La renta de garantía de ingresos vasca en el diván: cuatro reformas legislativas para una misma prestación
Euskadi siempre ha presumido de su renta de garantía de ingresos, conocida por sus siglas RGI y que procura un mínimo de recursos a quienes no tienen nada o a quienes cobran sueldos o pensiones bajas. Sin embargo, al mismo tiempo es posiblemente la política más zarandeada con propuestas, recortes -desde 2011 se cobra un 7% menos y nadie lo ha revertido- y cambios de gestión. 2019 arranca como acabó 2018, con el sustento que cobran 55.380 personas en el diván. El Parlamento espera nada menos que cuatro reformas legislativas simultáneas sin que esté claro que ninguna de ellas pueda prosperar.
Primera ley: la reforma del Gobierno
La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, retoma este viernes sus contactos con EH Bildu para buscar apoyos parlamentarios con los que sacar adelante la gran reforma anunciada el pasado año pero que fue retirada a última hora antes del verano ante el riesgo de que la oposición en la Cámara (que suma 38 escaños por 37 de PNV y PSE-EE) la bloqueara. Esa propuesta, tramitada como proposición de ley y no como proyecto de ley del Ejecutivo, preveía mejoras en algunas cuantías pero también puntos más polémicos como la desvinculación definitiva de las ayudas del Salario Mínimo Interprofesional justo cuando más está mejorando en España y la limitación a una sola prestación por vivienda.
EH Bildu, según ha expresado en rueda de prensa su representante, Nerea Kortajarena, acude a la cita con disposición a escuchar pero persuadida igualmente de que desde junio ahora “no se han visto ni movimientos ni flexibilidad” para superar las discrepancias. Fuentes del Gobierno, por el contrario, indican que la oposición tampoco se ha movido del 'no' y confían en que también muestre esa flexibilidad que demanda.
En la coalición abertzale, en todo caso, sorprende que Artolazabal sea capaz de encarar esta nueva ronda de contactos abierta al acuerdo tanto con ellos como con el PP, con un modelo opuesto. En las filas 'populares' la reflexión es exactamente la misma. Ambos partidos lo ven como una muestra de indefinición del Gobierno.
Segunda ley: los presupuestos
Esa reunión se producirá el viernes. Unos días después, el martes 29, el Gobierno aprobará con toda probabilidad la ley para gestionar la prórroga presupuestaria. En ella se prevé un capítulo específico para actualizar la RGI en 2019 un 2,25%, la misma cuantía que subirán los salarios de los funcionarios y la financiación de la escuela concertada, sumergida en una huelga continuada en los últimos días. Se da la circunstancia de que el Ejecutivo, cuando negoció esos mismos presupuestos con EH Bildu, llegó a ofrecer mucho más que eso.
Singularmente, en medio de las movilizaciones de los pensionistas, se analizó una subida de los complementos de pensiones con cargo a la RGI y que afectan ahora a 14.000 personas. El Ejecutivo estaba dispuesto a subir hasta 858 euros la pensión garantizada en varias fases hasta 2021 y a estudiar la posible “individualización” de esta ayuda, que ahora se cobra por familias, para que un matrimonio con dos pensionistas, por ejemplo, pudiese tener dos prestaciones, lo que abriría la puerta a numerosos beneficiarios.
Tercera ley: iniciativa de Elkarrekin Podemos
Como no hay dos sin tres, Elkarrekin Podemos ya ha anunciado que buscará la derogación de la cláusula que año a año aparece en las disposiciones adicionales de las leyes de presupuestos para reducir con carácter general la RGI un 7%, una medida “temporal” anunciada por la consejera socialista Gemma Zabaleta en 2011 y vigente desde 2012. Sus efectos todavía hoy se notan en los bolsillos de los perceptores de ayudas sociales.
La coalición de Podemos, IU y Equo ha defendido que “la recuperación de la situación socioeconómica ha aumentado tanto el PIB como la renta per cápita” y ha destacado que “esto ha supuesto que otras ayudas económicas y prestaciones y otros colectivos de personas hayan visto mejorada progresivamente su situación”. “Sin embargo, este avance no se ha visto reflejado en las personas perceptoras de la renta de garantía de ingresos”, según la parlamentaria morada Tinixara Guanche. Kortajarena (EH Bildu) sostiene también que “hay que dejar atrás una época de recortes y endurecimiento de condiciones”, más cuando la recaudación de impuestos está batiendo récords.
Cuarta ley: iniciativa legislativa con 51.000 firmas
En paralelo, la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, una plataforma en la que se integran ELA, LAB y otras organizaciones, entregó ya en el registro del Parlamento 51.000 firmas para promover una iniciativa legislativa popular (ILP) contra la pobreza y la exclusión social. Muchas de las medidas propuestas afectan de lleno a la RGI, como la intención de que baje la edad mínima para acceder a las prestaciones de 23 a 18 años o modificar el requisito de padrón, que en 2011 subió de un año en Euskadi a tres años, lo que dejó fuera del sistema a muchos extranjeros. Esa ILP devuelve la RGI a una proporción del SMI y plantea que del 88% instaurado en 2008 se pase al 100%.
El Ejecutivo de PNV y PSE-EE ya ha emitido un informe desfavorable a la tramitación de esta reforma legal. “El Gobierno alega que su propuesta tiene en cuenta la realidad socioeconómica, cuando realmente lo que quieren decir es que no quieren destinar más dinero a prestaciones sociales”, protestan desde la plataforma.
