La nueva RGI: cambios en las cuantías, apoyo a las familias y sólo un perceptor por vivienda
Constituir la joya de la corona del sistema vasco de protección social y ser motivo de orgullo para sucesivos Gobiernos (que repiten que aquí se pagan el 40% de todas las ayudas sociales en España) no ha privado a la renta de garantía de ingresos (RGI) de ver recortada su cuantía “temporalmente” un 7% en 2011, de ver cómo ese mismo año se aumentaba a tres años el mínimo de empadronamiento o de perder en 2016 su vinculación con las subidas del SMI cuando éstas por única vez han sido mejores que el IPC. Ahora en 2017 el Gobierno de Iñigo Urkullu ha presentado una nueva “propuesta” de reforma de la RGI que, efectivamente, mejora algunas cuantías y supuestos de acceso si bien se desvincula definitivamente el sistema del SMI y la revalorización anual de las cuantías queda exclusivamente en manos del presupuesto. Asimismo, como gran cambio, se limita a una sola la prestación por vivienda incluso a pesar de que quienes compartan piso no sean familia o pareja y estén en situación de necesidad.
Mejores cuantías pero peores que las de la ley de 2008
La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal (PNV), ha presentado este miércoles en el Parlamento Vasco su oferta de reforma de la RGI, como le había demandado la Cámara. El plan del Ejecutivo consta de 15 “propuestas” y cinco “cambios normativos”, si bien Artolazabal ha asegurado que su “misión” concluye con el diagnóstico, ya que estas iniciativas no se presentarán como reforma de la ley de garantía de ingresos de 2008 retocada en 2011, 2012 y 2017. La consejera ha emplazado a los partidos a que “consensúen” una reforma legislativa a partir de este documento y el debate de presentación de este plan ha concluido sin una fecha clara para que lleguen cambios a la RGI.
La primera de las propuestas de modificación del sistema pasa por ajustar las cuantías, que “no se establecerán en función de un indicador externo, como puede ser el SMI, el IPREM u otros”. Tampoco oscilará conforme al IPC, que este año se interpretó como baremo adecuado, ya que “la actualización dependerá de lo fijado en la correspondiente ley de presupuestos”, ha explicado Artolazabal. El cuadro inicial presentado supone en algunos casos mejoras importantes respecto a lo que se abona actualmente al dotar de más progresividad a la prestación, especialmente en lo relativo al número de hijos. Según las nuevas tablas, una pareja con dos hijos podría cobrar un máximo de 1.014 euros, cuando ahora serían unos 901, lo mismo que para una unidad de convivencia con tres miembros o de ocho. Sin embargo, si se aplicara escrupulosamente el sistema de cálculo de 2008 (sin los recortes del 7% y con la subida del 8% del SMI), en 2017 esa misma familia de tres o más integrantes cobraría 1.031 euros mensuales.
El PNV aplica lo que el PNV criticó
Artolazabal ha indicado que también se “modifica y mejora” la fórmula para determinar quiénes pueden ser perceptores. Si la exconsejera socialista Gemma Zabaleta restringió a un máximo de dos prestaciones por vivienda el pago de ayudas para evitar “pisos patera”, ahora Artolazabal limita aún más la prestación y sólo se concederá una por vivienda. Se da la circunstancia de que el PNV, cuando el PSE-EE adoptó esta medida, manifestó lo siguiente en el Parlamento por boca de Eider Mendoza: “El límite, supuestamente determinado para evitar hacinamientos o la existencia de pisos patera, en la práctica va a provocar que muchas personas que comparten pisos de alquiler por necesidad queden fuera del sistema de ayudas y, por tanto, sin ningún tipo de cobertura. Queremos manifestar nuestro malestar porque la grave actuación del Gobierno vasco va a dejar en la estacada a las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad, que era precisamente lo que el anterior Ejecutivo quería evitar a través del impulso a la aprobación de la ley para la garantía de ingresos y para la inclusión social”.
Fuentes del Gobierno explican que se trata de una medida para evitar casos de fraude en el que una pareja simulaba ser simplemente compañeros de piso sin relación para percibir dos ayudas, una práctica similar a la que ha ocurrido con el reparto de VPO en propiedad en ciudades como Vitoria. El Ejecutivo no ha cuantificado estas prácticas irregulares pero entiende que basta con la posibilidad de que una familia cobre menos para justificar esta medida preventiva. Se “estudiarán” perfiles y situaciones para analizar posibles “excepciones”, pero en principio computarán los ingresos “del conjunto” de las personas que residen en un domicilio para determinar si existe o no derecho a cobrar la prestación. En la actualidad, numerosos perceptores de RGI, principalmente extranjeros, comparten pisos en el mercado libre precisamente para evitar la carestía de los arrendamientos.
Menos empadronamiento para familias y refugiados
Hay más cambios. De nuevo con la voluntad de favorecer a las familias con hijos, para ellas será posible cobrar la prestación con dos años de empadronamiento, cuando el umbral general es de tres años (o uno si se tienen cinco años cotizados a la Seguridad Social en el resto de España). A los refugiados, asimismo, “se le excepciona” de probar cualquier tipo de padrón y de otros documentos. En todo caso, se controlará que el empadronamiento lleve aparejado “residencia efectiva”. Para ello, se estrechará la vigilancia de consumos en la vivienda de referencia, así como si se acude a colegios o ambulatorios de la zona. Asimismo, habrá mecanismos para hacer “cooperadores necesarios” a quienes ayuden a defraudar a Lanbide, el pagador de estas asignaciones económicas. Ello podría frenar los empadronamientos ficticios.
Asimismo, Artolazabal ha indicado su disponibilidad a modificar el cómputo del patrimonio a la hora de acceder al sistema. Hasta ahora, había máximos de renta pero también se impedía cobrar ayudas con bienes inmuebles o muebles por encima de un determinado valor con la sola excepción de la vivienda habitual o de medios propios de una actividad económica, como una furgoneta de reparto. Dado que se han producido algunos problemas con personas sin recursos pero titulares de algunos solares o casas heredadas y de difícil liquidación, el Gobierno acepta “un sistema de minoración parcial” de ese patrimonio “llegando en determinados casos a ni siquiera tomarlos en consideración”.
Que cobrar una ayuda no sea mejor que trabajar
Asimismo, se plantea “racionalizar” el sistema de devolución de los denominados “pagos indebidos”, que son las cuantías abonadas de más por Lanbide a los perceptores por errores administrativos, normalmente porque varían sus circunstancias familiares y laborales. Por un lado, se plantea que “prescribe la responsabilidad de las personas beneficiarias de eventuales pagos indebidos” una vez transcurran dos años. Por otro, habrá modificaciones en los denominados “estímulos al empleo”, un tipo de RGI que permite completar salarios bajos o empleos temporales con ayuda de Lanbide. La idea es que trabajar con complemento de RGI siga siendo más 'rentable' que estar en casa y vivir de las ayudas, ha enfatizado Artolazabal.
El flanco débil de Lanbide en estos años ha sido precisamente el empleo. Por ello, el plan de mejora de la RGI contempla también planes para incentivar la contratación de perceptores (titulares) y beneficiarios (sus familiares en edad de trabajar y en condiciones de hacerlo). Evidentemente, “tal compromiso tendrá carácter recíproco e implicará el compromiso de las personas destinatarias de aceptación de las ofertas formativas u ocupacionales”. Asimismo, se plantea en genérico que las personas con más problemas sociales que de empleo puedan pasar a ser atendidas por los servicios sociales municipales más que por Lanbide, aunque cuenten “en todo caso” con un “enlace” en el Inem vasco.
La izquierda: “Piel de gallina” y “pelos como escarpias”
Las coaliciones de izquierdas Elkarrekin Podemos y EH Bildu han manifestado su disgusto por algunas de las medidas presentadas. “Me deja los pelos como escarpias. la RGI no debe dar un paso atrás y esto es un maratón. Está dejando de ser un sistema de referencia”, ha dicho Tinixara Guanche, de la formación morada, que ha recordado, sobre la restricción a una de las RGI por vivienda, que en Euskadi “el precio por metro cuadrado es el más caro y la gente no puede vivir sola”.
Nerea Kortajarena (EH Bildu) ha constatado la “desvinculación” de la RGI del SMI y ha dicho también que algunos de los cambios le ponen “la piel de gallina”. Ha dicho, por ejemplo, que el hecho de que Lanbide renuncie a atender a las personas en alta exclusión es tanto como plantear que Osakidetza se desentienda de los enfermos crónicos o incurables por no tener solución. En un comunicado posterior a la comparecencia parlamentaria, EH Bildu ha asegurado que “no va a estar en una reforma que recorte derechos” y ha emplazado al Gobierno (en minoría) si quiere retocar las prestaciones sociales con la “mayoría progresista” o con el PP.
El PP tampoco aplaude los cambios
Desde el PP, Laura Garrido ha lamentado que la reforma haya tardado tanto en ser presentada. La 'popular' se ha quejado de que hace unos años el entonces alcalde de Vitoria, Javier Maroto, planteó una reforma apoyada por 140.000 firmas ciudadanas y que aquella iniciativa legislativa popular fue rechazada en la Cámara con un portavoz. En cuanto al contenido, ha lamentado que se desee que “prescriban” los pagos indebidos a los dos años cuando los delitos fiscales tienen un plazo de “cinco años”. Ha recordado que son “155 millones” que ha de recuperar la Administración.
Asimismo, ha denunciado que “no se plantea la residencia legal” en Euskadi como requisito, es decir, que los extranjeros sin permiso de residencia no puedan acceder al sistema. El PP ha defendido históricamente que el espíritu de la RGI es fomentar el empleo y que este colectivo en ningún caso puede acceder a un puesto de trabajo al no tener la documentación en regla.
¿Y las ayudas de vivienda?
El debate sobre la RGI ha orillado las ayudas sobre vivienda, hasta ahora un complemento de 250 euros de la propia prestación. Desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en 2015 la prioridad es garantizar el “derecho” a un alojamiento con un piso del parque público y, en todo caso, la prestación será sustitutoria y abonada por el Departamento de Vivienda, ahora separado del de Empleo y Políticas Sociales.
El problema es que la idea es que esta nueva ayuda elimine la anterior (conocida como PCV). Sin embargo, en la Ley de Vivienda los requisitos de residencia y empadronamiento son más elevados porque colectivos de extranjeros que ahora sí tiene ayudas económicas para el alquiler con cargo a la RGI podrían perderlo. Fuentes del área de Vivienda, dirigida por el socialista Iñaki Arriola, aseguran que en las próximas semanas se conocerá un borrador del decreto que regula esta prestación.
