El juzgado activará el embargo de 16,5 millones a De Miguel por 21 delitos de corrupción
El pasado 9 de noviembre empezó a correr el plazo para que los 26 imputados en el ‘caso De Miguel’, la mayor trama de corrupción investigada en el País Vasco y que tiene como principal protagonista al ex ‘número dos’ del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, pagaran en efectivo o con avales las fianzas reclamadas por la Fiscalía antes del juicio, cuya fecha aún no está programada. En principio, sólo hay un margen de 24 horas tras la notificación oficial, aunque los afectados dispondrán de mayor flexibilidad y se encuentran realizando el trámite estos días.
En el caso del político, tendrá que hacer frente como “medida cautelar” al pago de nada menos que 16,5 millones de euros por 21 delitos de corrupción. A esa importante cantidad se suman otros 500.000 que deberá abonar su esposa, la también imputada Ainhoa Bilbao, a cuyo nombre se encontraba la empresa Kataia Consulting, una “pantalla” sin actividad aparente y pensada para recaudar comisiones, según los responsables de la investigación.
Fuentes de su entorno han explicado a eldiarionorte.es que De Miguel y su familia no podrán asumir semejante desembolso, por lo que el juzgado procederá al embargo de sus bienes hasta esa cantidad o hasta el máximo que se pueda liquidar con todos ellos. De hecho, el propio imputado ya declaró ante el juzgado en 2011 que no tenía ese dinero: “¡Ya me habría gustado mover desde Kataia Consulting 16 millones de euros!”. Sea como fuere, el juzgado, en un auto, ya ha advertido que “de no prestarse la fianza en el término y forma expuestos se procederá al embargo de los bienes en cantidad suficiente para cubrir dicha suma”.
La cifra inicial de 16,5 millones ha sido calculada teniendo en cuenta el volumen de todas las operaciones económicas bajo sospecha en el ‘caso De Miguel’, la ampliación del parque tecnológico de Miñano, las contrataciones irregulares en el Departamento de Cultura, las supuestas comisiones del 4% en contratas públicas, la compra de terrenos en Frúniz (Bizkaia) o las adjudicaciones de pabellones a la empresa Ezkibel. Sin embargo, por importancia, fue la recalificación de suelo en Zambrana, un pequeño municipio al sur de Álava, la que mayores cantidades movilizó. De hecho, ese proyecto estaba valorado en 65 millones de euros.
Algunos de los promotores, del grupo catalán Construcciones Riera, también deben hacer frente a elevadas fianzas. El que fuera administrador de Riera, Francesc Fernández Joval, tiene que pagar 6,5 millones, la misma cantidad que Plàcid Casas y Joaquim Sabater. Finalmente, el intermediario entre Zambrana, De Miguel y Riera, Iosu Arruti, de la asesoría Sidepur, tiene fijada una fianza de 9,2 millones y su padre, que tenía a su nombre algunas de las sociedades implicadas, 7,6 millones.
Estas sanciones ejemplarizantes forman parte de una petición más amplia del fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, que reclama también duras penas de prisión para los imputados. De Miguel, por ejemplo, se enfrenta a 54 años de cárcel por los 21 delitos. Sin embargo, si se atiende al Código Penal vigente en el momento de la comisión de los hechos (la investigación se inició en 2009), si un imputado es condenado por varios delitos tiene derecho a cumplir como condena máxima (excepto para casos de homicidio o terrorismo, que no es el caso) únicamente el triple de la subcondena más alta que haya recibido. Eso limitaría el castigo máximo a los 15 años.
