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El Parlamento Vasco pide al Tribunal de Cuentas que audite Hondarribia y los contratos con las empresas del grupo Montai

Una furgoneta de Montai, realizando un montaje en Vitoria

Iker Rioja Andueza

La comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco ha enviado ya al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) un listado de “prioridades” para su plan de trabajo de cara a 2020. Entre las propuestas de los partidos del Gobierno (PNV y PSE-EE) y de la oposición (EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP), la Cámara ha acordado solicitar una auditoría del Ayuntamiento de Hondarribia (gobernado por el PNV con mayoría absoluta), de su sociedad pública Hondarribia Lantzen y, singularmente, de los contratos con el grupo de empresas en torno a la marca Montai, propiedad de un cargo del PNV de Gipuzkoa y señaladas por la interventora municipal en repetidos informes de reparo al entender que están recibiendo adjudicaciones irregulares, una situación que lleva prolongándose desde hace una década. Las anomalías afectan también a otras contrataciones.

Junto a otros ayuntamientos vascos, el Parlamento demanda al Tribunal de Cuentas que fiscalice Hondarribia desde 2011 hasta 2019. Igualmente, hace extensiva la petición a la entidad municipal Hondarribia Lantzen desde 2016 a 2019. En cuanto a los contratos con las firmas del empresario Aitor Elorza Gurrutxaga, la Cámara -a propuesta de Elkarrekin Podemos- reclama un análisis de todas las adjudicaciones al grupo Montai, al que pertenecen las mercantiles Denok Zuzeneko Komunikazioa, Estali La Karpa y Kultur Kirol Zerbitzuak. La auditoría debería abarcar el período 2015-2019. 

Una vez aprobadas en el Parlamento, las prioridades fijadas para el ejercicio 2020 deberán ser valoradas por el pleno Tribunal de Cuentas, que anualmente hace público su plan de trabajo en el que, según sus palabras, “intenta dar la mayor satisfacción posible a las peticiones recibidas”. El organismo autonómico, presidido por el exdirigente del PNV José Luis Bilbao, no tiene competencias sancionadoras a diferencia del Tribunal de Cuentas del Estado. 

Ante los reiterados informes de la interventora municipal de Hondarribia, los contratos con el grupo Montai están en el centro de la polémica. Recientemente, el principal grupo opositor, Abotsanitz, denunció las “amenazas” del empresario y militante del PNV Elorza. Montai ha enviado varios escritos en los que alerta de que se están “desviando” adjudicaciones que hasta ahora recibían 'a dedo' y de manera irregular, dando a entender que le pertenecen a su grupo empresarial y planteando incluso la subrogación de operarios. Habitualmente, estas empresas gestionan montajes y eventos culturales, deportivos o sociales. También trabajan de manera muy habitual con otras administraciones públicas.

“La adjudicación del servicio a Montai no es ni caprichosa ni aleatoria. En la contratación pública existe algo que es el principio de continuidad, que habla de que el contratista en caso de extinción del contrato por cumplimiento del mismo deberá seguir prestando el servicio hasta que se formalice el nuevo contrato”, ha llegado a alegar Elorza sobre un contrato que expiró hace una década. Desde entonces sus mercantiles han facturado más de 2 millones de euros en Hondarribia, ya que han copado entre el 70% y el 80% del presupuestos de áreas como cultura, fiestas o deportes.

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