Los sindicatos Erne y Esan piden a la Justicia un test para toda la plantilla de la Ertzaintza, que acumula 165 positivos

Los dos sindicatos principales de la Ertzaintza, Erne y Esan, han ido registrado en los últimos días ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) -14 y 8 de abril, respectivamente- solicitudes de “medidas cautelarísimas” para que el Departamento de Seguridad haga la prueba de la COVID-19 a toda la plantilla, que podría situarse en el entorno de los 7.700 agentes fruto de la incorporación con carácter de urgencia de centenares de alumnos de la academia de Arkaute todavía no graduados. Según los últimos datos, 564 policías se han sometido al test y 165, el 29%, han dado positivo. Representan el 2% de la plantilla, la mitad de incidencia del coronavirus que en Osakidetza. Este dato no incluye a los cuerpos locales, que tenían 70 casos hasta la pasada semana.

Erne considera que un diagnóstico masivo “siempre y cuando se disponga de los medios necesarios” permitiría “aislar a los posibles agentes contagiados” y cortar la “propagación” de la enfermedad tanto entre los compañeros de trabajo como con la ciudadanía. Por el momento, el sindicato explica que ya ha logrado el visto bueno del Gobierno -sin necesidad de pleitos- de que no recibirán el alta los positivos hasta tener un diagnóstico negativo. En Osakidetza, el Departamento de Salud tuvo que recular y dejó de enviar a trabajar a facultativos incluso con una prueba positiva confirmada dos veces.

Esan, por su parte, indica que existen suficientes test rápidos serológicos para hacer un barrido rápido y masivo en la plantilla de la Ertzaintza. Argumentan, además, que son “baratos”. “La salud de los trabajadores es lo prioritario para poder dar un servicio seguro a la ciudadanía”, consideran. Remarcan que estos programas de detección masiva son “recomendados por virólogos de todo el mundo”. La consejera de Salud, Nekane Murga, ya ha expresado su deseo de incrementar el número de pruebas para disponer de un “mapa” del alcance real de la pandemia, pero ha admitido no poder hacerlo de manera “masiva”. Y no ha incluido a la Ertzaintza entre los primeros colectivos prioritarios, entre los que ha citado los sanitarios, los internos y trabajadores de residencias y los enfermos crónicos.

En su escrito judicial, en todo caso, Esan reclama también otras medidas de protección concretas como suministro de mascarillas FFP2 y FFP3, gafas, buzos, guantes o contenedores para desechar los residuos. Exige también una “desinfección diaria” de vehículos e instalaciones, pero en este momento Seguridad ya está comprando máquinas de ozono para esas funciones.

Se de la circunstancia de que otra organización de la Ertzaintza, Euspel, ya acudió a los tribunales para exigir medidas de protección. El magistrado de Vitoria Raúl Aztiria dio la razón a la central y consideró esencial tanto la labor policial como que ésta se desarrolle en condiciones de seguridad para los trabajadores y contactos de los agentes. Eso sí, reconoció que el mercado de suministros está en un momento crítico y que los esfuerzos de la Administración, aunque insuficientes, eran constatables.

Por otro lado, el sindicato Erne ha donado 100 pantallas de protección creadas con impresoras 3D a la Policía de México a través de 'makers' de Bilbao y de Suecia y de una asociación policial mexicana, Unapol. El material ya ha llegado a ese país. Un representante de Unapol, Rodolfo Basurto, ha agradecido la colaboración tanto de la organización como de su secretario general, Roberto Seijo, una relación que se extiende también al intercambio de protocolos para prevenir contagios.