Podemos pide una auditoría de las cuentas del Parlamento entre 2012 y 2015
El grupo de Elkarrekin Podemos en el Parlamento vasco ha registrado una iniciativa inédita en Euskadi y en España que a buen seguro suscitará debate político. En sus propuestas para el plan de trabajo del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, la coalición de Podemos, IU y Equo reclama también una auditoría de las cuentas de la propia Cámara de los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015. Hasta la fecha, según fuentes del órgano auditor, los números del Parlamento nunca han sido fiscalizados, como tampoco los de las Juntas Generales y, por extensión, los de ningún órgano parlamentario de España, incluidas las Cortes Generales.
No es la primera vez que un grupo político pone sus ojos en las cuentas del Parlamento. Durante las dos últimas legislaturas, sin éxito, UPyD planteó que la Cámara informará públicamente del gasto en viajes, dietas u otros asuntos presupuestarios. La Mesa le denegó en reiteradas ocasiones la información alegando que los partidos con representación en el Parlamento tienen derecho a controlar al Gobierno pero no a la propia institución. El debate quedó aplacado en parte con la apertura de un portal de transparencia, si bien hay voces que reclaman más datos y mayor actualización de esa nueva ‘web’.
Fuentes de Elkarrekin Podemos consultadas por eldiarionorte.es manifiestan que han considerado oportuno e interesante incorporar esta petición a otras más habituales como son el análisis de varios ayuntamientos o de sociedades públicas o que reciben fondos de la Administración como el estadio de Anoeta de la Real Sociedad, que será ampliado, o la plaza de toros de Bilbao. Sin embargo, de momento no han explicitado las razones concretas que les han empujado a dar el paso o si tienen alguna sospecha concreta.
Fuentes cercanas al Tribunal de Cuentas autonómico indican que el Parlamento Vasco nunca ha sido revisado desde su creación, al calor del Estatuto de 1979. En principio, la ley de 1988 que regula este organismo –dependiente precisamente de la Cámara- no cita a la institución dentro de su “ámbito” de trabajo, aunque sí menciona expresamente en su artículo 2 a los otros Parlamentos de la comunidad autónoma, a las Juntas Generales (si bien nunca han entrado en el plan de trabajo del organismo).
Expertos en la materia defienden que si una entidad privada que recibe ayudas públicas está sujeta a una revisión por parte del Tribunal de Cuentas, con más motivo tendría que estarlo una Administración cuyo presupuesto es aportado por el Gobierno vasco, sujeto evidentemente a la lupa del órgano competente para ello. “Es curioso que el órgano en el que reside la soberanía popular no esté sometido a ningún control”, agregan las fuentes consultadas.
Las propuestas de otros grupos
El resto de formaciones políticas también han registrado ya en el Parlamento su propuesta de auditorías para el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. El PNV, por ejemplo, ha solicitado la revisión de las cuentas de seis municipios (dos por territorio). El PSE-EE, entre otras iniciativas, reclama un análisis y control de legalidad de Donostia 2016 y de dos mancomunidades de Gipuzkoa, los organismos que han controlado la gestión de residuos.
EH Bildu ha entregado una de las listas más largas. El documento incluye peticiones coincidentes con las de Elkarrekin Podemos (Bilbao Ría 2000, Bilbao 700 o la plaza de toros de la ciudad, por ejemplo) pero también reclama control sobre las obras de la ‘Y vasca’ en sus tramos de Gipuzkoa, competencia del Gobierno vasco. Finalmente, el PP ha puesto su mira en el consorcio de residuos de Gipuzkoa (GHK) y en la sociedad de infraestructuras de esa provincia (Bidegi), así como en el Ayuntamiento de Vitoria ahora gobernado por PNV y PSE-EE tras la etapa del ‘popular’ Javier Maroto.
¿Reforma del Tribunal de Cuentas?
Por otro lado, este jueves el pleno del Parlamento discute una propuesta del PP para reformar la ley reguladora del Tribunal de Cuentas con el ánimo de impulsar su independencia. El portavoz del PP, Borja Sémper, ha llegado a decir que un órgano de control no puede ser un “cementerio de elefantes” o estar copado por los partidos políticos.
El hecho que ha motivado la iniciativa legislativa ha sido que desde 2015 la presidencia de esta institución esté en manos del que fuera diputado general de Bizkaia, el 'jeltzale' José Luis Bilbao. Bilbao, recolocado por su partido, saltó directamente de la presidencia del Gobierno foral a la del Tribunal de Cuentas. Sémper reclama que altos cargos políticos no puedan ser consejeros de cuentas hasta que hayan pasado al menos seis años desde que abandonaran su último cargo público. Exige también doce años de experiencia en el ámbito económico.
