La letra pequeña del calendario de 33 transferencias a Euskadi: en puertas de una negociación complicada
El Estatuto de Gernika cumplirá 40 años el 25 de octubre de 2019. Y 2019 será un año clave para el autogobierno vasco por dos factores. Por un lado, porque se avecinan meses definitivos para conocer si prospera o no la propuesta de PNV y EH Bildu para superar el marco estatutario con marcado acento soberanista y, por otro, por el cronograma de transferencias planteado por el Gobierno central para ceder a Euskadi en tres bloques la práctica totalidad de las competencias pendientes desde hace cuatro décadas con la importante excepción de la gestión de la Seguridad Social, sobre la que existe una profunda discrepancia política entre Vitoria y Madrid. Son 33 asuntos, que cuantitativamente constituirían el 23% del pacto estatutario (144 competencias), si bien su peso cualitativo no es tan importante.
El Gobierno vasco ha recibido con sabor “agridulce” -en palabras de Josu Erkoreka- el planteamiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez, largamente esperado por el equipo de Iñigo Urkullu. Y no sólo por la exclusión deliberada de las cuatro materias relacionadas con la Seguridad Social. La segunda gran transferencia pendiente, Prisiones, queda relegada a la cola de la lista cuando era “prioritaria” para Euskadi, según se recoge en el acuerdo de coalición del PNV con los socialistas. Además, todas las partes son conscientes de los condicionantes que pesan sobre este proceso de negociación. ¿Durará el Gobierno del PSOE hasta completar en 2020 las 33 transferencias? ¿Y por qué el calendario tiene el apellido de “orientativo” y no el de “definitivo”?
Ha sido con la llegada del Ejecutivo de Sánchez cuando se han reactivado las transferencias pendientes, históricamente vinculadas a los acuerdos políticos que ha necesitado el Gobierno central de turno con el PNV. El último paquete fue con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa con los nacionalistas de socios preferentes en las Cortes Generales y deseosos de sacar pecho ante un lehendakari socialista, Patxi López. El partido 'jeltzale' arrancó del Ejecutivo una transferencia del Inem (políticas activas de empleo) mucho más amplia y económicamente ventajosa que la cerrada por el Gobierno socialista vasco.
“La voluntad de acuerdo del Gobierno de España en materia de avance en la autonomía del País Vasco quedó patente ya en noviembre cuando, después de siete años sin avances, se cerraron en la comisión mixta de transferencias los primeros traspasos a la comunidad: concretamente, los de las líneas de ferrocarril Basurto-Ariz y la de Irauregi-Lutxana-Barakaldo, además de un tramo de la AP1”, defiende el Ministerio de Meritxell Batet, la interlocutora con Euskadi en esta materia.
Los aeropuertos y el modelo catalán
En realidad, aquellas negociaciones de dos temas menores fueron más complicadas de lo que se preveían. Ello adelanta que el cumplimiento del cronograma planteado no será para nada sencillo. El Estado -es un convencimiento generalizado- no va a acceder de saque a todas las pretensiones esgrimidas por la parte vasca, que elaboró su informe de demandas sobre cada una de las 37 transferencias pendientes. “Es un proceso en el que hay que identificar las funciones que se traspasan. Confiamos en llegar a acuerdos en cada uno de los aspectos materiales”, puntualizan desde el equipo de Batet.
Hay un ejemplo paradigmático de por dónde pueden ir esas diferencias en “aspectos materiales”. Es el caso de la transferencia de aeropuertos, incluida en la lista. Informes del Gobierno vasco aluden a la posibilidad de la gestión de Loiu, Foronda y Hondarribia, pero la Constitución reserva al Estado los aeródromos de “interés general”. “Pese a ello, el Estado tiene plena capacidad para decidir que la gestión de los tres aeropuertos vascos se realice por la CAPV”, defenderá Euskadi, según sus informes previos sobre la materia.
Cataluña ya recibió la transferencia de aeropuertos y ha creado un organismo similar a Aena de ámbito autonómico pero que se limita a gestionar instalaciones pequeñas y que no son de “interés general”. Las grandes terminales, como El Prat, siguen en manos del Estado. Es más, en el caso de los puertos marítimos ya se produjo la transferencia, limitada a los más pequeños. Los dos grandes, Bilbao y Pasaia, son parte de la red del Estado, aunque es cierto que el Gobierno vasco tiene potestad para proponer al presidente de cada una de las autoridades portuarias. También la Constitución alude a ello como una competencia “exclusiva” del Estado, pero en el cronograma se sugiere que pueden ser objeto de negociación igualmente.
Las 33 transferencias se han articulado en tres bloques. Las primeras siete, aparentemente, ya se están perfilando desde diciembre, deberían estar definidas en febrero y el “horizonte de acuerdo” es casi inminente, marzo de 2019. De todas ellas, la más potente es la de Cercanías de Renfe y la antigua Feve para completar la red interna de Euskotren. El segundo bloque (11 traspasos) se empezará a negociar en febrero para cerrarlo antes de agosto. Se espera solventar la duplicidad entre la Aemet y Euskalmet, asuntos de seguros y banca, Salvamento Marítimo o el tramo vasco de la AP-68 (la AP-1 ya ha sido transferida recientemente).
El PP ve que se “desmantela España”
Es el último bloque el más amplio, con 15 traspasos. Entre ellos, el más polémico, el de Prisiones, doblemente previsto en el Estatuto (artículos 10.14 y 12.1). Nuevamente, el modelo es el que ya opera en Cataluña y que la existencia de ETA ha condicionado: gestión autonómica de edificios penitenciarios y funcionarios. En ningún caso se crearía una política penitenciaria diferenciada, nuevamente porque es una materia incluida en la lista de poderes del Gobierno central que detalla la 'carta magna'.
El PP, sin embargo, ha acusado abiertamente al Ejecutivo de Sánchez de “desmantelar España” y de atacar la dignidad de las víctimas de ETA. “La política indiscriminada de acercamiento de presos al País Vasco de Pedro Sánchez junto a la cesión ahora de las Prisiones al Gobierno vasco, puede suponer la impunidad para muchos terroristas”, ha llegado a decir esta semana el portavoz en el Senado y exdirector de la Policía Nacional Ignacio Cosidó. Por su parte, el Ejecutivo autonómico -que ya tiene otras competencias de Justicia incluida la gestión de penas diferentes a las de cárcel- lamenta que una cuestión “prioritaria” quede relegada al último bloque y que, además, el Estado siga planificando su mapa de cárceles en España sin contar con la posible transferencia, en referencia al dinero previsto para la nueva penitenciaría de Gipuzkoa.
Según los decretos de estructura del actual Gobierno vasco, sería una consejera del PSE-EE, María Jesús San José, la responsable de gestionar los centros transferidos. Su cartera de Justicia y Trabajo, además, le haría receptora de una hipotética cesión de la gestión de la Seguridad Social, pero ese debate se ha apartado totalmente.
El laberinto de la Seguridad Social y la caja única
Jurídicamente, desde luego, constituye un reto articular un traspaso nunca antes probado con ninguna otra comunidad autónoma. ¿Qué dice la Constitución? Nuevamente en la guía de materias reservadas en exclusiva al Estado (el artículo 149) se alude a ello y se fija que el Gobierno central se encargará de la “legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas”.
La redacción es de 1978 y, en 1979, el Estatuto recogió así el guante: “En materia de Seguridad Social corresponderá al País Vasco: a) El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma. b) La gestión del régimen económico de la Seguridad Social”. Además, se recoge una disposición adicional: “La Comisión Mixta de Transferencias que se crea para la aplicación de este Estatuto establecerá los oportunos convenios, mediante los cuales la Comunidad Autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, según los procedimientos, plazos y compromisos que, por una ordenada gestión, se contengan en tales convenios”.
Con esos matices, la posible transferencia quedaría restringida a que Euskadi pudiera crear un ente pagador de pensiones y gestor de esas prestaciones decididas por el Estado y que seguirían saliendo de una misma 'hucha' común. “La unidad de la caja de la Seguridad Social es compatible con la existencia de un cajero en Madrid y otro en Euskadi”, manifestó el consejero Erkoreka a 'Deia' hace unas semanas. Es más, el Gobierno autonómico interpreta que “el desarrollo de las competencias asumidas en el Estatuto de Autonomía en el área de referencia pasa por ser uno de los retos pendientes más trascendentales para lograr el impulso y profundización del autogobierno”.
Pero el Gobierno central es reticente a romper el carácter unitario del sistema en el más amplio sentido. “Si la Seguridad Social no ha sido transferida en 30 años será por alguna cuestión. No hay que confundir lo urgente con lo importante, lo urgente es garantizar el sistema público de pensiones”, enfatizó el presidente en las Cortes Generales el pasado año, donde prometió que sí había posibilidad de acuerdo en otra treintena de materias. “Un primer paso ha sido ponerse de acuerdo en negociar traspasos. Ambas partes tenemos ahora que ponernos de acuerdo en cada uno de esos ámbitos y para eso necesitamos poner el acento en los aspectos que nos unen, en cada uno de ellos, y no en aquellos que nos separa. En ese momento demostraremos una voluntad auténtica de llegar a acuerdos y de materializar esas transferencias”, zanjó la ministra Batet.
