Urkullu, “orgulloso” de que la Ertzaintza no tenga condenas por torturas pero no “valora” que se le acuse en el 'caso De Miguel'
Dos preguntas muy diferentes de Elkarrekin Podemos y PP en la sesión de control al Gobierno que celebra este viernes el Parlamento vasco han coincidido en reclamar al lehendakari, Iñigo Urkullu, un apoyo público a la Ertzaintza, cuyos sindicatos Erne y ELA se manifestaban en la puerta de la Cámara a pesar del temporal de nieve. Desde la coalición de izquierdas, Lander Martínez ha reclamado a Urkullu palabras de aliento a los agentes que llevaron a cabo la investigación del 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi y que sienta en el banquillo a varios exdirigentes del PNV de Álava, después de que los imputados realizaran gruesas acusaciones de que habían manipulado la investigación. Y, desde la bancada 'popular', Alfonso Alonso ha asegurado que “la Ertzaintza merece ser defendida” después de que un informe encargado por el Gobierno sobre torturas detectase 300 casos en la Policía autonómica de un total de 4.100.
El tono de la respuesta del lehendakari ha sido sutilmente diferente en ambos debates. A Alonso, que ha considerado inconcebible que un Gobierno envíe a su Parlamento un documento que cuestiona a su cuerpo policial, le ha prometido que iba a ser “lo más claro posible” y le ha explicado que “la principal conclusión diferencial del informe es que la Policía vasca ha promovido estructuralmente un modelo preventivo positivamente valorado por instancias internacionales”. Además, ha recordado la “inexistencia de condenas” contra ertzainas. “Me siento orgulloso de la Ertzaintza”, ha solemnizado Urkullu al cierre de su alocución.
Sobre 'caso De Miguel', Urkullu ha aludido a un “respaldo absoluto” a la labor de la Ertzaintza en su calidad de “Policía judicial” pero ha matizado que no le corresponde “valorar las palabras de las defensas”, que han acusado abiertamente a los ertzainas adscritos al caso de obtener pruebas de modo “inconfesable”, de extralimitarse en los registros o no respetar la cadena de custodia de las pruebas clave del caso, las grabaciones que probarían la exigencia de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos 'a dedo'. No valora las “palabras” y “estrategias” de los imputados ni tampoco los “comentarios” del fiscal del caso, Josu Izaguirre, que cargó duramente la impunidad con la que actuaban los imputados y que pidieran comisiones desde correos electrónicos institucionales.
El lehendakari ha incidido también en la “presunción de inocencia” de los acusados y en la “rapidez” con la que el PNV, del que él era presidente, respondió cuando el caso estalló en 2010. Ha esgrimido un artículo de opinión que publicó en aquel año en el que reivindicaba la importancia de adoptar medidas preventivas para preservar la “dignidad” de la política.
Desde Elkarrekin Podemos, Martínez ha insistido en que “nadie” ha defendido la labor de la Ertzaintza, que entre otras cosas elaboró varios informes que desmenuzaron los movimientos económicos de la trama societaria articulada en torno al ex 'número dos' peneuvista en Álava, Alfredo de Miguel. Y ha añadido que el PNV también “desliza” que no es un “juicio justo” o que “la petición de penas es excesiva”. También ha lamentado que nadie “desautorice” al portavoz parlamentario, Joseba Egibar, quien en su día abrazó a los imputados y que ahora defiende su inocencia e incluso asegura que está demostrado que no ha habido enriquecimiento ilícito por parte de De Miguel y el resto de acusados. Se da la circunstancia de que Egibar se ha ausentado del hemiciclo justo hasta que se ha terminado este debate, tras el cual ha ocupado su escaño.
Según Martínez, el Gobierno también está manteniendo un perfil muy bajo como parte personada en el juicio. El letrado del Ejecutivo, Javier Otaola, no solicita penas de prisión y se limita a reclamar la devolución de parte del dinero obtenido en contratos presuntamente irregulares por las empresas controladas por De Miguel. Urkullu ha insistido ante las críticas de Elkarrekin Podemos en que el Gobierno “está personado” en la causa y que “defiende el interés público”.
