La regulación vasca de los clubes de cannabis encalla en el Constitucional
Los Gobiernos central y vasco no han llegado a un acuerdo sobre la Ley de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias, la llamada Ley de Adicciones. Fundamentalmente, debido a la regulación que hace la ley vasca de los clubes de cannabis. Así, será el Tribunal Constitucional el que resuelva la cuestión una vez que el Gobierno central ha recurrido la norma ante este órgano. El siguiente paso será, presumiblemente, la suspensión cautelar de la norma por parte del Alto Tribunal, tras el anuncio del recurso este viernes por parte del Ejecutivo central.
El portavoz del Gobierno vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno Josu Erkoreka, cree que “el Gobierno español ha dejado pasar una gran oportunidad para dar credibilidad a su mensaje de nueva etapa en las relaciones interinstitucionales, después de la época de la mayoría absoluta”. Considera un “error” el recurso y ha señalado que el Gobierno vasco esperaba “un esfuerzo mayor”.
Las dificultades de consenso se han planteado en torno al artículo 83 de la norma vasca sobre los clubes de cannabis. El propio presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que esta Ley tiene similitudes con la que se aprobó y recurrió en Navarra en relación a estos clubes, y ha apuntado que “no es por una posición política, sino porque se trata de una droga ilegal”.
Los ministerios de Justicia e Interior ya mostraron su rechazo desde que se debatió el proyecto de ley debido a la regulación que hace el texto de los clubes de cannabis. Para ambos ministerios la ley vasca despenaliza y legaliza por la vía de los hechos el cultivo y el tráfico de cannabis.
La Ley de Adicciones y Drogodependencias pretende prevenir las adicciones y reducir la oferta de drogas, y en el caso concreto de los clubes de cannabis regula estas entidades para darles seguridad jurídica. Por eso, la norma estipula que los cñlubes deberán estar “legalmente registrados”, “sin ánimo de lucro” y “constituidos por personas mayores de edad”.
El texto recoge también que los clubes deben establecer “reglamentariamente” las condiciones de admisión a personas socias y que “únicamente podrán acceder a sus locales las personas mayores de edad”. A pesar de reconocer que el cannabis “no es una sustancia inocua y puede tener efectos nocivos para la salud”, el texto entiende que los clubes de cannabis se “revelan, a día de hoy, como organizaciones que pueden contribuir con su experiencia en el camino para una regularización de sus actividades, combinando el respeto a las libertades individuales con la necesaria protección a la salud”.
El Gobierno central sostiene que este tipo de regulaciones corresponden en exclusiva al Estado. Así, entiende que “en cierta forma” con la redacción de la normativa vasca “se legalizan o destipifican conductas que están recogidas en el Código Penal como delitos contra la salud pública”. Y en esta línea, añade que “no es posible” registrar estas entidades de consumidores como asociaciones sin ánimo de lucro ya que la ley que regula el derecho de asociación establece que son ilegales las asociaciones que persigan fines o utilicen medios atípicos como delitos“.
Además, el ministerio incide en que atender la demanda de los consumidores de estos clubes de manera regular y en cantidades suficientes requeriría “o bien cultivar la planta, o bien acudir a la compra de la misma por cauces no legales y, en todo caso, un almacenamiento importante” que son “conductas prohibidas”.
Prohibido fumar
En su momento, el Gobierno central ya recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley navarra que regula los colectivos de usuarios de cannabis en la Comunidad Foral. La ley navarra tiene como objeto establecer unas normas generales para “la constitución, organización y funcionamiento” de los clubes de personas consumidores de cannabis en el marco de la comunidad foral. La iniciativa pretendía dar “seguridad jurídica” tanto a lo referido al consumo como al autoabastecimiento.
Además de la regulación de los clubes de cannabis, la Ley de Adicciones y Drogodependencias, impide fumar en lugares abiertos como los estadios de fútbol o las plazas de toros. La norma, que contó con el apoyo de PNV, EH Bildu, PSE-EE y PP y la abstención de UPyD, convierte a Euskadi en la primera comunidad autónoma en equiparar los cigarrillos electrónicos al tabaco a la hora de prohibir y restringir su uso en espacios cerrados y semicerrados. Es decir, el cigarrillo electrónico tiene la misma regulación que la del tabaco.
El portavoz Josu Erkoreka ha recordado que esta ley “fue aprobada por una amplia mayoría del Parlamento Vasco, incluido el Grupo Popular vasco”, y ha señalado que el Gobierno vasco esperaba “un esfuerzo mayor” del Ejecutivo español porque cree que “el acuerdo, además de esperado, era posible”. Erkoreka ha calificado de “error, desde el punto de las relaciones entre ambas instituciones” el hecho de que el Gobierno español no haya comunicado oficialmente al Gobierno vasco la sustanciación del recurso ante el Tribunal Constitucional.
