El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, tras dos informes del presidente, Juan Luis Ibarra, y del juez decano de Vitoria, José Luis Núñez, ha analizado las “irregularidades” en los juzgados de la capital vasca, básicamente dilaciones indebidas en investigaciones judiciales, y ha recordado que el “estándar de funcionamiento” establece que no han de transcurrir más de “48 horas entre la presentación de la demanda, denuncia o querella” y su “distribución por reparto al órgano judicial competente”. De ese modo, se marca que en dos días ya se pueda iniciar el procedimiento.

Este tirón de orejas llega con motivo de una querella interpuesta por el sindicato principal de la Ertzaintza Erne contra varios altos cargos del Departamento de Seguridad por “nombramientos ilegales”. La central apreció que el equipo de Estefanía Beltrán de Heredia promovía el “enchufismo” en la Policía vasca al asignar ‘a dedo’ determinadas plazas a personal de confianza y señaló en su querella al ‘número dos’ de Seguridad, Josu Zubiaga, al entonces viceconsejero de Administración Iñaki Gurtubai (ahora en el Ayuntamiento de Vitoria) y a la directora de Recursos Humanos, Miren Karmele Arias.

La iniciativa judicial se presentó en agosto en Bilbao y pronto pasó a Vitoria, como capital y sede del Gobierno vasco. Sin embargo, en enero, como adelantó eldiarionorte.es, la investigación ni siquiera había arrancado después del ‘peloteo’ entre dos magistradas, las titulares de Instrucción 2 e Instrucción 4, Ana Jesús Zulueta y María Eneida Arbaizar. Fuentes judiciales explicaron entonces que no era el primer caso de esta naturaleza y que los retrasos eran constantes en algunas salas. Erne denunció que el nuevo plazo fijado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para las causas ordinarias (seis meses) iba a expirar en febrero sin que ningún juez hubiera siquiera analizado el fondo del asunto. Finalmente, el juez decano de Vitoria, premiado precisamente en aquellas fechas por su “elevado rendimiento” y por ser uno de los más eficaces de España en su sala, resolvió la cuestión de competencia y remitió la denuncia de Erne a Instrucción 2.

El asunto no quedó ahí, ya que el sindicato elevó quejas a distintas instancias ante lo que consideraba un “escándalo”. Y el Tribunal Superior de Justicia ha estimado que, en efecto, se produjeron al menos “irregularidades” en la tramitación de un asunto que afecta a altos cargos del Gobierno vasco, según un acta de la Sala de Gobierno de este organismo fechada el 17 de febrero. En ese documento se recoge que la Sala de Gobierno muestra su “conformidad” con las “medidas de corrección de irregularidades adoptadas por el decano del partido judicial de Vitoria” tras este caso y se acotan las instrucciones para la tramitación de asuntos de modo que se eviten nuevos retrasos. “El protocolo de actuación del servicio de registro y reparto del partido judicial recoge como estándar de funcionamiento la no superación del plazo de 48 horas”, se lee en el acta del Superior.

En esta reunión se apuntaba también a “indicios de una posible infracción disciplinaria” contra las magistradas implicadas por las dilaciones ocurridas. Sin embargo, fuentes judiciales han explicado a este periódico que el Consejo General del Poder Judicial, competente en la materia, ha decidido no actuar en vía interna después de que desde Euskadi se planteara la posibilidad de que hubiera una falta “grave” o “menos grave” por “el transcurso de casi seis meses desde la interposición de una denuncia y posterior querella criminal por la afirmada comisión de delitos en el ejercicio de relevantes funciones públicas sin que se adopte diligencia alguna de investigación”.

Miren Karmele Arias, imputada

Sea como fuere, la querella de Erne ahora sí se está tramitando. De hecho, la juez del caso, Ana Jesús Zulueta, citó a declarar en calidad de investigada a la directora de Recursos Humanos. Miren Karmele Arias está imputada también en otra causa, la de las polémicas dietas opacas abonadas a mandos de la Ertzaintza, un asunto que se sustancia tanto en vía penal como en el Tribunal de Cuentas, donde ya se ha celebrado el juicio. El jefe de la Policía, Jorge Aldekoa, y otro alto mando comparecieron también como testigos y aseguraron que no existen prácticas de “enchufismo”, como denuncia el sindicato. Estas declaraciones se produjeron en vísperas de las vacaciones de Semana Santa.

Miren Karmele Arias está imputada también en otra causa, la de las polémicas dietas opacas abonadas a mandos de la ErtzaintzaTribunal de Cuentas, donde ya se ha celebrado el juicio

Desde el Departamento de Seguridad se muestran confiados en que la querella de Erne quedará en nada. De hecho, subrayan que recientemente se han emitido otras resoluciones judiciales que avalan la posibilidad de realizar nombramientos por el procedimiento de libre designación para puestos de confianza. Así las cosas, se interpreta la denuncia como una “venganza” del principal sindicato de ertzainas, que desde hace años mantiene un conflicto laboral interno con el Gobierno que no tiene visos de reconducirse a corto plazo.