800 pisos de protección oficial vacíos y sin adjudicatario
¿Se puede morir de éxito o, al menos, empacharse? Sí. Eso es lo que le ha ocurrido a Vitoria con la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) , uno de los motivos de mayor orgullo de los sucesivos gobiernos municipales y autonómicos. Se han construido tantos pisos en la capital alavesa en la última década que ahora no se pueden colocar. Más de 800 pisos protegidos destinados a la venta se encuentran vacíos por falta de adjudicatario, un caso único en el País Vasco. La crisis económica ha atropellado a los posibles aspirantes, ciudadanos que incluso han tenido que rechazar las llaves del piso que les había tocado pocos días antes de formalizar la escritura. El caso es que el Gobierno vasco, que es el principal promotor de VPO en la comunidad, tiene ahora un parque de vivienda protegida vacía, costeada por todos los ciudadanos y con muy pocos visos de poder colocar a corto y medio plazo.
Más de 800 viviendas protegidas vacías a las que se trata de dar salida justo cuando la crisis económica más duro golpea a los ciudadanos, con los desahucios a la orden del día. Para Aimar Sáenz de Buruaga, representante de Stop Desahucios Araba-Kaleratzeak Stop Araba, la situación que se ha creado es “paradógica”. “Se trata de un contrasentido: nos esforzamos por parar los desahucios y mientras hay viviendas de protección social vacías, sin nadie que las pueda ocupar por falta de medios. Pisos que se han pagado gracias a los impuestos de todos los ciudadanos”.
Lo que está pasando en Vitoria con la vivienda de protección oficial es un fenómeno desconocido en el resto de la comunidad autónoma e incluso en España. Para entender lo que está ocurriendo hay que fijarse en dos circunstancias. Por una parte, en las buenas condiciones orográficas de la ciudad (a diferencia de lo que, por ejemplo ocurre en Bilbao). Y, por otro lado, en la apuesta política de los sucesivos gobiernos municipales y autonómicos por construir VPO para dar salida a la demanda de vivienda que existía en la capital alavesa.
Así, Vitoria ha acaparado desde finales de los años 90 del pasado siglo más del 50% de la construcción de pisos protegidos que se levantaban en Euskadi, cuando su peso poblacional apenas es del 16% de la comunidad autónoma. Un dato: de los 5.339 pisos protegidos que se iniciaron en Euskadi en el año 2006, el 54% se construyó en Álava (fundamentalmente en Vitoria). Esa tónica se ha mantenido hasta 2011 y 2012, en la que se ha invertido.
Cuando la economía ha ido bien, todo se vendía. Pero ahora resulta que no se puede dar salida, que la oferta desborda a la demanda, que las listas de demandantes de vivienda con las que han trabajado el Ayuntamiento de Vitoria y el Gobierno vasco que reflejaban la inscripción de hasta 7.000 demandantes eran un espejismo. Los posibles adjudicatarios se han ido cayendo justo cuando había que dar el sí definitivo delante del notario.
Es lo que le pasó a Andrés C., quien había esperado durante mucho tiempo la oportunidad de tener una casa, pero ha tenido que rehusar al piso que le había correspondido porque se ha quedado sin trabajo. “Ahora mismo me resulta imposible. No puedo arriesgarme a meterme en una hipoteca sin visos de encontrar trabajo. En Vitoria siempre hemos creído que si te tocaba un piso de VPO era incluso mejor que la lotería, pero ahora no puedo comprometerme”.
“Despropósito”
La viceconsejera de Vivienda del Gobierno vasco, Covadonga Solaguren, reconoce que el nivel de construcción de VPO en Vitoria en la última década ha sido “un despropósito”, atendiendo al número de población de la ciudad. “En ninguna localidad del resto de Euskadi pasa algo parecido. Las promociones se ajustan a la demanda, son más proporcionadas”.
El equipo de Solaguren trabaja con varias opciones para dar salida al parque de VPO: alquiler con opción a compra, venta con pago aplazado, posibilidad de crear un parque de alquiler para universitarios. Cualquier opción es mejor que mantener los pisos desocupados. “La apuesta del Gobierno vasco es por la política de alquiler y la rehabilitación”, recalca.
El objetivo del Ejecutivo autónomo, según Solaguren, es alcanzar en 2013 un parque público de alquiler de 19.000 viviendas, en el que se incluyen pisos promovidos por ayuntamientos y sociedades municipales.
Desde el Ayuntamiento de Vitoria también se admite que las listas de demandantes de vivienda se encontraban desactualizadas, lo que sumado a la crisis ha provocado la renuncia de muchos adjudicatarios. “Ahora hay que buscar fórmulas que ayuden a colocar esas viviendas. No tiene sentido mantener un parque de pisos vacíos”, apunta un portavoz municipal.
Desde Stop Desahucios no se ve con buenos ojos la posibilidad de que los pisos protegidos vacíos se reconduzcan hacia cualquier opción que tenga que ver con la venta. “La obsesión por la compra”, subraya Aimar Sáenz de Buruaga , “no tiene sentido, las viviendas no se pueden vender. Hay que tratar de reconducir ese parque de al alquiler social. Tener un piso protegido vacío inmovilizado es un drama”.
Para Enrique González, patronal de la construcción en Álava, lo que se impone en estos momentos es una reflexión sobre el modelo de política de vivienda protegida en Vitoria. “La repercusión fiscal de este tipo de viviendas es importante ahora que existe falta de ingresos. La imposibilidad de que una VPO se descalifique y pase a ser libre pagando los mismos impuestos que cualquiera al cabo de unos años merma las posibilidades de venta, retrae la economía y paraliza la actividad”.
Mientras se buscan soluciones, 800 viviendas protegidas vacías esperan un adjudicatario que no llega. Según la plataforma Stop Desahucios, Euskadi registra una media de ocho desalojos diarios, lo que supone que unas 8.000 familias se han visto inmersas en este tipo de procesos al no poder hacer frente al pago de su hipoteca o del alquiler.
