Sellos diferentes de la misma fecha comprometen las pruebas presentadas por el acusado Sánchez Robles

La presunta falsificación de pruebas adelantada por eldiarionorte.es por parte del exdirector de Juventud del Gobierno vasco, Xabier Sánchez RoblesAlfredo de MiguelKataia Consulting

Josu Izaguirre

Olatz Garamendi: No, normalmente van con un número de registro.

Olatz Garamendi, que ejerció de responsable jurídica de Cultura en la época de las contrataciones bajo sospecha, es actualmente viceconsejera de Educación y se ha expresado en esos términos preguntada por el fiscal por unos sellos supuestamente oficiales del Gobierno vasco del que es alto cargo que han aparecido ahora en el juicio pero nunca antes desde que el caso estallara en 2010. En el mismo sentido se ha expresado la que fuera directora de Patrimonio del Ejecutivo, María Aranzazu Arzamendi, un cargo del mismo rango que el de Sánchez Robles en Cultura.

Sánchez Robles, con el ánimo de demostrar que ninguno de los contratos pagados a esas empresas estaba injustificado, aportó en 2017, en su escrito de defensa previo al juicio, las carátulas selladas de todos los contratos que por tres veces el propio Ejecutivo ha dicho que no constan en sus archivos. Se da la circunstancia de que en 2012, cuando declaró como imputado en la fase de instrucción aportó otra versión sin sellos de los mismos documentos. Por otro lado, en algunos casos De Miguel también aportó otras supuestas memorias justificativas. Pero, aunque son similares, son tres versiones distintas de los mismos documentos.

La Fiscalía, durante tres de los cuatro interrogatorios de la maratoniana jornada de este miércoles en la Audiencia Provincial de Álava, a la que ha asistido desde el banquillo de los acusados en su integridad Sánchez Robles, ha expuesto sus dudas en relación a esos documentos sellados. De confirmarse que están “fabricados” abrirían la puerta a la incoación de un procedimiento por falsedad documental, según han indicado fuentes judiciales. En concreto, se ha mostrado a través de las pantallas de televisión de la sala de vistas que los sellos esgrimidos por la defensa del exresponsable de Juventud difieren en algunos detalles muy importantes de otros de las mismas fechas que constan en la causa, que han sido debidamente compulsados por el Gobierno y que obran en poder de este periódico.

Concretamente, el fiscal Josu izaguirre se ha centrado en dos casos. El primero de ellos es un sello del 8 de enero de 2008. En el sumario hay una copia de la factura cobrada por las empresas del entorno de De Miguel y que tiene no sólo la fecha (“08 ENE 2008”), sino un código interno de entrada en la ventanilla del Departamento de Cultura. En el informe justificativo de Sánchez Robles, en cambio, el “08” de enero se convierte en “8” y desaparece el código de entrada. En el segundo supuesto es del 13 de febrero de 2007. La viceconsejera Garamendi ha dejado constancia que la grafía del 3 en el original y en el aportado por la defensa del exdirector de Juventud son visiblemente diferentes. Igualmente, le falla el código de registro.

Garamendi y Arzamendi, como también Inés Pérez, secretaria en el Departamento de Cultura, han explicado que el registro obligaba siempre a anotar una 'matrícula' a cada documento sellado para incorporarlo de manera ordenada e individualizada a las bases de datos informáticas del Gobierno. “Estamos ya agotando hipótesis, descartada la intervención divina”, ha ironizado Izaguirre casi al término de la sesión en relación a estas presuntas irregularidades.

Tras la primera pregunta que ha realizado Izaguirre sobre este espinoso asunto, el letrado de Sánchez Robles, Javier Beramendi, ha formulado una protesta al entender que el ministerio público no sólo hacía preguntas a los testigos, sino también “valoraciones”. Beramendi, que no parece dispuesto a renunciar a esas pruebas en el juicio, ha tratado de dejar constancia de que en Cultura había sellos distintos que pudiesen justificar las diferencias, pero los testigos han puntualizado que solamente existe uno en castellano y otro en euskara. Las copias de Sánchez Robles tienen marcas de fecha en castellano, como los originales del sumario. Finalmente, ha querido dejar constancia de que ni Garamendi, ni Arzamendi ni Pérez eran “responsables” del registro de Cultura, por lo que no podían hablar en primera persona de la cuestión.

El Gobierno vasco, que está personado en el 'caso De Miguel' pero que hasta la fecha se ha mantenido en un segundo plano a la sombra de la Fiscalía, no ha incidido en esta cuestión que le toca de lleno aunque fuentes del Ejecutivo manifestaron a este periódico sus sospechas de que las pruebas de Sánchez Robles pudiesen estar “fabricadas”. El letrado Javier Otaola, en todo caso, sí ha dejado constancia de que buena parte de los contratos con Errexal, Kataia Consulting y Ortzi Muga no se ejecutaron porque la Administración paga informes “para conservarlos” y en estos casos no constan.

La “responsabilidad” de Sánchez Robles

“Si se ha realizado el trabajo, quedaría en manos de la Administración”, ha señalado la viceconsejera Beramendi preguntada por Otaola por los expedientes que no aparecen. Como Arzamendi, que tenía idénticas competencias que Sánchez Robles, ha asegurado que le han “llamado la atención” que en las contrataciones con estas sociedades apenas constase la adjudicación y la orden de pago, sin más memorias justificativas. siempre preceptivas en esa modalidad de contratación. 

Ambas excargos de Cultura han explicado que la “responsabilidad” del control de la ejecución de esos trabajos recaía en la dirección de Juventud, en Sánchez Robles y en su equipo, aunque formalmente los trabajos fueran firmados por su superior, el viceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, igualmente imputado en este caso y que, como su subordinado, se expone a una pena de cárcel que ronda los 18 años por estos hechos. En la sesión, los testigos han señalado que Larrañaga sólo firmaba el contrato, sin conocer los detalles del expediente, en la “confianza” en que Sánchez Robles y el resto de subordinados realizaban correctamente sus labores de control, según ha expuesto su letrado, Miguel Alonso. 

Finalmente, la defensora de Iñaki San Juan, Ainhoa Mentxaka, ha querido restar importancia a que Ortzi Muga especialmente no tuviera nunca trabajadores, pese a lo cual obtuvo alrededor de 80.000 euros en contratos del área de Juventud. Ha remarcado que existen “sociedades unipersonales” y “empresarios individuales”. San Juan, exconcejal del PNV en Leioa, ejerció de administrador de Errexal y también controló Ortzi Muga, si bien la contabilidad en ambos casos la llevaba la hermana de Alfredo de Miguel. San Juan ha estado presente durante la sesión de este miércoles del juicio, en la que ha ido comentando los interrogatorios con Sánchez Robles, sentado a su lado.