeros socialistas a pedir mesura. Los problemas se originaron muy al inicio. Euskadi todavía cuestionaba el confinamiento en la propia tarde del sábado 14 de marzo, cuando el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, aún veía posible salir a pasear o a hacer deporte. También fue Erkoreka quien calificó de “155” el estado de alarma.

Luego llegarían las diferencias en torno al parón de toda la actividad económica no esencial o en torno a las mascarillas. La consejera de Salud, Nekane Murga, llegó a ironizar con que la posibilidad de que Sánchez estuviera enfermo cuando empezó a ponerse protecciones en actos públicos, algo que el Gobierno vasco no consideraba necesario. “Tendrá coronavirus”, soltó para enfado de dirigentes socialistas como Eneko Andueza. Ahora Murga defiende su uso obligatorio en el transporte o en espacios cerrados y ella misma las ha tenido que utilizar en algunos actos.

Ha habido más roces y aunque en la gestión sanitaria se aluda a “cogobernanza”, las discrepancias podrían localizarse ahora en Educación. El Gobierno de Urkullu ya ha manifestado con claridad que su intención es reabrir los centros escolares el 18 de mayo para un primer grupo de alumnos de Bachillerato y FP con distancias de 1,5 metros, otros protocolos de seguridad y mascarilla obligatoria. La asistencia será obligatoria. Lo ha hecho sin ni siquiera estar confirmado que Euskadi pueda iniciar el 11 de mayo la primera fase de la desescalada. Según los planes del equipo de Sánchez, en esa fase 1 sólo es posible abrir colegios para limpieza y acondicionamiento y en la fase 2 se contemplan clases presenciales de refuerzo pero siempre que sean voluntarias y con un máximo de 15 estudiantes por aula.