Los imputados recuperan la estrategia de que ETA amenazó a De Miguel para justificar operaciones opacas

Fue en 2011 cuando el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, y su esposa, Ainhoa Bilbao, sobre los que ya pesaban acusaciones de corrupción, introdujeron a la vez como estrategia de defensa que el político había aparecido en papeles incautados al exdirigente de ETA Mikel  Albisu, más conocido como Mikel 'Antza'. Dada su condición de amenazado, aparentemente le habían sugerido desde instancias policiales realizar de manera más opaca determinados movimientos económicos. En apenas unas semanas, el juez instructor del 'caso De Miguel', Roberto Ramos, pudo desechar esa teoría con un informe de la Policía Nacional -“Al miembro de ETA Mikel Albizu [...] no se le intervino documentación alguna referida a Alfredo de Miguel”- y la pasada semana, en su intervención en el juicio por este caso que se sigue en la Audiencia Provincial de Álava, ni De Miguel ni su esposa hicieron mención a ello como coartada. 

Sin embargo, este lunes esa línea de defensa ha vuelto a ser puesta encima de la mesa. Lo ha hecho la esposa de Koldo Ochandiano. De Miguel, Ochandiano y otro exdirigente del PNV alavés, Aitor Tellería, crearon la mercantil Kataia Consulting, supuesta empresa pantalla que, según la Fiscalía, fue empleada para el cobro de comisiones y la obtención de financiación. La sociedad estuvo a nombre de Bilbao, cónyuge de De Miguel, y de las parejas de Tellería y Ochandiano, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu-Urrutia, respectivamente.

Ambas han declarado este lunes en el juicio del 'caso De Miguel'. Gaztelu-Urrutia, en respuesta a las preguntas que tenía preparadas con su abogado, Carlos Chacón, ha tratado de justificar con la supuesta amenaza de ETA a De Miguel una extracción de 30.000 euros en billetes de 500 euros de la cuentas de Kataia Consulting. Posteriormente, ella hizo llegar ese dinero al político en la calle.

Chacón: [En la investigación] El ministerio fiscal le preguntó por las disposiciones de fondos realizadas en 2005.

Gaztelu-Urrutia: De aquello me acuerdo, sí. Era un cantidad... Mi marido llamó a la chica de Ipar Kutxa para que tuviera preparado un montante para que yo lo recogiera. Recogí los 30.000 euros y en los alrededores de mi domicilio se los di a De Miguel. 

Chacón: ¿Y por qué no se hizo una transferencia?

Gaztelu-Urrutia: Entiendo que no me lo dijera entonces... pero era por los papeles de Mikel 'Antza'. Me explicaron que había que sacar esa cantidad. El señor De Miguel estaba señalado en determinados papeles de ETA y le habían recomendado [ese tipo de movimientos].

Como la acusada no ha accedido a responder a las preguntas de la Fiscalía ni a las de ninguna otra parte y se ha limitado a atender a las de su letrado y a las acotaciones del presidente del tribunal, Jaime Tapia, ha quedado en la nebulosa cuál fue el destino de ese dinero y la motivación de la operación.

Gaztelu-Urrutia, a diferencia de Bilbao, no ha podido negar su participación en actividades como ésas de Kataia Consulting, ya que habían quedado demostradas en la investigación. La mujer de De Miguel, siguiendo la línea argumental de la infanta Cristina en el 'caso Urdangarín', insistió en que ella sólo era la administradora nominal de la empresa y que se dedicaba a temas “domésticos” porque eran los maridos los que gestionaban las cuentas. También ha manifestado la esposa de Ochandiano, que llegó a ser candidata del PNV en las autonómicas del 2009, que tenía “una nómina” por las tareas que desarrollaban sus parejas. “¿Las tres?”, ha preguntado el juez Tapia, buscando más detalles. “Yo sé lo que teníamos nosotros”, ha apostillado.

Bajo sí ha ahondado en la línea de defensa de Bilbao y ha enfatizado que su relación con Kataia Consulting fue de “siete segundos” porque su pareja nunca le informó de sus movimientos. “¿Cuánto tiempo real ha empleado para la empresa?”, le ha planteado su letrado, Jesús Villegas. “Lo que cuesta ir de Vitoria a Amurrio [al notario], echar un firma y volver. No creo que fueran más de siete segundos de trámite, lo que cuesta echar una firma”, ha respondido quien, según ha recordado Villegas, se expone a “21 años de cárcel y [a pagar] una bagatela de 2 millones de euros”. 

La imputada ha aprovechado la pregunta para lamentar el daño que le ha causado su procesamiento en el 'caso De Miguel' -“todo el mundo cuchichea, te pone caras raras” o “es un auténtico infierno”, ha indicado-, unas consecuencias que no se las desea “ni al ministerio fiscal”. Ha asegurado que su vida “dio un giro de 360 grados” [sic] por este caso y ha denunciado las “filtraciones” a la prensa o haber recibido anónimos intimidatorios contra ella y contra Tellería.

Más allá de eso ha destacado también que “pondría la mano en el fuego” por la inocencia de su marido y ha solemnizado que éste ni exigió comisiones ni extorsionó a nadie para cobrarlas. “Primero de todo, no sería mi marido. No se lo hubiera permitido. Después de 30 años lo conozco perfectamente y Aitor no es una persona de coaccionar. Ese tipo de cosas no van con él”, ha declarado Bajo.

Además, ha detallado que en aquella época de creación de Kataia Consulting el matrimonio no compró “nada”. Su abogado, Villegas, le ha preguntado expresamente por si cambiaron de piso o de coche o si hicieron algún viaje de placer, curiosamente tres acciones que sí hizo el matrimonio De Miguel-Bilbao en aquella época. La investigación, en todo caso, señala que en 2005 la pareja Tellería-Bajo sí matriculó a nombre de la empresa una furgoneta Fiat Dobló Panorama en régimen de 'leasing'. Cuando la compañía dejó de tener liquidez sus gastos corrieron a cargo de las cuentas personales del matrimonio.