Se duplican los polizones detectados en el puerto de Bilbao en noviembre y diciembre
Las fuerzas de seguridad han computado en 2017 un total de 3.620 intentos de acceder como polizones al ferri que une el puerto de Bilbao con el Reino Unido, según datos oficiales facilitados a eldiarionorte.es por la Delegación del Gobierno de España en el País Vasco a falta de sumar los posibles nuevos casos en las últimas conexiones de esta semana con las islas británicas. La nueva cifra confirma las impresiones ofrecidas por la consejera vasca Arantxa Tapia la pasada semana en el Parlamento, en las que apuntaba a un repunte de las intrusiones en el tramo final del año. En los dos últimos meses han sido 1.060 los casos detectados (unos 130 semanales) por 2.560 en el resto del ejercicio (unos 60 semanales, la mitad).
Fue en verano cuando el interés de los medios de comunicación británicos por los intentos de (principalmente) jóvenes varones albaneses por acceder al Reino Unido mostraron que el puerto de Bilbao se había convertido en punto crítico en el tránsito de migrantes en Europa como consecuencia del desmantelamiento de los campamentos de Calais (Francia). Alrededor de la terminal del ferri, en las faldas del monte Serantes, aparecieron pequeños campamentos en los que estos jóvenes esperaban su oportunidad para colarse como polizones bien en el enlace de pasajeros con Porstmouth o bien en el de mercancías, con el mismo destino.
Los ciudadanos de Albania tienen un acuerdo para circular libremente por la Unión Europea pero no así por el Reino Unido, lo que fuerza a quienes buscan allí emprender un nuevo proyecto vital a buscar fórmulas ingeniosas de dar el salto. En el puerto de Bilbao han aparecido polizones escondidos en recovecos inverosímiles de los contenedores de mercancías o de los vehículos que viajan en la bodega del ferri de pasajeros. Hasta cinco cuerpos policiales (Guardia Civil, Policía Nacional, Ertzaintza, municipales de Santurtzi y la Policía portuaria o Portuzaintza) han movilizado un operativo especial ante un problema de “seguridad”, según las autoridades, tanto para los usuarios del ferri como para los propios polizones, que en muchos casos pasan horas ocultos en condiciones infrahumanas a la espera de embarcar en los ferris.
La polémica surgió cuando la autoridad portuaria optó por contener el flujo migratorio con la construcción de un muro de hormigón, a lo que se suman más vigilantes privados y cámaras de videodetección. Colectivos sociales y la oposición de izquierda en el Parlamento Vasco han criticado el “muro de la vergüenza” y lo han comparado con Melilla o incluso con las políticas de control migratorio de Donald Trump en Estados Unidos. El Parlamento, en cambio, no se ha pronunciado en contra de estas obras y el Gobierno de PNV y PSE-EE ha defendido que mejora las condiciones de seguridad de una “infraestructura crítica”. El PP, por su parte, ha sido más contundente y ha vinculado a estas personas con la mafia: “A estos señores en Inglaterra no les quieren ni ver. No los quieren ni ver porque saben a qué se dedican allí”. Ningún cuerpo policial, en cambio, tiene constancia de problemas de delincuencia asociados a estas personas.
Las obras del muro, en todo caso, no han frenado los intentos de intrusión. Al contrario. Si hasta el arranque de noviembre se habían cuadruplicado las cifras de 2016 con 2.560 casos -que no personas, ya que muchos lo intentan en varias ocasiones-, en los dos últimos meses y sin contar los datos de la última semana del año se han producido 1.060 más. Con tres conexiones semanales al Reino Unido, la media se ha duplicado en el último tramo del año hasta superar los 130 polizones semanales. Los campamentos desmantelados en verano, aunque más dispersos, han reaparecido en los municipios anexos al puerto, Santurtzi y Zierbena.
Por ello, el Gobierno vasco ha defendido también estrechar la colaboración con entidades como Cruz Roja para ofrecer apoyo “personalizado” a este colectivo e incluso “albergue” en caso necesario. Entidades sociales como CEAR u Ongi Etorri Errefuxiatuak también han dado la voz de alarma ante la situación en torno al puerto, si bien muy pocas de estas personas tienen la condición de refugiados o asilados.
