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Opinión - Cada día un Vietnam. Por Esther Palomera

“¿Qué hacemos con esta imbécil?”

Alfonso Arriola, con su letrado.

Iker Rioja Andueza

La denunciante del 'caso De Miguel', la abogada urbanista y empresaria Ainhoa Alberdi, vuelve este miércoles a la Audiencia Provincial de Álava para su tercera y última comparecencia. La pasada semana, en dos días, aportó detalles de cómo fue extorsionada para que abonara una comisión de 100.000 euros tras la adjudicación a su empresa Urbanorma Consulting de un contrato en el parque tecnológico de Miñano (Álava), así como de la “impunidad” con la que actuaron sus “interlocutores”, los dirigentes del PNV de Álava Alfredo de Miguel y Aitor Tellería, y de cómo la denuncia le ha supuesto un importante coste personal y vetos para acceder a contratos con las Administración. Entretanto, continúa el macroproceso, centrado este martes en el análisis de los correos electrónicos de los acusados. En uno de ellos, el que fuera gerente de Miñano, Alfonso Arriola, se refiere directamente a Alberdi: “¿Qué hacemos con esta imbécil?”.

El 'e-mail' en cuestión se lo envió Arriola a su superior, el también imputado Julián Sánchez Alegría, que era presidente de la red de parques tecnológicos de Euskadi y firmante del contrato con Urbanorma Consulting. Está datado en julio de 2009, cuando el trabajo de ampliación del polígono encargado a Alberdi ya estaba finalizando y la letrada aspiraba a cobrar todos sus honorarios mientras lidiaba con la “situación paralela”, como definió ella a la petición de una comisión por parte del que fuera 'número dos' del PNV alavés.

Alberdi llevaba meses insistiendo al contable de Miñano, Koldo Ochandiano, socio de De Miguel y Tellería en la sociedad Kataia Consulting, la empresa pantalla que presuntamente se iba a utilizar para blanquear con una factura falsa el abono de la 'mordida'. La denunciante explicó que Ochandiano no le exigió dinero directamente, pero interpretó que los problemas que tuvo para cerrar sus honorarios pudieron tener que ver con su papel como copropietario de Kataia Consulting. “De la investigación se puede deducir que, aunque le estaban pidiendo una comisión, quería cobrar la factura, la veía en peligro por la situación paralela”, ha valorado la ertzaina 15421. Esta policía especialista analizó todos los correos electrónicos incorporados al sumario y ha explicado sus informes al tribunal.

Tras el “¿Qué hacemos con esa imbécil?” de Arriola, Sánchez Alegría le insta a su subordinado a “proceder” al pago de las facturas pendientes “si son conformes”. El alto cargo del Gobierno, también procesado por el 'caso Epsilon', era conocedor de la “situación paralela” porque así se lo trasladó la propia Alberdi, tal y como declaró ella. La Fiscalía le da credibilidad y le acusa de no haber denunciado los hechos y de tolerarlos al haber pedido discreción a De Miguel en sus 'gestiones'. Durante el juicio, otros cargos relacionados con los parques tecnológicos como Joseba Urbieta -excontable de Miñano y actual gerente de Zamudio- o el exdirector general de Spri Mauricio Lazcano Brotóns han admitido que Sánchez Alegría les trasladó las inquietudes de Alberdi.

De Miguel guardaba pruebas incriminatorias

De Miguel se ha dejado ver este martes en la Audiencia Provincial de Álava. Serio, casi solo en el enorme banquillo de los acusados con espacio para 26 personas, ha escuchado de primera mano cómo la agente de la Ertzaintza 1542 ha revelado que el político almacenaba en el ordenador de su despacho de la Diputación de Álava información que le implica directamente en las irregularidades en Miñano. El polígono era una sociedad pública en la que el político en principio no tenía ninguna responsabilidad pero en la que intervino decisivamente, según han expuesto algunos testigos en el juicio, para dirigir la adjudicación a Urbanorma Consulting en unos términos muy concretos y para exigir luego una comisión por ello.

En concreto, De Miguel tenía en su equipo oficial una carpeta llamada “Urbanorma Consulting” con tres archivos. Uno era una copia “original” del contrato de Miñano con Urbanorma Consulting, el otro un cuadro con los honorarios de Alberdi y el tercero un Word en el que había pegado los 'e-mails' que se cruzó en diciembre de 2008 con la abogada y empresaria y en los que le exigía los 100.000 euros. Esos correos, ha declarado la ertzaina, coinciden con los que la denunciante entregó como pruebas cuando acudió a la Fiscalía para destapar la trama en diciembre de 2009.

Asimismo, en ese mismo ordenador De Miguel almacenaba otras carpetas con el nombre de otras empresas que controlaba, como Errexal o Eskalmelo. También había datos sobre su proyecto luego no llevado a cabo de promoción inmobiliaria en la Costa del Sol.

A vueltas con las grabaciones

Durante la jornada de este martes han vuelto a estar sobre la mesa las 24 grabaciones que aportó Alberdi como pruebas de apoyo a su denuncia, almacenadas en una Olympus VN-5500. El ertzaina 4234 ha manifestado que él no ha apreciado “ninguna manipulación en el sentido de manipular lo que se dice” en los audios. En ellos, por ejemplo, se escucha hablar de las comisiones como algo “dentro de lo normal”. La 15421 ha apostillado que es cierto que hay partes ininteligibles en los archivos pero que no se puede concluir que “cambie el ambiente de una conversación” en esos cortes.

Los abogados de los imputados, en lo que parece su principal línea de defensa, han insistido en buscar errores o irregularidades en la investigación de la Ertzaintza. Los agentes que han comparecido en esta sesión, al igual que los del lunes, han defendido la pulcritud de su trabajo -“Policía Científica no manipula las evidencias”- e insistido en que cada paso que dieron estuvo autorizado por el juez instructor que dirigió la investigación, Roberto Ramos.

Asimismo, la defensa de De Miguel ha citado a dos peritos para presentar un informe adelantado por eldiarionorte.es. Se trata de un trabajo de 33 páginas elaborado por Evidentia Peritaje Informático en 2015 en el que se concluye que del análisis de la Olympus no se pueden extraer garantías de que los audios no fueran manipulados, principalmente por el elevado nivel de ruido ambiental que Alberdi atribuye a que escondió la máquina “en las medias” o en bolsillos para no ser detectada. “El origen de este anómalo nivel de ruido también puede deberse a una 'regrabación' de las conversaciones. Efectivamente, una manera típica para manipular grabaciones es extraer las grabaciones originales de la grabadora, editarlas con un ordenador, reproducirlas en el mismo y regrabarlas en la grabadora como si fueran originales”, valoraron como hipótesis en su informe estos expertos, que se han ratificado ante el tribunal.

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